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Diputado Calisto responde a querella del CDE por fraude al fisco: “Siempre reflotan este tema en tiempos de campaña”

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Agencia Uno
POR Sofía Cereceda Sotta |

El parlamentario aseguró estar tranquilo respecto al actuar de su equipo y anticipó que tomará acciones legales para esclarecer los hechos.

El diputado de la Región de Aysén, Miguel Calisto Águila (independiente / Demócratas) respondió a la querella criminal que interpuso en su contra el Consejo de Defensa del Estado por el delito de fraude al fisco, asegurando que se trata de una investigación iniciada hace más de cuatro años por una denuncia anónima y que, a su juicio, vuelve a aparecer en el contexto previo a una elección parlamentaria.

“Hemos tomado conocimiento de un procedimiento impulsado por el Consejo de Defensa del Estado, donde se hace parte de un proceso investigativo que viene hace cerca de cuatro años. En un minuto, cuando era mi campaña como candidato a la reelección como diputado, se levanta una denuncia anónima por las redes sociales, el Ministerio Público inicia una investigación de oficio, y hasta el minuto no tiene resultado”, comenzó diciendo el parlamentario.

“Esto es una investigación de más de cuatro años, que ya está en curso, donde yo he participado en muchas declaraciones, entregué mi teléfono, he colaborado con la justicia en todo procedimiento que me han solicitado, porque es lo que corresponde a cualquier chileno que es denunciado. Nadie está por sobre la ley“, agregó.

Luego, Calisto señaló que le llama la atención “que siempre reflotan este tema cuando estamos a pocos meses de la elección parlamentaria. Ahora viene, en pocos meses más, la próxima elección”.

“Yo lo único que quiero señalar es que nosotros estamos muy tranquilos respecto de una denuncia que es, en realidad, una investigación por oficio, que inició la Fiscalía hace más de cuatro años, y que, evidentemente, el Consejo de Defensa del Estado tiene todo el derecho a participar, a conocer detalles y a hacerse parte del proceso”, continuó diciendo el diputado.

“La gente de mi región me conoce”

Posteriormente, el legislador aseguró estar tranquilo respecto al actuar de su equipo y anticipó que tomará acciones legales para esclarecer los hechos.

“Lo que nosotros sí estamos muy claros es que tenemos la plena tranquilidad del actuar correcto por parte de nuestro equipo, y también que, evidentemente, la gente de mi región me conoce, sabe cómo hemos procedido durante todos estos años, desde hace más de 12 años que estoy en política, desde que era consejero regional, y, evidentemente, ellos saben también que en tiempos de campaña, en tiempos de elecciones, este tipo de prácticas ocurren”.

“Por lo tanto, yo, por mi parte, voy a tomar todas las acciones correspondientes con un abogado, evidentemente, para proceder a esclarecer estos hechos de esta investigación, reitero, que viene hace más de cuatro años y que, normalmente, se tiende a reflotar en tiempos de campaña”, concluyó.

La querella del CDE

La querella, presentada ante el Juzgado de Garantía de Coyhaique, se dirige nominativamente también contra Carla Graf, Roland Cárcamo y Felipe Klein por “haber incurrido en una serie de maniobras destinadas a desviar dineros públicos provenientes de asignaciones parlamentarías para fines no previstos en la ley de presupuestos de la Nación”, según comunicó la entidad que defiende los intereses del Estado este miércoles.

La institución estableció que Graf,  habría celebrado una serie de contratos de prestaciones de servicio para apoyar la función del parlamentario a través de asesorías, coordinación y elaboración de estudios, recibiendo a cambio un pago a honorarios.

Sin embargo, el organismo pudo constatar que la “querellada Carla Graf Toledo no prestó los servicios para los que fue contratada, lo que era conocido y aceptado por el querellado Calisto Águila, quien faltando a los deberes de su cargo e incurriendo en múltiples acciones de administración desleal de los fondos públicos promovió la celebración de contratos por servicios no prestados, pagando por concepto de honorarios a la imputada más de 100 millones de pesos en perjuicio del Fisco por servicios que nunca prestó”.

Además, se detectaron transferencias de dinero entre los involucrados, coincidentes con periodos electorales en la Región de Aysén, “las que habrían sido destinadas a desviar dineros de asignaciones parlamentarias a fines no previstos, como financiamiento de campañas y gastos particulares en un contexto de conducta dolosa desarrollada por los responsables”.