Se cita a reunión: Colegio de Abogados entra al debate por el pago de IVA a servicios profesionales
El presidente del gremio, Héctor Humeres, señala que la moción -que excluye a las sociedades de salud, transporte y educación- puede afectar al derecho a defensa e impactar en los estudios jurídicos, sobre todo los pequeños.
El Colegio de Abogados encargó un informe a su Comisión Tributaria, que encabeza Florencio Bernales, para que analice los efectos que puede tener en los estudios jurídicos el proyecto de ley que amplía el Pilar Solidario de la Ley 20.225, más conocido como ley corta de pensiones. Como parte de las fuentes de financiamiento del alza en las pensiones solidarias, la propuesta del Ejecutivo considera que ciertos servicios profesionales queden afectos al pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA). Quedan exceptuados los segmentos de salud, educación y transporte, pero incluyen el servicio de los estudios de abogados.
La moción excluye a quienes emiten boletas a honorarios. Pero a juicio del presidente del Colegio de Abogados, Héctor Humeres, al imponer el pago del IVA a los estudios jurídicos -grandes, medianos y pequeños-, podría verse afectado el derecho a defensa. Como los costos subirían en 19% (por el IVA), habría un perjuicio sobre un segmento de la población.
“Aquí lo que hay que precaver es que la defensa jurídica es un bien que está resguardado constitucionalmente. Por eso esto nos preocupa, porque puede afectar también el acceso a la justicia”, dice Humeres a PAUTA.
El tema tomó notoriedad este jueves 23 de septiembre luego de una publicación de los profesores de derecho constitucional de la Universidad de Chile Enrique Navarro y Cristóbal Osorio, en El Mercurio. El proyecto “afectará gravemente el acceso universal a la justicia”, indicaron, porque en su visión se omite que “los servicios jurídicos son esenciales para satisfacer la garantía constitucional del debido proceso en su elemento del derecho a defensa”.
Además, los académicos opinaron que excluir a las sociedades médicas, de transporte y educación “contraviene los principios de igualdad ante la ley y no discriminación arbitraria que consagra la Constitución”.
El presidente del Colegio de Abogados coincide en varios de los puntos abordados por Navarro -consejero del gremio- y Osorio. Dice que el rol de los abogados es también “una función pública esencial. Y cuando habla de función pública esencial, se trata de que nosotros somos colaboradores esenciales de la justicia, y no solo en los casos probono, porque lo que se está resguardando es el derecho a defensa a todas las personas de este país”.
Respecto de que el proyecto de ley excluya a las sociedades de transporte, educación y salud, Humeres señala que “no quisiera decir que hay una discriminación abierta, pero sí hay una diferencia importante. Yo entiendo que la salud es un bien esencial, por eso comprendo la exención. Pero en nuestro caso también [la defensa] es un bien esencial. Entonces, nosotros deberíamos estar en la misma posición de aquellos que están quedando exentos”.
Sociedades y abogados jóvenes
El presidente del Colegio de Abogados estima que el impacto mayor del proyecto de ley podría recaer en los estudios medianos y pequeños. “Aunque a todos les podría afectar, esa magnitud es distinta en un estudio de cinco abogados que en otro que tiene 50”.
Y agrega: “La gente tiene asociados los estudios como si fueran gigantescos, pero en este país hay estudios jurídicos que son pequeños, de cuatro, cinco o seis abogados. Y quienes tienden mucho a asociarse entre ellos son los abogados jóvenes, pues lo hacen para abaratar costos. Hay muchos estudios así y eso me preocupa”.
Humeres dice que esto podría implicar en un alza de sus costos notablemente, lo que les restaría su utilidad. “Pero no van a traspasar tampoco sus costos a terceros. Porque, ¿quién va a estar subiendo los costos con la cantidad de abogados que hay en el país?. Además, muchas personas podrían estimar que están muy caros los estudios jurídicos y, simplemente, no vayan. Eso, indudablemente, afecta el derecho a defensa”.
El informe tributario
El Consejo de Colegio de Abogados se reunirá el lunes 27 de septiembre a tratar, por primera vez, los alcances del proyecto de ley. El análisis incluirá el informe que está preparando, desde hace 48 horas, la Comisión Tributaria.
Por eso, Humeres enfatiza que está dando una opinión prima facie. “No hay una posición en contra del proyecto, porque es un proyecto importante y la mejora de pensiones es un tema relevante”.
“Este es un proyecto de ley complejo técnicamente y entre los consejeros hay visiones distintas. Por eso hay que analizarlo en profundidad antes de tener una opinión, porque estamos en los inicios. Aún hay que ver todo el articulado, cuáles son los exactos alcances y ver aún cómo se puede tratar. Porque, a lo mejor. hay otra posibilidad de manejarlo. Por eso es que se requiere un estudio acabado”, puntualiza.