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Dominga: la condición de venta de Piñera a Délano que complica al Presidente

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Presidencia
POR Carlos Agurto |

En 2010 la familia Piñera Morel vendió su participación en este proyecto. Una parte del pago estaba sujeto a que no hubiesen cambios regulatorios que lo obstaculizaran. La oposición ya analiza posibles acciones.

El empresario Carlos Alberto Délano fue uno de los socios originales del proyecto minero Dominga. Pero en diciembre de 2010 este compró la participación de todos los otros socios de la iniciativa -entre los que estaba la familia Piñera Morel a través de sociedades- por US$152 millones. Este domingo 3 de octubre, el medio digital Ciper  y LaBot revelaron el resultado de una investigación basada en los Pandora Papers, un proyecto del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación junto a otros 150 medios. El reportaje es parte de una investigación internacional a través de la cual se accedieron a 11,9 millones de documentos de operaciones realizadas en paraísos fiscales.

De acuerdo con la información de Ciper, parte de la operación de venta que hizo la familia Piñera Morel se realizó en las Islas Vírgenes Británicas y una de sus condiciones es la que está generando mayor polémica. Para adquirir la totalidad del proyecto se estableció un pago en tres cuotas a los socios, pero la última dependía de que no existiesen cambios regulatorios que obstaculizaran la instalación de la mina y su puerto. Y el inicio del negocio se dio justo al término del primer año del primer gobierno del Presidente Sebastián Piñera.

Este antecedente, sin embargo, ya había sido publicado en 2017 en un reportaje de BiobioChile. Este artículo periodístico planteó que el pago final -de US$ 10 millones- se realizaría siempre y cuando “no se determine que el lugar donde se instalaría Dominga está emplazado en una zona de exclusión, un parque nacional o reserva natural, impidiendo de forma insubsanable el desarrollo de la actividad minera o la instalación de un puerto a 50 kilómetros de las concesiones mineras”. Como estos supuestos no ocurrieron, el pago se materializó en la fecha estipulada, dice el reportaje.

Algunos meses antes del cierre del negocio de Dominga, a fines de agosto de 2010, el Mandatario anunció la cancelación del proyecto termoeléctrico Barrancones, que se emplazaba en la comuna de La Higuera, la misma que Dominga.

La réplica presidencial

Ante la publicación del reportaje, Presidencia emitió un comunicado en el que se asegura que los hechos descritos fueron investigados por el Ministerio Público y los tribunales en 2017, y que la Fiscalía concluyó que no había delito ni participación del Presidente Sebastián Piñera, lo que fue ratificado por la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema. Respecto del negocio, dicen que “el Presidente nunca ha participado ni ha tenido información alguna respecto del proceso de venta de Minera Dominga, operación que se produjo en el año 2010, cuando el Mandatario ya no tenía ninguna participación”.

En la misma línea, durante la noche de este domingo, el ministro de la Secretaría General de Gobierno, Jaime Bellolio, reiteró que lo revelado en los Pandora Papers no aporta información nueva. 

Reacciones y posible AC

Una de las primeras en reaccionar a esta información fue la senadora DC y candidata presidencial de Nuevo Trato Social, Yasna Provoste, quien a través de un video llamó al Presidente a explicar lo ocurrido y agregó que “es inconcebible que un Presidente de la República actúe en beneficio propio”.

También se refirió a esto el candidato presidencial de Apruebo Dignidad y diputado, Gabriel Boric, quien acusó al Mandatario de que ha evadido “impuestos en paraísos fiscales, oculta información relevante y además siempre privilegia su interés personal por sobre el bien común”. 

El candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, calificó como “grave” lo revelado y dijo que es necesaria una “investigación urgente para determinar responsabilidades y transparentar todo”.

Además, los diputados Gabriel Silber (DC) y Marcelo Díaz (UNIR) se refirieron a la posibilidad de emprender una Acusación Constitucional contral el Presidente. Asimismo, tampoco se desecha la opción de iniciar una comisión investigadora en la Cámara con el fin de aclarar la vinculación de Sebastián Piñera con estos hechos.