Viera-Gallo por acusación constitucional a exministra Ríos: "Veo una estrategia bastante desprolija"

Este viernes 13 de enero, el exministro José Antonio Viera-Gallo (PS) asumió la defensa de la exministra de Justicia, Marcela Ríos, en el marco de la acusación constitucional que los partidos de Chile Vamos presentó en su contra.

Durante esta jornada, comenzó a sesionar la comisión revisora del libelo acusatorio, que escuchó las exposiciones de los abogados Máximo Pavez y José Miguel Valdivia. En tanto, los juristas Davor Harasic y Jaime Campos se excusaron de asistir.

En conversación con Pauta Final, de Radio PAUTA, el abogado defensor de la exministra Ríos, José Antonio Viera-Gallo, señaló que "el fundamento de una acusación constitucional no es un juicio de méritos sobre el desempeño de un ministro. Es saber si infringió la Constitución o la ley".

"En este caso, se imputa principalmente que los indultos no tendría un fundamento necesario", dijo.

Viera-Gallo advirtió que "si al mismo tiempo se va al Tribunal Constitucional para ver si esos indultos son constitucionales y se va a la Contraloría alegando su ilegalidad, se puede producir el absurdo de que la comisión diga una cosa y el Tribunal Constitucional y la Contraloría digan otra. Si bien se están pidiendo materias diversas en cada una de esas instancias, el fundamentos de esas peticiones es el mismo".

"Como hay tres meses para presentar una acusación constitucional cuando un ministro deja el cargo, lo lógico habría sido que hubieran esperado a marzo, y hubieran visto qué pasa en el Tribunal y en la Contraloría", sostuvo.

A juicio del exsecretario de Estado, en este caso "los fusibles ya saltaron. La ministra Ríos presentó su renuncia y se le aceptó, y el jefe de gabinete del Presidente renunció o ya no está en su cargo. Entonces, el objetivo principal de una acusación constitucional, si tiene fundamento, es que el ministro deje su cargo, y eso ya ocurrió".

"En el caso de la ministra Ríos no sé qué es lo que se busca, porque ya ciertos costos se pagaron", declaró.

Según el abogado, en el caso de los beneficios carcelarios entregados por Gendarmería en la región de La Araucanía, "no se produce una causal de ilegalidad. El servicio de Gendarmería es un servicio desconcentrado que, si bien depende del Ministerio de Justicia, por expresa disposición de la ley, son los jefes de los recintos penitenciarios los que siguiendo un procedimiento reglamentario determinan los beneficios de los reos".

"Si la ministra hubiera intervenido para decir 'no le otorguen permisos a esta persona' [...] estaría incumpliendo la ley, porque se estaría inmiscuyendo en atribuciones propias de los jefes de los establecimientos penitenciarios", añadió.

El defensor de la exministra Ríos afirmó que en la presentación de la acusación constitucional "no sé si [veo] revanchismo. Lo que veo es una estrategia bastante desprolija, que está, tal vez, motivada en gran parte por la precipitación de que se viene el receso parlamentario".

"Se podría haber esperado a marzo, y ahí haber tomado una decisión con más antecedentes y con mayor reflexión de si presentar la acusación o no", planteó.

En relación a las "desprolijidades" que el Gobierno ha reconocido en la entrega de los indultos, José Antonio Viera-Gallo expresó que "me quedo con las palabras del Presidente. Él hablo de 'desprolijidades'".

"Desconozco completamente cuál fue el itinerario por el cual se formuló los indultos en el Ministerio de Justicia, pero obviamente eso se hizo no por un capricho de la ministra, sino por orden del Presidente [...]. Eso ya son problemas internos del Gobierno, que yo desconozco y sobre los cuales no estoy en condiciones de emitir un juicio", sostuvo.

El exministro de Bachelet aseguró que "lo que sí puedo afirmar es que una vez hechos los indultos, no hay en esos decretos ninguna ilegalidad".

Viera-Gallo: "Se recurre a la acusación constitucional en forma liviana"

José Antonio Viera-Gallo explicó que "en el sistema presidencial, los ministros responden al Presidente. Cuando en el siglo pasado el Congreso empezó a destituir los ministros, se introdujo de facto el parlamentarismo con consecuencias políticas muy negativas".

"Por eso, en la Constitución de 1925, y lo reafirmó la actual, se establece con claridad un sistema presidencial. Lo que no significa que el Parlamento no pueda emitir juicios críticos de fiscalización [...] respecto de los actos de los ministros", agregó.

Para el abogado, ha sido "equivocado" no usar la figura de la interpelación. "Es una forma clara de sacar a la luz pública a un ministro para que explique por qué hizo esto y por qué hizo lo otro. Por ejemplo, la propia ministra Ríos podría haber sido interpelada".

"Se recurre a la acusación constitucional en forma un poco liviana, porque no se atiende tanto a las causales establecidas taxativamente en la Carta Fundamental. Y eso llevó a injusticias, como la destitución de la ministra Yasna Provoste [...], después fue el caso de Harald Beyer y de Andrés Chadwick [...]. Es una mala práctica", afirmó.

En esa línea, planteó que "sobre todo, ahora que empezamos una nueva etapa del proceso constituyente, es bueno que las instituciones vuelvan a su curso lógico [...]. Espero que en la próxima Constitución, este aspecto se precise más".

El militante socialista mencionó que "algunas de las causales que establece el actual texto, que vienen de la Constitución de 1925, vienen a ser, como se dice en Derecho Penal, causales en blanco, demasiado abiertas [...]. Es muy importante que en el próximo texto este problema se subsane, y se ponga con claridad cuándo se puede acusar, de qué y a quién".

Viera-Gallo por acusación constitucional a exministra Ríos: "Veo una estrategia bastante desprolija"

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