Columna de Luis Ruz: “Licencias ‘truchas’ y el daño al bien común”

“Se debe sancionar con rigor a los funcionarios públicos y también a los médicos involucrados, pero sin estigmatizar lo público y el necesario rol del Estado. Son dos cuestiones distintas que es necesario distinguir”, escribe el presidente del directorio de Centro Democracia y Comunidad.

Un nuevo caso de abuso nos sorprende y nos indigna. Esta vez, miles de funcionarios del Estado utilizaron licencias médicas para viajar al extranjero con la complicidad de médicos inescrupulosos. Sin duda, es una situación absolutamente reprochable.

Pues bien, ¿cómo entender y abordar este nuevo problema público? A continuación, ofrecemos cuatro perspectivas para analizar una misma discusión. Veamos:

Primero, la afectación de la función y la ética pública. El mal uso de licencias de parte de funcionarios públicos lesiona la ética en que se funda el servicio público. Por ende, estos personeros dañaron la función pública. En simple, abusaron abiertamente de la concepción sobre la cual descansa la legitimidad del Estado y sus instituciones.

Basta mencionar que una persona que tiene la posibilidad de ser funcionario público sabe de entrada que en la Administración Pública hay normas y principios que ordenan la gestión del Estado. Así está debidamente consignado en la Ley Orgánica de Bases Generales del Estado al señalar que: “Las autoridades y funcionarios deberán velar por la eficiente e idónea administración de los medios públicos y por el debido cumplimiento de la función pública”. Se trata de un mandato explícito. En concreto, acá encontramos, por ejemplo, el principio de la probidad, la eficiencia y eficacia en el uso de los recursos y la responsabilidad que implica rendir cuenta por su gestión. Por lo tanto, el comportamiento de estos funcionarios vulnera completamente el principio de la integridad pública que señala expresamente que “el servidor público debe desempeñar sus funciones con responsabilidad, disciplina, respeto, honestidad, rectitud y honradez”.

Segundo, la inexcusable responsabilidad de los médicos con la sociedad y sus instituciones. Esta situación no se explica sin la participación de un grupo de médicos que se prestaron para este abuso del sistema de seguridad social. Por ende, también los médicos deben una explicación.

Sin el ánimo de generalizar, pero para que personas irresponsables puedan tener acceso a una licencia como éstas, debe haber un médico que esté disponible para entregarla de manera fraudulenta. Acá el gremio médico tiene una responsabilidad ineludible. Por lo tanto, no caben defensas corporativas o explicaciones confusas. Y más grave aún es que un grupo de médicos utilice licencias para no asistir a sus pabellones públicos e ir a operar en sus pabellones privados. Es una total degradación de una profesión noble y fundamental para el bienestar de la sociedad.

Tercero, la discusión sobre el rol y el tamaño del Estado. Otro debate reabierto provocado por esta situación es acerca de qué Estado tenemos, su laxitud ante este tipo de situaciones y la escasa capacidad de control frente al comportamiento de funcionarios abusivos. Ahora bien, comprendiendo la crítica que se hace, lo principal es relevar que el Estado, como instrumento que propicia el bien común, nos pertenece a todos.

En consecuencia, esta condena a los abusos de funcionarios y médicos inescrupulosos no se puede confundir con la posición de querer reducir al Estado a su más mínima expresión. Aquello es materia de otra discusión. Solo un dato, lo que el Estado chileno gasta en salud, como porcentaje del PIB, es del orden de 7%, bastante menos de lo que gastan, en promedio, los países de la OCDE. Por lo tanto, este es un debate que no puede ser ocupado para lograr ventajas pequeñas en medio de una elección, sino que debe ser una discusión sobre cómo modernizamos el Estado para que sea más eficiente y oportuno en beneficio ciudadano.

Cuarto, la constatación de una sociedad del abuso. Este nuevo hecho sólo termina por confirmar esta idea que se ha instalado durante los últimos años respecto que vivimos en una sociedad de abusos y, por lo tanto, de abusadores y abusados. Si hacemos una rápida revisión de comportamientos de esta naturaleza, ahí está la colusión de empresas para conseguir dividendos en desmedro de los consumidores, la evasión en el pago del bus, los delitos cometidos por autoridades para sacar prebendas personales y ahora esto donde miles de funcionarios públicos defraudando a su propio lugar de trabajo en concomitancia con médicos deshonestos.

Es pertinente recordar que el Estado y el mercado, y la sociedad como tal, se hace a partir de un conjunto de normas, escritas y no escritas, que estructuran la convivencia entre nosotros. Desde una perspectiva sistémica, aquí tenemos un debate mayor. Es decir, tenemos un problema institucional que nace de un problema cultural. No existe ninguna organización, pública o privada, que soporte personas que actúan al margen de las reglas dadas para la “sana” convivencia.

Sin duda, esta situación de licencias “truchas” amerita medidas de fondo. Se debe sancionar con rigor a los funcionarios públicos y también a los médicos involucrados, pero sin estigmatizar lo público y el necesario rol del Estado. Son dos cuestiones distintas que es necesario distinguir para aproximarse a un problema complejo y multifactorial.

Ante esta realidad, vale la pena volver a preguntarnos en qué sociedad queremos vivir. Qué Estado queremos para conseguir el mayor bienestar posible para todos. Qué mercado necesitamos para aquello. Y, quizás lo más importante, qué valores ordenarán nuestro comportamiento, tanto personal como social, que permita el mayor desarrollo común. Tal como lo enseñó Alasdair MacIntyre, filósofo comunitario recientemente fallecido, al decir que “las virtudes son necesarias para alcanzar el fin último del hombre, que es la vida humana plena y bien vivida… Y que las virtudes no se desarrollan en el vacío, sino que se aprenden y se practican en el contexto de la comunidad”. En síntesis, significa, responder al desafío permanente de cómo vivimos juntos para lograr el bien común.