Política

Los argumentos que sostienen la arremetida opositora contra Chadwick

La oposición presentará una acusación constitucional, basados en la responsabilidad política que tendría por violaciones a DD.HH. en la crisis social. El oficialismo discrepa.

Agencia Uno

Por Maria Catalina Batarce L.

Miércoles 30 de octubre de 2019

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Dos capítulos acusatorios tiene el libelo con que la oposición busca que el exministro del Interior Andrés Chadwick asuma la responsabilidad por las denuncias en su contra relacionadas con abusos y violaciones a los derechos humanos que plantean fueron cometidos por las fuerzas del orden durante las manifestaciones ciudadanas de las últimas semanas. 

Se trata de una acción impulsada principalmente por el Frente Amplio, pero que cuenta con apoyo de todas las bancadas de la ex Nueva Mayoría. Prácticamente en todo el sector hay consenso en torno a que el renunciado secretario de Estado "favoreció una serie de atropellos hacia la comunidad".

Prueba de ello, sostienen, son los informes que ha emitido el Instituto Nacional de Derechos Humanos, y a raíz de los cuales el ministro de Justicia, Hernán Larraín, admitió que "se han producido situaciones que parecen ser violaciones a los derechos humanos".

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"Creemos que acá hay responsabilidades graves que no pueden ser eludidas. Acá no podemos permitir que se instale una impunidad con respecto a las graves violaciones a los derechos humanos que se han vivido en nuestro país durante el estado de excepción y la guerra que inventó el Presidente Piñera", sostuvo el diputado Gabriel Boric (CS). Confirmó que la acción se presentará la mañana de este miércoles. 

En cuanto al detalle, el diputado Diego Ibáñez (CS), precisó que "aquí hay una gravedad brutal por parte de quien administra el monopolio de la violencia, que son los militares y las fuerzas de orden y seguridad. Ambas instituciones que se han excedido en las atribuciones que les da el estado de emergencia", sin que el exministro, a juicio de los diputados, tomara cartas en el asunto. 

La defensa oficialista

A pesar de que el anuncio de la presentación de la acusación causó sorpresa, pues el Partido Socialista se apresuró en dar a conocer la determinación de las bancadas, desde el oficialismo salieron rápidamente a respaldar al extitular de Interior. 

El jefe de la bancada UDI, Javier Macaya, aseguró que Chadwick ya asumió su responsabilidad al haber renunciado al cargo. "Es inédito, por lo menos en los últimos 20 años, que se acuse a un ministro cuando haya renunciado [...] Espero de la clase política que las demandas sociales se puedan canalizar a través de los instrumentos democráticos y no sigamos polarizando el ambiente", manifestó. 

A estas palabras se sumó el timonel de RN, Mario Desbordes, quien insistió en que esta acción es absolutamente "innecesaria". Agregó, además, "que los destrozos, el vandalismo y la acción de cientos de delincuentes demuestra que es necesario mantener el orden público, a veces, con medidas que no son gratas, como el estado de emergencia. Quienes están planteando la acusación lo hacen de manera irresponsable, porque la señal que se da a futuros ministros del Interior es bastante compleja".

Además, plantearon que esta presentación no contribuye al clima de diálogo que se necesita ahora.

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Sin embargo, el jefe de bancada de RN tiene un argumento distinto. Si bien Jorge Rathgeb no apoya la acción, no es de quienes creen que por haber renunciado está todo zanjado, "por algo se puede presentar la acusación después de tres meses de que un secretario de Estado dejó el cargo". A su juicio, acá hay un problema en los tiempos. 

"Hay una agenda en la que es necesario avanzar y esto va a significar que diputados que puedan estar trabajando en una comisión, van a estar distraídos en esta acusación que no es necesario presentarla hoy", comentó.

Los dos capítulos acusatorios

Capítulo 1

"Haber infringido la Constitución y las leyes y haber dejado estas sin ejecución al omitir adoptar medidas para detener violaciones sistemáticas a los derechos humanos durante la vigencia de las declaratorias de estado de emergencia en territorio nacional".

En este apartado del documento se exponen antecedentes de las 103 querellas por delitos vinculados a tortura y tratos crueles que ha presentado al 27 de octubre de 2019 el INDH, en el contexto "de la represión policial y militar a la protesta social que se vive desde el 17 de octubre".

Según sostienen, el INDH ha constatado que desde la noche del 17 de octubre, en los 50 hospitales visitados a lo largo de Chile, 1.092 personas han sido heridas en el contexto de las movilizaciones sociales, 546 de las cuales se encuentran heridas por disparos, y de las cuales, 122 corresponden a heridas en el globo ocular. Del total de heridos, 65 corresponden a menores de edad.

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Asimismo, se hace mención a las cinco personas que fallecieron en situaciones donde el Ministerio Público acreditó la participación de efectivos de carabineros y/o del Ejército.

En este capítulo, además, se alude a la omisión en que habría incurrido Chadwick al no adoptar medidas que permitieran frenar la "violencia sistemática de las fuerzas de orden público contra la población", pese a que, como superior jerárquico, le correspondía "controlar adecuadamente a sus subordinados". 

Capítulo 2

"Haber comprometido gravemente el honor y la seguridad de la nación y haber infringido la Constitución al participar de la declaración del estado de emergencia y afectar derechos no contemplados en dicho estado de excepcionalidad constitucional". 

En el mencionado capítulo se hace una revisión del marco constitucional que regula la dictaminación de los diferentes estados de excepción constitucional, principalmente del estado de emergencia.

Se hace patente que, de acuerdo con la actual normativa, el haber suscrito los 19 decretos que fijaban esa condición y la delegación de ciertas facultades en el jefe de la defensa nacional, "en caso alguno lo excusan de sus facultades constitucionales y legales sobre las fuerzas de orden y seguridad".

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Además, se hace presente la inconstitucionalidad e ilegalidad en que habría incurrido, producto de que las fuerzas a su mando aplicaran medidas como si se estuviera en estado de sitio, siendo que el decreto establece estado de emergencia.

"En los hechos, hemos vivido bajo la vigencia, a partir de los decretos supremos individualizados, un estado de excepción constitucional más gravoso del que se enmarca en las causas del Estado de Emergencia, todo ello, sin la autorización del Congreso Nacional como manda la Constitución", se subraya.

En la parte petitoria de la acusación, en tanto, la oposición solicita que Chadwick quede inhabilitado por cinco años para desempeñarse en cargos públicos, puesto que ya no se encuentra en ejercicio del cargo de ministro, desde el 28 de octubre de 2019.

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