De acreditación a cierre: el destino de 15 universidades

La próxima entrada en vigencia de la Ley de Educación Superior tiene a 15 casas de estudio en alerta por su sobrevivencia.

Con el fallo del Tribunal Constitucional, publicado este jueves 26 de abril, la nueva Ley de Educación Superior ingresará a su última etapa en Contraloría para que pueda ser promulgada por el Presidente Sebastián Piñera.

Mientras más se acerca la fecha en que la nueva legislación entre en vigencia, las diversas instituciones de educación superior comienzan a prepararse para todos los cambios que se asoman.

El más importante, y que regulará estructuralmente el sistema, son las nuevas exigencias de acreditación que apuntan a asegurar la calidad de la educación impartida por las universidades.

La tarea será especialmente relevante para las instituciones que no están acreditadas institucionalmente ante la Comisión Nacional de Acreditación (CNA). Las opciones que barajan los planteles universitarios, las dudas que recaen en la CNA y los desafíos que comenzarán a aparecer en el sistema de educación superior son sólo parte de la compleja trama que se desarrollará en los próximos meses. Son 15 las casas de estudio no acreditadas que ya analizan diversos planes para asegurar su sobrevivencia y sortear, con éxito, los principales nudos con los que deberán lidiar de ahora en adelante.

¿Se repetirá la historia?

Parecía la única solución posible para evitar el cierre. A fines de 2016, las autoridades de las universidades Gabriela Mistral y la Ucinf anunciaron que la primera absorbería a la segunda. Se trataba de una medida urgente: según un reportaje de Ciper, la Ucinf arrastraba una débil situación financiera desde 2009 y llegó a sufrir de un patrimonio negativo de $2.801 millones al cierre de 2014. Por ello, la única alternativa era realizar un traspaso de los estudiantes.

Cerca de un año después, a comienzos de 2018, otra institución evidenciaba una crisis: la Universidad Iberoamericana. En febrero se anunció el cierre programado del establecimiento, proceso que todavía está en curso.

Ambos casos no son aislados y se repiten en la historia. La Universidad Mayor ha absorbido, durante su existencia, al menos cuatro instituciones: la Universidad Real, Panamericana, la de Temuco y el Instituto de Comunicaciones Mónica Herrera. Según sus controladores, ninguno de estos procesos contó con intervención de la autoridad, lo cual demostraría que el sistema privado tendría, hasta ahora, la capacidad para hacerse cargo de los problemas del modelo privado.

Estos relatos podrían volver a ocurrir en el futuro. Según advirtió el rector de la Universidad Autónoma, Teodoro Ribera, en el programa Primera Pauta de PAUTA100.5, existen al menos cuatro o cinco universidades que cerrarán o se fusionarán próximamente por no cumplir con los estándares.

Del total de las 61 universidades que existen en Chile, 15 no se encuentran acreditadas por la Comisión Nacional de Acreditación (CNA). Consultadas cinco de ellas por PAUTA.cl, todas niegan estar en una situación crítica: las universidades Aconcagua y Pedro de Valdivia rechazan estar arriesgando el cierre o evaluando una fusión y la primera, en tanto, asegura estar recién iniciando por primera vez su proceso de acreditación. 

Universidades que no se encuentran acreditadas:

Fuente: CNA

El examen

Un proceso de acreditación implica realizar una autoevaluación de cada área y departamento, así como contar con información financiera, entre otros muchos aspectos. Por lo mismo, algunas universidades han contratado la asesoría de terceros que las ayuden a preparar el camino para este proceso. La agencia clasificadora Humphreys, por ejemplo, ha trabajado con instituciones para evaluar la salud financiera de las entidades previo a que comiencen el proceso de acreditación.

Si no se logra enfrentar el proceso, la alternativa más respaldada por exautoridades y actuales representantes del gobierno es justamente combinar la operación de dos o más universidades.

“La Ley de Educación Superior establece nuevos estándares para las instituciones, haciendo, en primer lugar, que la acreditación sea obligatoria. En ese contexto, es esperable que estos nuevos estándares lleven a las instituciones que hoy no están acreditadas a buscar distintas vías para poder lograrla. Así que, en la medida en que la institución finalmente pueda mejorar sus estándares y así acreditarse, nos parece positivo que las instituciones busquen alianzas o se fusionen”, reconoce el jefe de la División de Educación Superior (Divesup) del Mineduc, Juan Eduardo Vargas.

La exjefa de esta misma unidad durante el gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet, Alejandra Contreras, tiene una opinión similar. “Siempre es una posibilidad que las universidades decidan realizar un proceso de absorción. No es fácil que instituciones que nunca se han sometido a un proceso de acreditación puedan fácilmente obtenerla, sobre todo porque esta acreditación es más exhaustiva, compleja y exigente que la que existe actualmente”, comenta Contreras.

La idea será apoyada por autoridades de uno y otro lado, pero la resolución final queda en manos de las universidades. Ellas, resolverán cómo sobrevivir en esta nueva realidad.

La bomba de trabajo que le llegará a la CNA 

El 18 de abril, el ministro de Educación, Gerardo Varela, inauguró el año académico de la Universidad Autónoma de Chile. En esa oportunidad, el rector Ribera planteó al secretario de Estado su inquietud por la próxima promulgación de la nueva Ley de Educación Superior.

Las preocupaciones de Ribera son compartidas. Ocho días antes habían sido comunicadas por el presidente de la CNA, Alfonso Muga, en su cuenta pública. Ese día advirtió que las disposiciones legales en materia de aseguramiento de la calidad tienen “aciertos, deficiencias y omisiones”.

Por eso fue él mismo quien le hizo ver a Varela y a las demás autoridades del Mineduc que es necesario modificar los plazos de las disposiciones transitorias de la nueva ley. “No estamos planteando modificar el cuerpo de la ley, sino los plazos considerados en las disposiciones transitorias, para que sean más acordes con las posibilidades que tiene el desarrollo actual del sistema”, dijo Muga.

La nueva ley establece, como requisito de existencia, que todas las universidades deben estar acreditadas. Para eso definió una transición progresiva para lograrlo que culmina en 2025. La legislación dice que si la CNA estima que una institución reprobó su acreditación, hay una etapa en que la universidad va a la supervisión del Consejo Nacional de Educación (CNED) durante tres años.

La idea es que el CNED supervigile y tutele a la universidad mientras recoge y enmienda todas las observaciones hechas por la CNA. Cumplido el plazo de tres años, el CNED decide si la institución debe cerrarse o si está en condiciones de comenzar, otra vez, un proceso de acreditación. En caso de que se decida el primer escenario, la determinación se le comunica al Mineduc para que mandate el inicio del proceso de intervención nombrando a un administrador de cierre. Cualquiera sea el caso, siempre será el CNED y no la CNA el que decida si una institución debe cerrarse o no.

A esto se suma otras tres modificaciones. Por ejemplo, que todos los programas de doctorado deberán iniciar, de forma inmediata, su proceso de acreditación. Esto, sin embargo, no será un requisito de existencia. Por el contrario, lo único que se exige es que el programa inicie el proceso y en caso de que falle la única consecuencia es que dejará de recibir financiamiento público, es decir, los estudiantes que reciben becas estatales —principal mecanismo utilizado— no podrán estudiar en doctorados no acreditados.

La segunda es que se suspende, hasta 2025, la acreditación voluntaria de las carreras de forma de no colapsar el trabajo de la CNA. Y la tercera es que se eliminan las agencias de acreditación. Estas entidades ayudaban en su labor a la CNA, por lo que, al dejar de existir, todo el trabajo recaerá sólo en un organismo.

Todos estos procedimientos, que serán inéditos en Chile, no terminan de convencer a los rectores y a las autoridades de la CNA. De hecho, esta última institución ha transmitido que no cuenta con la capacidad “humana, profesional y técnica” para asumir la demanda de certificación del sistema y el presidente de la entidad ha dicho que “no darían los tiempos”.

Por eso Muga hizo un llamado a las universidades para “que se acrediten desde ya, para poder distribuirlas anualmente”. Durante el mes de abril los equipos técnicos de la CNA estuvieron contactando, una por una, a las 15 universidades no acreditadas para preguntarles si iniciarán su proceso este año. El catastro aún no lo tienen listo, pero el cálculo preliminar es que tendrán que tramitar cerca de 200 acreditaciones entre 2018 y 2019.

La defensa del ex Mineduc de Bachelet

La exjefa de la Divesup Alejandra Contreras asegura que la nueva ley sí se hace “cargo de sus nuevas funciones”, ya que la idea siempre fue no “sólo entregar nuevas obligaciones, sino que también dar las herramientas para poder cumplirlas”.

Contreras detalla que, por ejemplo, los comisionados ahora podrán sesionar en dos salas, “por lo que la cantidad de decisiones que pueden tomar se duplica”. A eso se suma, según la exautoridad, “un aumento significativo del presupuesto del orden del 40%” para incrementar los equipos técnicos, que son los que hacen todo el trabajo operativo de las visitas a terreno y la recopilación de antecedentes.

“Me llaman harto la atención los comentarios de la CNA, porque en el fondo es como autolimitarse o poner el parche antes de la herida de lo que no voy a ser capaz de hacer. Creo que más bien la actitud tendría que ser ir presentando y planteando los desafíos técnicos que se necesitan para enfrentar las nuevas exigencias”, dice Contreras.

Consultada por PAUTA.cl sobre la pertinencia de modificar los plazos, sugerido por Muga al Mineduc, Contreras toma distancia y asegura que “hay una urgencia del sistema de que los cambios se hagan lo más rápido posible”. Agrega que “cuando uno dice ‘no tengo las capacidades’, el paso siguiente es analizar cómo hago para poder tenerlas. La solución no es decir ‘cambiemos la ley para adaptarla a mis capacidades’, sino que la salida va por ver cómo mejoro las capacidades internas de la institución para poder cumplir las exigencias de la ley”.