Supremos y jueces: el nuevo blanco de acusaciones constitucionales de la oposición
Los magistrados que votaron a favor de otorgar la libertad condicional a cinco internos de Punta Peuco condenados por crímenes de lesa humanidad deberán enfrentar ahora un eventual juicio ante el Congreso.
Los cinco fallos de la Corte Suprema despachados por los ministros del máximo tribunal del país el pasado viernes 31 de julio provocaron una verdadera avalancha política. Las polémicas sentencias acogieron los recursos de amparo y reconocieron el derecho a libertad condicional de cinco exagentes del Estado condenados por crímenes de lesa humanidad que estaban presos en Punta Peuco y Colina 1.
La decisión pasó por los votos favorables de los supremos Hugo Dolmestch, Carlos Künsemüller, Jorge Dahm y Manuel Antonio Valderrama (este último tuvo un voto de disidencia en solo uno de los cinco fallos).
La verdadera consecuencia política llegó este martes 7 de julio, cuando la bancada de diputados socialista decidió, de forma unánime, acusar constitucionalmente a los magistrados que permitieron dejar en libertad a los cinco oficiales (r) del Ejército. Esto incluirá a los cuatro supremos y a los ministros de la Corte de Apelaciones, que en una primera instancia, votaron a favor de la solicitud de los exagentes del Estado.
La estrategia de los parlamentarios socialistas será impulsar el texto de la acusación constitucional junto con otras bancadas. Por el momento ya cuentan con el respaldo del PPD, el PC y el PR y se espera que se sume el apoyo del Frente Amplio y de algunos diputados democratacristianos. Además de los parlamentarios, los socialistas pedirán apoyo a las organizaciones de víctimas de derechos humanos para redactar el texto y darle fondo jurídico al asunto.
En conversación con Pauta Final, de PAUTA100.5, el diputado PS Manuel Monsalve dijo que impusalrán la acusación apelando a la causal de “notable abandono de deberes”.
El argumento se basará en el hecho de que los oficiales (r) sólo cumplían los requisitos de tener buen comportamiento y haber cumplido más de la mitad de su condena, pero no el de tener un “auténtico arrepentimiento” por los delitos cometidos. Así lo evidencian los informes de Gendarmería en los que quedó manifestado que los internos no manifiestaron conciencia del daño provocado y que incluso justificaban los ilícitos perpetrados. Razón por la cual la solicitud de libertad condicional había sido rechazada por la Corte de Apelaciones.
Lo grave, dicen los diputados socialistas, es que el requisito del arrepentimiento es elemental, según las exigencias del derecho internacional, algo que también quedó acreditado en una declaración difundida por el Instituto Nacional de Derechos Humanos.
El procedimiento para acusar
En una acusación constitucional es la Cámara la que acusa y el Senado el que juzga. Una vez que se presenta, se nombra una comisión de cinco diputados para analizar la procedencia de la acusación.
Dicha comisión deberá posteriormente redactar un informe que especifique las diligencias ejecutadas por la instancia, una síntesis de la acusación, los hechos que sustentan la acción y los delitos o infracciones imputados, además de todas las consideraciones jurídicas pertinentes.
Esto es lo que luego será debatido en la Cámara. En caso de que sea aprobada por la mayoría de los diputados presentes, la acusación será comunicada al Senado en donde el hecho será formalizado por la comisión especial encargada de redactar el informe inicial. De esta forma, la Cámara Alta analizará el texto para luego pasar a votar el fondo, capítulo por capítulo. Si se aprueba la acusación por la mayoría de los senadores, la autoridad será destituida de su cargo y no podrá ejercer empleos públicos por cinco años.
Este tipo de acusación es la que se ha utilizado por los parlamentarios para juzgar a varios ministros de Estado. Se hizo con el exministra de Educación Yasna Provoste, y con el exministro de la misma cartera Harald Beyer. Ambos casos fueron exitosos y los exsecretarios de Estado fueron destituidos de sus cargos.
Este año el Parlamento ya lideró una acusación constitucional contra un ministro del gobierno de Sebastián Piñera. Se trata del titular de Salud, Emilio Santelices, acusado por el fallido protocolo de la Ley de aborto en tres causales que fue declarado ilegal por Contraloría. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de una parte de la oposición, sobre todo del Frente Amplio, la acusación fracasó y fue rechazada antes de llegar al Senado.
No sólo ministros, también jueces
Esta no será la primera vez que el Congreso decida acusar a “magistrados de los tribunales superiores de justicia”, es decir, la Corte Suprema o la Corte de Apelaciones.
Por ejemplo, en 2014 un grupo de diputados DC, UDI, PPD, PS y algunos independientes presentaron una acusación constitucional en contra del ministro de la Corte Suprema Héctor Carreño por ocultar un informe que detectó irregularidades en el Sename.
A pesar de tener el apoyo de varios partidos, la acusación fracasó y fue rechazada por 71 votos en contra, 30 a favor y 10 abstenciones.
A lo largo de la historia de Chile, se han registrado acusaciones constitucionales contra jueces de los tribunales superiores desde 1868 y desde el retorno a la democracia han ocurrido seis contra 16 ministros de la Corte Suprema.
La más significativa fue la que se presentó en diciembre 1992 y fue firmada por los diputados Andrés Aylwin, Víctor Barrueto, Roberto Muñoz, Ramón Elizalde, Jaime Estévez, Jaime Naranjo, Sergio Jara, Gutenberg Martínez, Carlos Montes y Jorge Pizarro en contra de los ministros Hernán Cereceda, Lionel Beraud, Germán Valenzuela y el entonces Auditor General del Ejército, Fernando Torres. La causal invocada fue por “notable abandono de deberes” provocada por la supuesta denegación de justicia en la investigación del crimen contra el dirigente del MIR Alfonso Chanfreau.
Luego de un largo debate en ambas cámaras, la acusación fracasó para la mayoría de los jueces, pero la suerte no fue la misma para Cereceda. El ministro fue destituido de su cargo por el Senado, por 25 votos a favor y por 20 votos en contra.
Entre los 25 votos favorables, hubo uno que hoy adquiere especial relevancia. Se trata del actual Presidente Sebastián Piñera, quien era senador RN, y que aprobó el capítulo 3 de la acusación contra ese supremo.