Senador Araya marca límites por eventual indulto: no en hechos de sangre o armas
El presidente de la Comisión de Constitución advierte complejidades en la iniciativa para procesados por delitos registrados en el estallido social de 2019.
Diversas complejidades e incluso un eventual choque constitucional contiene el proyecto de ley que busca anular las sanciones penales a que quienes fueron detenidos y procesados por delitos cometidos en el marco de la crisis social de 2019. Así lo expresa el presidente de la Comisión de Constitución del Senado, Pedro Araya (independiente). El parlamentario lidera la instancia donde está radicada esa discusión.
“Sabemos que el estallido es producto de una crisis política, económica y social que estaba viviendo el país. Uno no se puede desentender de ese contexto. Como legisladores, como poder político, tenemos que dar una salida a lo que ocurrió”, afirma el senador en entrevista con Pauta Final, de Radio PAUTA. “Tenemos que ver de qué manera se construye paz social con justicia”, insiste.
También plantea que la discusión más profunda que genera la iniciativa es “si vamos a validar la violencia como un método de cambio estructural de la sociedad”. Araya añade que el Senado deberá decidir si avanzar en esta propuesta buscando paz social, como se ha hecho en otros momentos de la historia chilena, y luego definir qué delitos se podrían borrar.
El parlamentario sostiene que está disponible para “buscar una solución a algunos presos de la revuelta”, acusando que uno de los grandes problemas de la iniciativa es “que tiene catálogo muy amplio de delitos respecto de los cuales se solicita indulto o amnistía, por ejemplo quienes fueron detenidos producto de la ley de control de armas”. Y explica que todas las legislaciones del mundo, y también la chilena, permiten la protesta pacífica y sin armas de fuego, por lo que estima que quienes fueron detenidos por el delito de porte y tenencia de armas de fuego “no debieran ser indultados”. Tampoco quienes participaron “en hechos de sangre”, agrega.
El senador advierte que el proyecto tiene problemas, como confundir dos instituciones jurídicas: la amnistía y el indulto. “Tienen el mismo fin que es que las personas no cumplan su pena, que se extinga la responsabilidad penal, pero tienen requisitos distintos y producen consecuencias jurídicas distintas”, sostiene. Además, por la forma en que está redactado, “el Congreso parece inmiscuirse en lo que es propiamente una investigación penal, que le correspondería resolver a los tribunales de Justicia, por lo que hay eventualmente un problema de constitucionalidad”.
Escuche la entrevista completa al senador independiente, Pedro Araya, en Pauta Final