Crónica

Cómo afecta que la Contraloría declare ilegales obras que estaban aprobadas

Cientos de proyectos inmobiliarios que incluso ya están habitados han sido declarados como ilegales por dictámenes de Contraloría. Arquitectos, inversionistas, constructores y vecinos han manifestado su preocupación frente al desorden legislativo que permite que sean aprobados proyectos que no se ajustan a derecho.

Por Fernanda Monasterio y Melissa Morales

Sábado 15 de diciembre de 2018

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Los actores involucrados en la construcción han levantado alertas por las resoluciones de la Contraloría General de la República (CGR) que invalidan permisos de edificación en todo el país, declarando como ilegales los planes reguladores de cada comuna. Hay obras que ya estaban en ejecución o incluso construidas y entregadas a los compradores.

En todo el país se han detectado 237 proyectos sometidos a revisión de la Contraloría que han recibido un dictamen que revoca los permisos que ya habían obtenido a través de las municipalidades. Cerca de 80 estarían en la Región Metropolitana, involucrando unos US$ 2mil millones, según señaló en Primera Pauta el presidente de la Dirección de Obras Municipales de Chile (DOM), Agustín Pérez.

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"Estamos en una invasión de potestades que hay que aclarar"

El consejero nacional de la CChC Bernardo Echeverría cuestiona la incerteza jurídica que provocan los dictámenes de la Contraloría contra permisos de edificación. “Se están invadiendo ámbitos que no están bien definidos”, dice.

Durante la semana, de manera inédita, las principales asociaciones públicas y privadas de arquitectos hicieron una declaración conjunta acusando una "crisis" en el rubro de la construcción. Aseguran que han visto afectado su derecho de ejercer su actividad profesional con confianza y dicen que existe incerteza jurídica en el sector, porque aún teniendo proyectos aprobados con los permisos de edificación respectivos, ya no saben si es válido o no.

La fase crítica comenzó el 16 de noviembre, cuando la Contraloría declaró ilegales los permisos de edificación del Edificio Alamenda Urbano, en Las Rejas Norte 65, Estación Central, que en abril abrió la discusión sobre planes reguladores comunales y densificación en altura.

Agustín Pérez acusa que el problema es que no se respetan los tiempos en cada parte del proceso. Existiendo instancias de consulta ciudadana como parte de las evaluaciones que se realizan para aprobar o rechazar un proyecto, las personas "no participan en los llamados a la comunidad para los procesos de evaluación de los planos reguladores. Se pronuncian cuando el edificio ya está en construcción", afirma. "Lo que estamos pidiendo nosotros es que nos coordinemos, nos pongamos de acuerdo a nivel de Estado" para que exista un canal de acción conocido por todos para obtener los permisos, agrega.

El arquitecto Julio Poblete explica en Voces de la Gran Ciudad que todos estos dictámenes son síntomas de una legislación que ha sido parchada una y otra vez. La Ley General de Urbanismo data de 1975 y no ha vuelto a ser discutida por los órganos legislativos. "Son modificaciones parciales, nunca ha habido una discusión legislativa en forma integral", critica. Añade que las municipalidades elaboran sus planos reguladores considerando materias que no están dentro de su jurisprudencia.

"Si tuviéramos planos reguladores que se ajustaran plenamente a derecho, gran parte de estos problemas de permisos de edificacion objetados o anulados nos lo habríamos ahorrado. Es que el plan está vigente y publicado en el Diario Oficial. Entonces esta suposición de legalidad es con la que funcionamos",  señala Poblete.

Entre los afectados hay proyectos emblemáticos en Valparaíso, Estación Central, Providencia, Las Condes y Ñuñoa. Agustín Pérez enfatiza en la necesidad de que se aplique el artículo 5 de la Ley de Administración, donde se especifica el deber de coordinarse entre las partes. "El rubro de la construcción no debiera estar en esta situación [...]. No pueden venir después a cambiarlo todo", comenta el presidente de la DOM sobre el problema que tiene paralizadas a alrededor de 10.000 posibles viviendas y perjudica, de acuerdo con sus cálculos, a más de 15.000 trabajadores de todo el país.

Vea la conversación completa en Primera Pauta acá:

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