Crónica

Las dos semanas de Dorothy Pérez como máxima cabeza de la Contraloría

La contralora subrogante firmó la toma de razón del decreto que establecía estado de excepción de catástrofe por incendios, creando una polémica interna en la institución.

Agencia Uno

Por Eduardo Olivares C.

Jueves 7 de febrero de 2019

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Entre el personal de protocolo de La Moneda de inmediato surgió la curiosidad el pasado 24 de enero. En las dependencias de la Sociedad Protectora de la Infancia, en Puente Alto, tenían listo el escenario, los asientos y los discursos para la actividad en la que el Presidente Sebastián Piñera promulgaría el aumento en la subvención a las residencias colaboradoras del Sename. Estaban los invitados de siempre: autoridades de gobierno, personal municipal, parlamentarios, vecinos. Habían enviado una invitación al titular de la Contraloría General de la República, Jorge Bermúdez, como suelen hacerlo por cualquier actividad presidencial, pero como Bermúdez suele restarse de esas ceremonias, no lo esperaban. En medio del calor, sin embargo, apareció una alta representante de la Contraloría.

Dorothy Pérez, la famosa subcontralora General de la República que venció en tribunales a su jefe, el contralor Bermúdez, cuando él infructuosamente intentó despedirla, había confirmado su presencia en la pauta del Presidente. Al principio los organizadores la habían ubicado en unos asientos traseros, pero se dieron cuenta de que Pérez había llegado en calidad de contralora subrogante (Bermúdez estaba en viaje oficial en el extranjero) y la debieron ubicar en primera fila. Quedó entre los ministros subrogantes de Justicia, Juan José Ossa, y de Desarrollo Social, Alejandra Candia. Vestida de blanco, Pérez quedó a dos puestos del Presidente Piñera, quien la saludó al llegar.

Algunos presentes consultados por este medio dicen que les sorprendió ver a Dorothy Pérez Gutiérrez. Si ni siquiera el contralor Bermúdez suele asistir a estos actos políticos, resultaba extraño que ella sí acudiese. En cualquier caso, la subcontralora tuvo una participación discreta: apenas cruzó comentarios con algunos personeros, se quedó en su puesto cuando Piñera convocó a las autoridades a una festiva foto grupal con globos de colores alrededor, y partió raudamente sin despedirse de casi nadie.

Pero fue su estreno como máxima autoridad de la Contraloría. Subrogante, pero jefa.

Casi dos semanas después, La Moneda sí se enteraría bastante de Dorothy Pérez gracias a su expedito despacho de la declaración de estado de excepción constitucional por los incendios en el sur. Pero eso trajo sus costos.

De jueza de cuentas a jefa máxima

Desde que Dorothy Pérez regresó a la Contraloría a inicios de diciembre, sus funciones se han limitado al desempeño de su labor como jueza de cuentas. Ese rol es el que la ley le otorga a quien ejerce como subcontralor, cuyo cargo, como se infiere de los fallos de los tribunales máximos de justicia, en la práctica resulta vitalicio.

Cuando Pérez se reinstaló en Teatinos 56, lo hizo en la misma oficina que ocupó su predecesora Patricia Arriagada. Se trata de un despacho amplio, de muebles antiguos, ubicado en el séptimo piso. 

Crónica

El exitoso presente de la otra subcontralora

Patricia Arriagada fue la subcontralora general de la República antes de la llegada de Jorge Bermúdez y acaba de ser nombrada para un alto puesto internacional en Naciones Unidas.

Sin embargo, el contralor Bermúdez limitó las atribuciones que Pérez solía tener cuando aún contaba con la confianza de su jefe. En un dictamen publicado en el Diario Oficial el 3 de diciembre, Bermúdez dispuso que sería él mismo quien ejercería la facultad de firmar una serie de materias que antes había delegado precisamente en la subcontralora.

La confianza entre Bermúdez y Pérez se esfumó en agosto del año pasado, luego de que el fiscal regional de Magallanes, Eugenio Campos, llamara a declarar a la subcontralora como testigo por una de las aristas del caso fraude en Carabineros. La funcionaria está casada con un excarabinero y fue subjefa de la Unidad de Contraloría de Carabineros de Chile entre 2010 y 2014, período en que se cometieron millonarios fraudes en la institución policial. Ante la renuncia que le solicitó Bermúdez, Pérez se negó basándose en que para ello él debía seguir un juicio de amovilidad; los tribunales la respaldaron.

Crónica

El retorno de Dorothy Pérez que remecerá a la Contraloría

La Corte Suprema ratificó 5-0 el fallo de la C. de Apelaciones y determinó que su destitución como subcontralora fue "ilegal y arbitraria". Su regreso será ahora en funciones como jueza de cuentas.

La suplencia a Bermúdez ha tenido dos etapas.

La primera subrogancia ocurrió el 23 y 24 de enero porque el abogado viajó a Ciudad de México en su rol como secretario ejecutivo de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (Olacefs). Allí el contralor, como parte de sus funciones gremiales, tomó "protesta" al presidente entrante de ese organismo regional.

En la agenda pública de Pérez, disponible en el sitio web de la Contraloría para todos los altos funcionarios, no aparecen actividades realizadas por ella en esos días. Esa bitácora pública omite la visita de la contralora (s) a Puente Alto a un acto presidencial.

La subrogancia más relevante de Dorothy Pérez comenzó recién el lunes 28 de enero, con el inicio de las vacaciones por dos semanas de Bermúdez. Como quedó claro en los fallos de la Corte de Apelaciones de Santiago y de la Corte Suprema, si el articulado de la ley orgánica de la Contraloría (CGR) debe seguirse al pie de la letra, entonces Pérez se quedó con todas las facultades que el mismo cuerpo legal le otorga.

La entidad informó a PAUTA que "tal como establece la Ley N° 10.336 Orgánica de la Contraloría General de la República en su artículo 27°, corresponderá al subcontralor reemplazar al contralor General en los casos de ausencia temporal o accidental, o mientras se nombre al titular en caso de vacancia". Por lo tanto, agregó la CGR, "la actual contralora (s) está ejerciendo en plenitud todas las facultades que le otorga la ley, tal como lo hicieron los anteriores subcontralores en su cargo".

La excepcionalidad de Pérez

El martes 5, Dorothy Pérez recibió un llamado del Ministerio del Interior a las 10 de la mañana. Le anunciaban que hacia el fin de la tarde le enviarían unos decretos supremos para declarar el estado de excepción constitucional de catástrofe en zonas del Biobío, la Araucanía y Los Ríos. La contralora (s) ordenó a la Oficina de Partes a que se mantuviera de turno hasta las 20 horas, pero no alertó sobre este tema a la División Jurídica, que por resolución general interna (en Contraloría la llaman "orden interna") es la división encargada de dar su primera visación sobre esas declaraciones de estado de excepción. A los funcionarios les resultó curioso que Pérez procediera de aquella manera: justo la semana previa había ordenado que todos los documentos procedentes de esa división debían llevar la firma de su jefe, Camilo Mirosevic, pese a la costumbre en ese servicio y otros de que las rúbricas se repartan dado el alto volumen de casos. 

Así, Dorothy Pérez revisó en soledad el decreto enviado desde Interior a las 19:30 horas, lo firmó y lo despachó. Rompió no solo con la costumbre de que tomas de razón así de delicadas sean visadas por varios abogados, siguiendo el conducto regular pese a la premura del tiempo (tal como sucedió, por ejemplo, con el decreto que removió al general Hermes Soto como director de Carabineros), sino que se saltó el procedimiento establecido en una orden interna antigua de distribución de revisiones de la misma Contraloría.

Dorothy Pérez destina la mayor parte del tiempo como contralora subrogante al análisis administrativista. De acuerdo con su propia agenda abierta al público, tiene habituales reuniones de trabajo referidas a la revisión de "actos administrativos para toma de razón" y de "proyectos de dictámenes".

Entre los documentos despachados por Pérez se encuentra un dictamen que "imparte instrucciones para la obtención y renovación de permisos de circulación 2019", otro sobre un memorando de entendimiento de la Dirección de Relaciones Económicas de la Cancillería, uno que autoriza un convenio entre subsecretarías y una toma de razón a un decreto que fija precios de nudo para el suministro eléctrico, entre varios más.

Según comentan especialistas en estas materias, de los textos firmados hasta ahora por Pérez hay solo uno que apunta a un área sensible cuyos efectos además son económicos. Se trata del dictamen sobre la solicitud de Fonasa para autorizar la condonación de multas e intereses a los servicios públicos que no pagaron la cotización de salud a trabajadores que, si bien estaban a honorarios, pasaron a tener vínculo laboral regido por el Estatuto Administrativo. Pérez aceptó facultar a Fonasa para condonar esas multas e intereses.

Desde la UDI al Frente Amplio

Dorothy Pérez tiene pendientes de resolución las presentaciones que hicieron los diputados UDI Álvaro Carter, Sandra Amar y Nicolás Noman, que han cuestionado en público al contralor Jorge Bermúdez. Lo acusan de estar sesgado políticamente, debido a las auditorías practicadas a municipalidades con alcaldes de derecha, como Viña del Mar y La Florida.

Tras un artículo del 20 de diciembre en La Segunda sobre el viaje de funcionarios de la Contraloría a Kenia, Carter envió un oficio a Dorothy Pérez para que indagara una serie de gastos por viático, pasajes y horarios de trabajo del contralor Bermúdez y de varios de sus colaboradores, como su jefe de gabinete, Carlos Peña Ramírez, y el director jurídico, Camilo Mirosevic. Todos ellos son personas de confianza de Bermúdez y, por definición, distantes del círculo de Pérez.

Una exautoridad del segundo gobierno de Michelle Bachelet, crítica de la gestión de Bermúdez, dice que la ofensiva de la UDI le hizo un favor al jefe de la Contraloría. "Nunca es bien visto salir a cuestionar a la persona que fiscaliza a los organismos públicos. Las personas perciben esas críticas como un interés por encubrir, y él así sale fortalecido porque 'quiere descubrir'", señala.

Tal cual. La ofensiva de Carter empelló a parlamentarios oficialistas. Los diputados Camila Vallejo (PC), Pablo Vidal (RD), Jaime Mulet (FRVS), Juan Santana (PS) y Cristina Girardi (PPD) solicitaron llevar al diputado Carter ante la Comisión de Ética de la Cámara Baja, según informó La Tercera el 30 de enero. El mérito de la petición se basaría en que Carter "desprestigia" la figura del contralor mientras tiene un conflicto de interés manifiesto porque su hermano Rodolfo Carter es el alcalde de La Florida.

Crónica

La arriesgada soledad del contralor Jorge Bermúdez

La salida de la exsubcontralora Dorothy Pérez producirá un complejo escenario político y jurídico para el titular de Contraloría. Su enemistad con distintos poderes del Estado podría jugarle en contra. Más aún cuando Pérez lleve su caso a los tribunales.

Dado que los oficios fueron dirigidos a Dorothy Pérez, la subcontralora los recibió e impartió de inmediato instrucciones para indagar lo requerido sobre los gastos de Bermúdez y su círculo cercano. De hecho, pidió dar respuesta en tres días hábiles, pero no consiguió enviar el oficio a Carter antes del inicio de vacaciones del Congreso. En todo caso, buena parte de lo solicitado por el diputado UDI está disponible en la propia página web de la Contraloría, en su sección de Transparencia Proactiva.

Sin embargo, hay otro oficio enviado por Carter a Pérez. Se trata de una auditoría que solicitó el diputado para aparentemente demostrar que el no pago de cotizaciones en el municipio de su hermano sería responsabilidad del servicio de salud, dado que no transferiría los recursos a tiempo. Cuando internamente en la Contraloría le entregaron ese caso a Pérez, ella lo devolvió. Prefirió dejárselo al contralor Bermúdez cuando regrese.

Aunque el diputado Carter fue contactado por PAUTA para obtener su opinión sobre estos oficios, no pudo hablar hasta el cierre de esta edición.

Mientras el propio Carter ha insinuado que a Bermúdez lo defiende el Frente Amplio, fue Dorothy Pérez quien se reunió el martes 5 de febrero con una legisladora de ese sector. Recibió en audiencia a la diputada Claudia Mix (Poder), quien acompañó al funcionario y dirigente de la Contraloría José Martínez Molina.

La parlamentaria dice que Martínez "está en un conflicto con la institución. El día anterior [lunes 4 de febrero], por las mismas diligencias, nos recibió la nueva unidad creada para esos fines. Ayer [martes 5] fuimos recibidos por la contralora subrogante", confirmó. Martínez está suspendido de sus funciones mientras se investiga un sumario por acoso laboral. La vicepresidenta de la Asociación de Funcionarios de la Contraloría, Andrea Palacios, confirma los problemas de Martínez y cree que Pérez lo recibió porque como subrogante estaba de turno. "La contralora subrogante era libre de haberlo recibido o no. A nosotros no nos ha preguntado", dice Palacios. La dirigenta agrega que el problema entre Bermúdez y Pérez "afecta arriba, pero no en el día a día de los funcionarios. Yo no podría hablar mal de Jorge Bermúdez o de Dorothy Pérez".

La contralora (s) sí ha entrado en un área de alta sensibilidad por su propio caso. De acuerdo con lo expuesto en su propia agenda pública, el 2 y el 18 de enero presidió el "Comité de No Discriminación y Acoso". Y el 16 de enero aparece como asistente al lanzamiento de la Unidad de Protección de Derechos Funcionarios, una actividad que encabezó Bermúdez y a la que acudieron los máximos dirigentes de la Anef y de la CUT. No obstante, según la información recabada por este medio, Pérez no asistió a ese evento pese a indicar —en su agenda— que sí lo hizo.

Dorothy pública

Según lo recogido por La Tercera, Dorothy Pérez ha prestado declaraciones ante el Ministerio Público por su denuncia contra el fiscal de un sumario administrativo, Eduardo Díaz, por abrir sin su autorización su correo electrónico y el de otras personas. En una entrevista con la revista Sábado en diciembre de 2018, el contralor Bermúdez dijo que desconocía esas acciones realizadas por Eduardo Díaz, pero planteó que revisar el contenido de los emails institucionales para un sumario administrativo "es totalmente legal".

De las pocas redes sociales que se le conocen a Pérez, es activa en LinkedIn. Hace un mes felicitó públicamente al bufete de abogados RCZ, donde trabaja el abogado Ciro Colombara, quien lideró el recurso con que derrotó al contralor ante los tribunales en la interpretación del derecho administrativo casi por antonomasia como es la ley orgánica de la propia Contraloría.

"Un estudio jurídico espectacular. A toda prueba!!", comentó la funcionaria sobre RCZ.

Salvo por estas intervenciones, la contralora (s) ha sido reservada en sus acercamientos públicos con la prensa.

Por lo menos tres abogados administrativistas consultados concuerdan con que las facultades de un contralor subrogante deben leerse en forma extensiva. Eso implica, aseguran, que desde el punto de vista legal ella podría otorgar entrevistas periodísticas puesto que si bien el contralor Bermúdez le prohibió relacionarse con la prensa, ello aplica en su calidad de subcontralora y no como contralora. 

PAUTA solicitó una entrevista con la contralora (s) durante dos días seguidos, incluida dos peticiones directas a su correo electrónico, para preguntarle por su visión de la Contraloría; los deberes y derechos funcionarios; su trabajo como contralora (s) y subcontralora desde que la Corte de Apelaciones de Santiago y la Tercera Sala de la Corte Suprema le dieron la razón; el actual prestigio jurídico de la institución, y el ambiente laboral. Se le dijo que se le consultaría por todos los antecedentes reflejados en este artículo.

A través de la Dirección de Comunicaciones, la contralora subrogante agradeció el interés, pero se negó a entregar su versión a este medio.

A continuación revise el avance de este contenido en Primera Pauta del 7 de febrero de 2019:

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