Los nudos que complican la primera elección de gobernadores

La primera elección de gobernadores regionales está en su cuenta regresiva y faltando menos de un año y medio para de los comicios, hay serias dudas de cómo se implementará uno de los puntos más emblemáticos de la agenda de descentralización y que terminará con la figura del intendente. 

La Ley de Fortalecimiento de la Regionalización fue promulgada en febrero de 2018, sin embargo, tanto en La Moneda como en el Congreso hay consenso en que los cuerpos legales aprobados dejan bastantes vacíos, y que, de no resolverse, las atribuciones de las nuevas autoridades regionales quedarían "cojas".

Desde el Ejecutivo y la denominada bancada regionalista, que reúne a 35 parlamentarios entre diputados y senadores, insisten en que la ley fijó las elecciones para octubre de 2020 y que no habrá retroceso en aquello. Pero, también, reconocen que hay que hacer mejoras. De hecho, el ministro del Interior, Andrés Chadwick, y el subsecretario de Desarrollo Regional (Subdere), Felipe Salaberry, están coordinando una nueva mesa de trabajo con los legisladores para avanzar en los nudos que complicarían la materialización de la elección.

La instancia, cuyos integrantes definirá el propio Presidente Sebastián Piñera, tendría como objetivo que "en un plazo no mayor a 60 días" se puedan encontrar "los mínimos comunes y ajustes" que se requieren para avanzar en esta materia, los que podrían resolverse a través de una ley corta. 

El lunes en la tarde, los senadores Alejandro Guillier (IND) y Francisco Chahuán (RN), y el diputado Rodrigo González (PPD), llegaron hasta La Moneda para reunirse con el ministro Chadwick y el subsecretario Salaberry. La audiencia fue pedida el viernes pasado por los propios parlamentarios que estaban preocupados por la implementación de la agenda de regionalización y descentralización.

El año pasado, la bancada regionalista trabajó por más de 10 meses con la Subdere y con el Ministerio de Hacienda en cuatro mesas temáticas: ordenamiento territorial, participación ciudadana, capital humano y rentas regionales. Y aunque en enero entregaron las conclusiones, acusan que no tuvieron feedback de las autoridades.

"No se cerró bien la etapa anterior, por eso, se lo dijimos al ministro Chadwick, que ahora se abre una nueva etapa, que es hacer una ley", comenta Guillier a este medio.

En la cita, el titular del Interior escuchó las dudas de los parlamentarios y les entregó una minuta donde están definidos al menos siete puntos que entrampan el asunto. El documento, al que accedió PAUTA, señala las siguientes trabas:

1. El nuevo gobernador regional debería disponer de las suficientes competencias para cumplir con las expectativas de la ciudadanía. Esto tiene que ver netamente con la transferencia de las facultades.
2. Verificar que el diseño institucional del Estado sea el adecuado para permitir la ejecución de las competencias de gobernador, pues hoy, como están las cosas, no estaría garantizado.
3. Se debe establecer un marco presupuestario que sea suficiente para los gobiernos regionales. Es decir, deben estar los dineros para la ejecución de los diferentes planes que fijará la nueva autoridad. Por eso, también se incluirían estudios para definir una nueva ley de rentas regionales.
4. La coherencia entre las competencias del futuro gobernador y el delegado presidencial que asignará el Mandatario de turno. Según la minuta, se deben establecer de forma clara cuáles serán los márgenes de gestión de cada autoridad para que así no se generen disputas o interferencias entre ambos.
5. Faltaría avanzar en instaurar los mecanismos de transparencia, control, rendición de cuentas y de responsabilidad fiscal para la nueva estructura de gobiernos regionales y sus autoridades.
6. Se debe definir qué mecanismo se utilizará para garantizar el equilibrio entre los recursos y atribuciones que tendrá el gobernador y las respectivas municipalidades.
7. Este es de los puntos más polémicos: fijar cómo se resolverán los posibles conflictos entre el gobierno central y el gobierno regional.

Con las falencias sobre la mesa, la gran pregunta es si se resolverán antes de los comicios, teniendo en cuenta que los interesados en competir en esta nueva elección, y que sean parte del sector público, deberán renunciar en octubre de este año. 

Las autoridades aún se muestran optimistas. Así lo evidenciaron fuentes del Ministerio de Interior consultadas por PAUTA, que consideran que aún están a tiempo de hacer las correcciones requeridas, pues aseguran que se están haciendo "todos los esfuerzos" por cumplir con la ley.

"Aquí hay un problema técnico, no político", comenta una fuente de Interior, tratando de apagar las voces, tanto del oficialismo como de la oposición, que estarían por aplazar las elecciones para el año 2021.  

En la bancada regionalista que lidera el senador Guillier el ánimo es similar, aunque el parlamentario reconoce que antes se debe crear un preacuerdo político. 

"Si estamos con la disposición de sacar la descentralización, estamos atrasados, pero aún hay tiempo. Si van a demorar la votación, para solo retrasar el tema y después argumentar que, como no se ha podido sacar la ley corta hay que aplazar la elección, es otro asunto. Eso sería inaceptable", subraya el excandidato presidencial.

Punto que coincide con el coordinador de la bancada regionalista de la Cámara, el diputado Rodrigo González (PPD), quien asegura que en un plazo de un mes estarían en condiciones de hacerle una propuesta de ley corta al Ejecutivo.

"Siempre hay detractores y ellos están tratando de hacer el lobby necesario, pero no han tenido el eco que esperaban ni en el Gobierno ni en la mayoría del Congreso", complementa el parlamentario.

Pese al entusiasmo de Guillier y González, en la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización del Senado hay dudas respecto de la validez de las conversaciones que lleva adelante la bancada regionalista. Como expresa a este medio el presidente de la instancia, el senador Juan Pablo Letelier (PS), hay desconocimiento en torno al rol que este grupo juega y asegura que son las comisiones especializadas de ambas Cámaras, donde se debe discutir el tema. 

"No sé qué es la bancada regionalista para este efecto", dice, agregando que, para él, las conversaciones que el Gobierno ha sostenido con la mencionada bancada son meros diálogos con parlamentarios."No es una instancia institucional y necesitamos resolver esto institucionalmente. Tenemos que discutir una ley y ese es el punto de fondo. El Gobierno tendrá que definir si quiere o no quiere hacerlo institucionalmente", apunta.

De hecho, su postura es que, antes de hablar de leyes cortas o temas reglamentarios, hay que discutir en profundidad y "ponerse de acuerdo bien cuál va a ser el modelo que vamos a diseñar, y vamos a implementar a raíz de la elección de gobernadores, que espero que logremos hacer de acuerdo con lo que está establecido en la ley". 

Pero este no es el único tema que divide a los parlamentarios. En los partidos y al interior de las bancadas, también hay posiciones distintas ante la implementación de estos nuevos comicios. 

Por ejemplo, Jorge Fuentes, secretario general de la UDI, indica que están trabajando en los detalles para elegir a cada uno de sus candidatos a gobernadores. Sin embargo, esta postura no convence a todo su sector, pues según fuentes consultadas por este medio, los senadores UDI están más bien "pesimistas" de que la elección se materialice.

Incluso, algunos parlamentarios gremialistas han comentado que "no están las condiciones establecidas" para garantizar un proceso exitoso. Misma idea plantean sectores de Evópoli y de Renovación Nacional. Y aunque, prefieren mantener un perfil más bajo, concuerdan en que, así como están las cosas, podría haber "más contras que elementos positivos".

Entre quienes comparten abiertamente esa postura, está el jefe de bancada RN, Alejandro Santana, quien en conversación con PAUTA menciona que "la elección de gobernadores no es un tema de fecha", pues primero que todo "hay que saber para qué van a estar mandatados".

"Este es un nuevo cargo y tenemos que tener la certeza absoluta de que va a ir en beneficio de la ciudadanía y que le va a aportar a las regiones en un sentido de descentralización. Para eso, se requieren certezas, y creo que hoy esas certezas no están al 100%. Eso es lo primero que hay que resolver, antes de las fechas de cuándo se elige o no", asegura el diputado.

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En la oposición, el panorama se repite y un ejemplo es el Partido Socialista. Mientras, personeros como el senador Rabindranath Quinteros, y el diputado Manuel Monsalve defiende las elecciones "a todo evento", el senador Letelier reconoce que "no tiene mucho sentido" que los comicios se realicen tal como está. Y aunque agrega que "trabajará para la situación" cambie, el parlamentario advierte: "Podríamos tener una descentralización política, sin ley de rentas, sin una descentralización administrativa ni presupuestaria".

Punto que difiere Monsalve, quien además ejerce como jefe de bancada de los diputados PS. "Sin duda que los gobernadores van a querer recursos y una legislación que les dé más competencias, pero eso se va a demorar más y habrá menos fuerza para defender esa tarea si no tenemos un gobernador electo", detalla a este medio. 

Pese a las dudas, en uno de los pocos lugares donde hay una postura común es en el Frente Amplio y en especial, en Revolución Democrática, donde aseguran que sí o sí la elección tiene que hacerse en 2020.

"Echar eso para atrás con excusas, es impresentable. Si hay situaciones que puedan ser atendidas, porque quizás la implementación de este nuevo cargo puede tener problemas, bueno, atendámoslo e intentemos corregirlos en el tiempo que nos resta", dice a PAUTA el jefe de bancada de Revolución Democrática, Pablo Vidal. 

Por su parte, el senador Juan Ignacio Latorre (RD), quien también es integrante de la bancada regionalista, manifiesta que "sería una muy mala señal" que los comicios se retrasen y pide que al menos estén incorporadas "las competencias básicas" de las nuevas autoridades. Según Latorre, las razones que han expuesto sus colegas responden a un "cálculo político", pues como en toda primera vez, se desconocen cómo podrían ser los resultados y la incertidumbre "les causa temor".