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Sala Cuna: Senado pone presión al Ejecutivo para que reactive la tramitación

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Agencia Uno
POR Maria Cecilia |

Comisión de Trabajo de la Cámara Alta oficiará a la Segpres para que le ponga urgencia al proyecto que ingresó a trámite en enero de 2022.

La ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana, fue citada a la Comisión de Trabajo del Senado para entregar la visión del Gobierno sobre un proyecto heredado: la ley corta de Sala Cuna.

La iniciativa ingresó al Congreso en enero de 2022, en las postrimerías de la administración de Sebastián Piñera.

Según comentaron a PAUTA quienes trabajaron en ese proyecto, se envió al Parlamento “sin mucho acuerdo de los distintos actores. Pero el objetivo político era dejar instalado el debate sobre la necesidad de eliminar del Código del Trabajo el artículo 203 que discrimina a las mujeres al fijar en 20 el número de trabajadoras sobre el cual el empleador debe pagar el beneficio de sala cuna”.

Del programa de gobierno a las dudas

Bajo el título “Trabajo Decente”, en el programa presidencial de Gabriel Boric aparece sala cuna como una promesa de campaña. “Avanzaremos en una política que, tras garantizar el derecho a sala cuna universal, dé paso a una política de cuidados asociada al acceso a jardines infantiles”, dice el texto.

Sin embargo, no estuvo entre las prioridades legislativas anunciadas por la Secretaría General de la Presidencia (Segpres) para la etapa posinstalación. Tampoco apareció en las presentaciones que hicieron los ministros de Hacienda, Mario Marcel, en el Congreso, ni en las de la ministra del Trabajo, Jeannette Jara.

Desde Segpres, al ser consultados hace unas semanas por PAUTA, se limitaron a decir que “es un proyecto del gobierno anterior y lo estamos analizando”.

Quienes pudieron plantear el tema a la ministra Orellana, en conversaciones informales, señalaron que su idea ers “esperar la definición de la Convención Constitucional sobre los cuidados”, para empezar a avanzar en una ley de sala cuna.

Tampoco está entre las prioridades legislativas del ministerio, según expuso Orellana ante la Comisión del Trabajo del Senado. En su lista sí aparecen el proyecto de ley “Integral de Violencia Contra las Mujeres”, el proyecto de ley para el “Pago de Pensiones de Alimentos” y el proyecto de ley de “Sociedad Conyugal”.

Ley Corta de Sala Cuna

El proyecto de “Sala Cuna”, que llegó a reemplazar al de “Sala Cuna Universal” que durante cuatro años nunca logró apoyo transversal, establece dos aspectos fundamentales:

  1. Modifica el artículo 203 del Código del Trabajo, suprimiendo el número de 20 trabajadoras como requisito para  otorgar el beneficio de sala cuna.
  2. Crea un “Fondo Sala Cuna” que se financiará con aportes fiscales y con la cotización del 0,1% de las remuneraciones imponibles de los trabajadores del sector privado y de empresas públicas. También con los ingresos imponibles de trabajadores independientes y con la rentabilidad que genere el fondo.
    De esta forma recibirán el servicio los trabajadores dependientes e independientes que lo requieran.
    Serán las empresas las que pagarán la sala cuna y recibirán un reembolso del fondo antes mencionado. El mismo mecanismo opera para trabajadores independientes. Además, en el caso de trabajadores de casa particular recibirán un aporte equivalente al de las microempresas.

Según se consigna en el informe financiero del proyecto de ley, se pagará el beneficio según el tamaño de la empresa, en base a un porcentaje diferenciado expresado en UTM.

Si se toma como referencia la UTM de mayo de 2022 ($56.762) los montos a pagar serían los siguientes:

Tipo de Empresa % de aporte

Cantidad de UTM

 Monto de aporte
Grandes 50% 2.89 $164 mil
Medinas 70% 4.05 $229.886
Pequeñas 100% 5.79 $328.651
Micro 100% 5.79 $328.651

Asimismo, el proyecto crea un registro Nacional de Cuidadores. Además, establece que la Tesorería General de la República administrará el fondo y que la Superintendencia de Pensiones fiscalizará el cumplimento de la ley.

El costo del proyecto, según su informe financiero, es de $37 mil millones con cargo al Fisco el primer año y de $51 mil millones con cargo al Fondo Sala Cuna, en ese periodo.

“El actual proyecto de ley de Sala Cuna en trámite solo tiene uno de los tres principios necesarios para que sea una buena política pública: extiende el derecho a sala cuna a todas las madres con niñas o niños menores de dos años que trabajen de forma dependiente o independiente. Sin embargo, no tiene los otros dos principios: desvincular el costo de sala cuna de la contratación de mujeres y la corresponsabilidad parental”, afirmó a PAUTA la presidenta de Chile Mujeres, Francisca Jüneman.

Un proyecto urgente, necesario, perfectible

Durante su exposición, la ministra Orellana expresó que reconocen “el valor del proyecto de ley y apoyamos su tramitación. Pero creemos que este proyecto es perfectible y que podemos llegar a acuerdo en varios sentidos”.

Existe coincidencia en el mundo académico, la sociedad civil, los parlamentarios y el Gobierno respecto de la necesidad de reincorporar a las mujeres al mundo laboral. Más aún luego de la pandemia que generó que muchas trabajadoras tuvieron de salir de la fuerza laboral para dedicarse a los cuidados.

Según un reciente análisis del Observatorio del Contexto Económico (Universidad Diego Portales) y la Fundación Chile Mujeres, “si bien se ha recuperado la mayor parte del empleo destruido, al trimestre enero-marzo 2022 el nivel de empleo femenino está un 4,3% por debajo del nivel prepandemia y en el caso de los hombres, 1,9% por debajo de lo observado en dicho periodo”.

Para Jünemann, contar con una ley de sala cuna permitiría avanzar en contratación femenina: “Necesitamos sacar adelante el proyecto de sala cuna universal de forma urgente y no vincularlo ni aplazarlo según el resultado del plebiscito constitucional. Las mujeres con niños y niñas menores de tres años en el hogar aún tienen un rezago del 24,4% en la recuperación de los empleos, de acuerdo con ‘Zoom de Género’ de OCEC UDP y ChileMujeres”.

Los senadores de la Comisión de Trabajo coinciden en que es una regulación largamente esperada. Así se lo manifestó a la ministra Orellana la senadora PPD Loreto Carvajal: “[Queremos] ver la posibilidad de que podamos avanzar más rápido. Queremos que nuestras mujeres vuelvan a trabajar. Es un derecho. Me gustaría que este proyecto se acelerara y se priorizara”.

En la misma línea el senador de RN Rodrigo Galilea aseguró que el proyecto “viene a corregir una situación que desde el punto de vista jurídico y legal era bien extraña. Esta diferencia entre las empresas que tienen 20 mujeres y que tienen menos de 20 mujeres y además que todo el cargo de esta situación se la llevaban las mujeres, porque nadie más contribuía a aportar al cuidado de niños”. Agregó que le parece “de una justicia mínima y era una deuda que había hace mucho tiempo”.

El senador también recordó que, para incorporar a las mujeres al mundo laboral,  la Comisión Marcel formada en 2006 recomendó contar con un sistema de Sala Cuna Universal.

La ministra de la Mujer y la Equidad de Género propuso avanzar en una mesa de trabajo entre el Congreso, el Ejecutivo y otros actores, para resolver los nudos de la iniciativa.

Luego de eso ingresará indicaciones al proyecto actual. Planteó revisar la actual oferta pública de salas cuna, revisar cómo se financiará el fondo que se propone, cuál será la finalidad del Registro de Cuidadores, de qué manera se cubre el déficit de educadores de párvulo.

También cómo se regula el acceso a sala cuna considerando que la actual oferta pública es deficiente. “Sabemos  que aumentar la oferta pública respecto a sala cuna y jardines infantiles es una inversión bastante grande”, afirmó la ministra Orellana.

Una vez finalizada la sesión se acordó solicitar a la Segpres que ponga urgencia a este proyecto. También se le solicitó a la titular de Mujer que si va a generar una mesa de trabajo lo haga en paralelo a la tramitación de la iniciativa, que empezará la segunda semana de mayo, cuando se vote en general en la comisión y reciban a expositores invitados.

Se cumplió así el objetivo del presidente de la Comisión, Luciano Cruz-Coke (Evópoli), quien buscaba un pronunciamiento del Ejecutivo y un compromiso a impulsar la iniciativa.