Política

Tres aciertos y tres fracasos del gobierno de Piñera en 2018

Entre los primeros destacan la búsqueda de acuerdos en temas relevantes y la apuesta por una política migratoria clara. En los segundos, la fallida reestructuración de Carabineros y las expectativas económicas incumplidas.

Por John Müller

Domingo 30 de diciembre de 2018

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Un alto cargo del gobierno de Sebastián Piñera describe así los primeros nueve meses de su gestión: “Hay un momento, entre octubre y noviembre, que coincide con la aprobación de Aula Segura, en que al gobierno le salía todo bien. Era un equipo de fútbol que jugaba al primer toque, donde hasta los pases malos le salían bien. De pronto, todo se torció con el caso Catrillanca y el cielo se nubló”.

Es verdad que la crisis de Carabineros marca desde su primer día la gestión del gobierno, y aún no se puede decir que esté resuelta. Sin embargo, si se amplía la mirada, hay muchas otras cosas que al gobierno le han salido bien o mal este año. Los tres grandes aciertos de 2018 han sido la búsqueda de acuerdos, poner orden en la casa (política migratoria) y alumbrar un nuevo enfoque para la crisis de la Araucanía, mientras que entre los grandes desaciertos se cita la fallida reestructuración de Carabineros, los errores en nombramientos y en la coordinación interna del Ejecutivo, y no manejar correctamente las expectativas económicas.

Búsqueda de acuerdos

Las cinco mesas de diálogo (infancia, seguridad ciudadana, Araucanía, salud y desarrollo integral) le permitieron al presidente abrir un proceso democrático y republicano de nivel. Se buscaba con ello tomar la iniciativa ante un Congreso adverso y “hacer política” en unos márgenes muy estrechos, dándole jerarquía a la política por sobre la economía y acentuar el respeto a la institucionalidad.

En este planteamiento también se inscribe el que se considera el mayor acierto táctico del gobierno en 2018, que es la aprobación de la iniciativa que dota de mayores facultades a los directores de establecimientos educacionales en materia de expulsión y cancelación de matrícula en casos de violencia extrema, también conocida como Aula Segura. Es verdad que esta medida no es de gran trascendencia política y que de tratarse de un tema más complejo quizás no se habría producido un acuerdo, pero es valiosa en cuanto señala un camino. Sería el primer mensaje originado por el Ejecutivo que se convertiría en Ley de la República.

Las circunstancias de ese logro también son importantes. Fue conseguido a pocas semanas de la llegada de Marcela Cubillos a la cartera de Educación, tras la salida de Gerardo Varela el 9 de agosto, en lo que fue la primera crisis ministerial de Sebastián Piñera. Sin embargo, el hecho de que sea la única iniciativa que ha prosperado hasta ahora también pone de manifiesto las limitaciones del gobierno en el ámbito legislativo.

Ordenar y mantener ordenada la casa

Varias medidas del gobierno caben en este apartado, pero la más citada es la nueva política migratoria, con una amnistía hacia el pasado y fuertes restricciones hacia el futuro, y que es percibida como una manera de “ordenar la casa” y recuperar el control de una situación que el gobierno anterior no quiso abordar. También ha supuesto costos políticos, como las críticas que tuvo el hecho de no firmar el Pacto de la ONU por las Migraciones, con el fin de salvaguardar el ámbito soberano de decisión. Esta alternativa, sin embargo, se ha visto afectada por un déficit de explicaciones públicas, fruto de cierto desorden en el Ministerio de Relaciones Exteriores. 

Pero en este ámbito también se encuadran las decisiones de política económica, encaminadas a recuperar el crecimiento y la credibilidad internacional, tanto en el ámbito fiscal como en el de la atracción de inversiones.

Las acciones de la ministra de Transportes, Gloria Hutt, también han contribuido a afirmar esta idea de orden. Hutt es una de las ministras mejor evaluadas por jugarse la piel en su cartera, mostrar compromiso las 24 horas del día y comunicar bien, pese a que ha tenido entre manos problemas complejos como el paro portuario, el Transantiago o el control de un sector con una importante capacidad de lobby sobre personas de su categoría, como es el de las telecomunicaciones.

Un nuevo enfoque para la Araucanía

El asesinato de Camilo Catrillanca fue un torpedo en toda la línea de flotación para el flamante crucero que el presidente Piñera había fletado dos meses antes al poner en marcha su nueva política hacia la región: el Plan Impulso Araucanía, un abordaje multidimensional elaborado por Alfredo Moreno, ministro de Desarrollo Social, a partir de una de las cinco mesas de diálogo establecidas por el Ejecutivo. El acuerdo se firmó en septiembre y constituye una de las apuestas más ambiciosas para mirar la problemática mapuche de una manera integral y con un fuerte componente empírico.

La muerte de Catrillanca puso a Moreno ante una dimensión de la conducta humana, la violencia por parte de agentes del Estado, que requiere una respuesta estrictamente política cuando él desearía que su plan se desarrollara en el campo de lo social, lo económico y lo técnico. La violencia introduce costos adicionales no previstos para cualquier plan socioeconómico para la región y requiere unos poderes de coordinación equivalente a los de “un vicepresidente para la Araucanía”.

Con todo, este plan constituye la apuesta de más largo aliento de los cuatro años del gobierno de Piñera, ya que el objetivo de llevar a Chile a la condición de nación desarrollada ha sido establecido para un periodo de ocho años. Por lo tanto, el presidente debería seguir abonando este territorio, que además le ha sido electoralmente fiel a Chile Vamos.

La protesta feminista: el acierto de Plá

Hay un cuarto punto que constituye un gran acierto del gobierno y es la atención que se prestó al movimiento feminista, cuya protesta estalló en mayo, nada más comenzar el mandato de Piñera. De la misma manera que un cuerpo sano y bien vacunado sobrevive al malestar que produce una enfermedad en mejores condiciones que uno debilitado, la acertada designación de Isabel Plá en el Ministerio de la Mujer y de la Equidad de Género evitó que el gobierno se creara gratuitamente un problema adicional.

Plá, una ministra con las ideas muy claras, potenció la agenda de equidad, sacó adelante una ley de identidad y controló los alcances de la protesta, marcándole límites incluso a sus propios compañeros de gabinete. Ha conseguido así hacerse con uno de los temas favoritos del mundo que se autodenomina progresista y que resulta complicado de gestionar para los gobiernos conservadores.

Además de estos aciertos, a favor del gobierno se citan otras cuestiones, como su política de firmeza hacia Venezuela, el reconocimiento del problema del descontrol en el uso de drogas, el éxito en La Haya (aunque fuera compartido con gobiernos anteriores), el proceso de seducción de cuadros de la Democracia Cristiana, la modernización del sector público en el Transporte Urbano y hacerse cargo del tema de la infancia desprotegida (Sename).    

Pero el gobierno también ha cometido errores importantes. Tres son los más citados en el mundo político, periodístico y empresarial: la reestructuración de Carabineros, los errores en la coordinación interna del Ejecutivo que se han notado, sobre todo, en ciertos nombramientos, y no manejar correctamente las expectativas económicas. Aunque la lista es más larga.

Reestructuración fallida

La crisis en Carabineros, que se puso de manifiesto al final del gobierno de Michelle Bachelet, pero que ha estallado con toda su crudeza con Sebastián Piñera, se ha alargado y amplificado más allá de lo previsto por un claro error de diagnóstico del Ejecutivo sobre la profundidad y extensión del problema. La actuación sobre una institución con 60.000 efectivos armados y que está todo el día en la calle expuesta a la reacción de la ciudadanía, cuyo activo más importante es la potestas y la auctoritas que ostenta al actuar bajo el imperio de la ley, no puede limitarse a un mero cambio de la cabeza más visible de su alto mando. Además, Carabineros es un instrumento esencial para modular la política de seguridad en la Araucanía y evitar una escalada represiva. 

La dimisión del general Bruno Villalobos, un hombre de confianza del gobierno anterior que terminó en malos términos su gestión ya que, en enero, se le obligó a suspender sus vacaciones en Miami en medio del escándalo de la “Operación Huracán”, debió poner en guardia a Piñera.

Villalobos fue sustituido 18 días después por el general Hermes Soto a quien se le encargó una profunda reorganización de la institución afectada por escándalos de corrupción económica y por acusaciones de uso indebido de la fuerza. El gobierno confió en Soto, pero fue incapaz de sostenerlo en el cargo después de la muerte de Camilo Catrillanca, por la cual se encuentran acusados cuatro carabineros que integraban el llamado “Comando Jungla”. Las irregularidades que rodearon la muerte de Catrillanca confirmaron que tanto el gobierno como el general Soto subestimaron la magnitud del problema.

Se consideró una posible intervención externa de la institución, que algunos ya alentaban en marzo, pero se descartó. El problema es que una acción progresiva corría el riesgo de erosionar el prestigio de la institución como se ha visto en los ataques en la vía pública a carabineros y en la pérdida de respeto social. En el gabinete hay ministros que consideran que la prioridad era reformar la institución y no castigarla.

Errores de coordinación interna

Varias áreas del gobierno han mostrado errores de coordinación interna. Una es el Ministerio de Relaciones Exteriores, donde el Ejecutivo ha sido incapaz de proveer los titulares para embajadas importantes, como la de Francia, país que terminó facilitando el asilo político a un reo condenado en Chile a doble cadena perpetua por terrorismo (Ricardo Palma Salamanca). Los nombramientos quedaron aparcados después de la fallida designación del hermano del presidente, Pablo Piñera, en la embajada en Buenos Aires.

La Cancillería también ha sido escenario de otras descoordinaciones, como la ocurrida con la ratificación del Tratado de Escazú y, sobre todo, con el Pacto de Migraciones, en el que Chile participó inicialmente con entusiasmo para después restarse, dejando al presidente de la República en una posición incómoda al obligarle a dar un golpe en la mesa para ordenar el asunto.

Este fue un síntoma de improvisación que también ha teñido otras decisiones, como ciertas cuestiones tributarias. En los primeros meses se señaló al ministerio que dirige Gonzalo Blumel como el responsable de la lentitud con que se conducía la relación con el Congreso, pero últimamente las críticas son más políticas y tienen que ver con la relación con los partidos de la coalición que apoya al gobierno, en especial con José Antonio Kast.

Expectativas económicas

Tanto dentro como fuera del gobierno hay una seria crítica en este sentido. En el Ejecutivo se contempla como un riesgo no haber invertido más horas/hombre en manejar las elevadas expectativas económicas que se crearon durante la campaña presidencial, donde se disparó el optimismo sobre el precio del cobre y se hizo creer que el crecimiento estaba garantizado simplemente con la llegada de un nuevo inquilino a La Moneda.

La situación económica chilena, aunque muestra buenas cifras (cerrará 2018 con un crecimiento del PIB de 4% y un aumento de la inversión de 5,5%), no es para echar las campanas al vuelo porque el entorno exterior es sumamente incierto. Las bolsas mundiales han terminado el año con pérdidas generalizadas cuando hace sólo un año el mercado bursátil chileno festejaba la llegada de la derecha al poder.

El plan de consolidación fiscal de Felipe Larraín es creíble, pero ata de manos al gobierno que está obligado a seguir ahorrando y gestionar de manera restrictiva. Una buena noticia es que el ministro de Economía, José Ramón Valente, que parecía atascado en el cargo los primeros meses, ha cogido velocidad de crucero y está sacando adelante normas emblemáticas, como la de pronto pago para las pymes.

Se cuestiona también la falta de ambición de la reforma tributaria a la hora de plantearse bajar los impuestos empresariales y la lentitud en la presentación de proyectos ley que son clave para destrabar las inversiones. Los observadores consideran que si el gobierno quiere mejorar los resultados económicos en serio tendrá que tocar alguna variable relevante, ya sea impuestos, leyes laborales o reducción de la burocracia gubernamental.

Junto con estos tres desaciertos, se cita prioritariamente la crisis en el Ministerio de las Culturas, con la salida de Mauricio Rojas. Hay observadores que estiman que el gobierno cree poco en sus propias apuestas (y aquí se cita al exministro Gerardo Varela, a Rojas y al general Soto) y que por ahorrarse unas críticas suelta lastre muy rápidamente. También se cuestiona el haber permitido que se iniciara una primaria presidencial sin quererlo, al abordar el liderazgo de José Antonio Kast. Además, el presidente liquidó sus distancias con los sectores más conservadores de la derecha que había establecido cuando acuñó el concepto “cómplices pasivos”. Se cuestiona también una cierta indiferencia del Ejecutivo hacia el votante más humilde que le apoyó en la presidencial, prestarle escasa importancia a la discusión sobre ciencia y tecnología que está tomada por el Frente Amplio, y el hecho de mantener cohesionada a la oposición al culpar de todo al legado de Bachelet, sistemáticamente.    

Por último, el gobierno ha permitido que se diluyera su agenda de modernizaciones estructurales, donde la del Estado ocupaba un lugar central. Se repite así un viejo problema de la derecha chilena que es confiar exageradamente en su capacidad de gestión de las expectativas en vez de apostar por el aumento del crecimiento potencial del país.

Escuche el comentario de John Müller en Primera Pauta:

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