El perfil del nuevo abogado de Fuente-Alba: sacó libre a 15 presos de Punta Peuco
Maximiliano Murath, de 40 años, sólo ha tramitado causas de la justicia antigua y en casos de derechos humanos. Reemplazará a Joanna Heskia, Pelayo Vial y Alejandro Espinoza, que acaban de renunciar.
Un giro inesperado tomó el caso del ex comandante en jefe del Ejército, Juan Miguel Fuente-Alba, procesado por malversación de caudales públicos por $3.500 millones por la ministra de la Corte Marcial Rommy Rutherford y próximo a ser formalizado por el fiscal José Morales por el delito de lavado de activos.
En medio de su complicada situación judicial -según la jueza, admitió uso irregular de gastos reservados- decidió cambiar a los abogados que mantenía desde 2014 y contrató a Maximiliano Murath, un penalista muy cercano a la “familia militar” y que en su carrera solo se ha abocado a representar a uniformados condenados y procesados por violaciones a los derechos humanos detenidos en Punta Peuco.
De hecho, Murath es quien ha logrado sacar en libertad condicional a más de 15 uniformados que cumplían condenas por delitos de lesa humanidad.
Hasta ayer, Fuente-Alba era representado por los penalistas Joanna Heskia, Pelayo Vial y Alejandro Espinoza, de HE Abogados, un estudio boutique que concentra pocos casos, pero en su mayoría de alta complejidad, entre ellos la defensa de Pablo Longueira en el la causa SQM. Sin embargo, ayer ingresaron un escrito renunciando al patrocino del general (r), lo que revelaría un quiebre con el ex uniformado en su estretegia de defensa. Esto, porque dimitieron apenas 24 horas después de haber hecho una importante presentación: el pasado miércoles 27 de febrero, ingresaron al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago una cautela de garantía a fin de poder acceder a antecedentes reservados que tiene en sus manos el fiscal Morales.
Se trata del informe de la Brigada de Delitos Funcionarios (Bridef) de la PDI, que fue un antecedente clave para el procesamiento de la jueza Rutherford y en el que los policías indagaron el patrimonio -en bienes y dinero- del ex comandante en jefe del Ejército a petición de Morales.
Un día antes, el martes 26, Heskia y Vial habían pedido a Rutherford acceso al sumario de la causa, pero la solicitud fue rechazada bajo el argumento de que había secreto de sumario. La razón: el caso de Fuente-Alba está radicado en la justicia militar, por lo que corren las mismas reglas que en el sistema antiguo de justicia, con antecedentes resevados, secreto de sumario, en la que la misma jueza que investiga será quien condenará o absolverá y en la que el imputado no tiene derecho ni a guardar silencio ni a declarar con la presencia de su abogado. Es decir, todo lo contrario a lo que ocurre en el actual sistema procesal penal.
De hecho, uno de los argumentos de Heskia y Vial para echar abajo el procesamiento de la jueza -petición que fue desechada en forma unánime por la Corte Marcial- fue que se vulneró el debido proceso de Fuente-Alba al declarar sin la presencia de un abogado.
Se trata del mismo argumento que utilizan en los tribunales los abogados que defienden a militares procesados y condenados por casos de violaciones a los derechos humanos, causas que están radicadas en la antigua justicia por la fecha de ocurrencia de los delitos. Uno de ellos es justamente Maximiliano Murath, el flamente abogado de Fuente-Alba.
Foco en derechos humanos
De los más de 20 fallos de la Sala Penal de la Corte Suprema en que se otorgaron libertades condicionales a presos de Punta Peuco condenados por casos de derechos humanos, Murath está tras la defensa de 15 de ellos. De hecho, esas resoluciones que otorgaban los beneficios activaron la presentación, en agosto del año pasado, de una acusación constitucional contra tres ministros, la que finalmente fue desechada.
Hasta entonces, Murath era relativamente desconocido ante la opinión pública, pero muy conocido en la llamada familia militar.
A sus 40 años, al contrario de los abogados de su generación que se educaron en la reforma procesal penal -que opera en Santiago desde 2005-, Murtah sólo ha tramitado en la antigua justicia, pues se ha dedicado sólo a defender militares en casos de derechos humanos. Por ello, se ha especializado también en justicia militar.
Esta razón sería la que motivó a la familia de Fuente-Alba a ficharlo, a pesar de que, a diferencia de Heskia, Espinoza y Vial, no tiene experiencia en delitos económicos ni en tramitar en la reforma procesal penal, donde el general (r) enfrenta una investigación del fiscal Morales. Por esta razón, el penalista está armando un equipo de abogados de distintas áreas para enfrentar el complejo caso, que se estima se prolongará de dos a tres años.
Nieto de Eduardo Murath Pachi, un ex coronel de Ejército húngaro que llegó a Chile a medidos del siglo pasado como traductor de Carlos Ibáñez del Campo, hasta el año pasado Murath trabajó en la oficina de Jorge Balmaceda, el abogado histórico del brigadier (r) y ex segundo hombre de la Dina, Pedro Espinoza. Era una comunidad de techo de la que se independizó a fines de 2018.
El primero de los clientes de Murtah al que logró sacar en libertad condicional presentando un recurso de amparo, fue el cabo en retiro de Carabineros Alejandro Sáez Mardones, condenado por el caso Degollados y quien dejó Punta Peuco en 2015.