El ministro de Hacienda regresa con una mochila repleta de tareas

Ignacio Briones, ministro con mayor respaldo del Gobierno, ha estado trabajando para sacar adelante compromisos pendientes, como la revisión tributaria y nuevos proyectos de ley.

Aunque regresó de vacaciones el 17 de febrero, no ha tenido actividades públicas o entrevistas: se ha limitado a comentar algunos temas (como el Imacec de diciembre) desde su cuenta en Twitter @ignaciobriones_. Ocurre que el ministro de Hacienda, quien tiene el mayor respaldo ciudadano del gabinete y superando por lejos al del Presidente Sebastián Piñera, está preparando con cuidado sus próximos pasos.

Su agenda está recargada. Repleta de tareas. En un escenario de debilidad económica, debe plasmar en un decreto la nueva trayectoria fiscal para contener el creciente déficit. Más allá de las cifras que preocupan al mercado y a las agencias clasificadoras de riesgo, el ministro Briones tiene una serie de compromisos que cumplir con el Congreso, adquiridos para lograr aprobar la Reforma Tributaria y el Presupuesto en medio de la crisis social. 

Si su debut en Hacienda fue exitoso al lograr construir acuerdos y sacar adelante proyectos, ahora tiene que mostrar que puede mantener ese registro en una carrera de más largo aliento. Aquí listamos algunas de sus tareas de más corto plazo, excluyendo la que el Gobierno se ha puesto como la principal: sacar la reforma de pensiones en marzo del Congreso.

Sinceramiento fiscal

La agenda social comprometida para superar la crisis sumada al Presupuesto 2020 llevaron al ministro Briones a reconocer, a comienzos de diciembre, que el gasto público crecerá 9,8% real este año. Explicó que existen necesidades de financiamiento estimadas en US$ 16.600 millones que se financiarán con una combinación de mayor deuda y recursos de los Fondos Soberanos. Esto, dijo, implica un déficit efectivo de 4,4% real, mayor que el registrado en plena crisis subprime.

Como corolario, la autoridad anunció una desviación de la trayectoria fiscal comprometida en 2018. Si originalmente se buscaba reducir el déficit a -1% en 2022, ahora la meta es -2% ese año y se lograría a un ritmo de rebaja de 0,5% del PIB por año. Economistas han estimado inviable ese ritmo de consolidación, ya que implicaría que el gasto anual creciera en torno a 1%.

En febrero, la Dirección de Presupuestos actualizó las cifras: precisó que el gasto 2020 crecerá 8,5% real, con un déficit efectivo de -4,5% del PIB y un balance estructural de -3,2% del PIB. Las estimaciones son que la deuda bruta del Fisco llegará al borde del 30% del PIB en 2020 y a 38,3% del PIB en 2024.

El Consejo Fiscal Autónomo ha mostrado su preocupación por el deterioro de las cuentas públicas y ha emplazado insistentemente a Hacienda a “plasmar formalmente la nueva senda de convergencia mediante una actualización del decreto que establece las bases de la política fiscal“. El decreto formaliza un escenario ya internalizado por el mercado y los inversionistas internacionales, pero es una exigencia legal que da una señal para los próximos gobiernos.

Con todo, el titular de Hacienda no espera una rebaja en la calificación de la deuda por parte de las agencias internacionales. “Chile sigue siendo un deudor extremadamente creíble, por lo tanto su calidad cretidicia debiera mantenerse alta o excelente”, dijo a PAUTA Bloomberg, de Radio PAUTA, a comienzos de enero.

La ruta tributaria

Tras la revisión del Tribunal Constitucional, la promulgación de la Reforma Tributaria se espera entre fines de febrero y comienzos de marzo. Pero con ello no concluye el debate sobre impuestos.

Parte del acuerdo para viabilizar esa iniciativa en el Senado incluyó el compromiso de revisar las partidas de gasto tributario, incluyendo exenciones. El ministro ha insistido en que el óptimo es que, al eliminar beneficios que no se justifican, se avance en recaudación pero también en rebajar tasas.

Adicionalmente, en una entrevista con Diario Financiero Briones comprometió que convocará “a una comisión transversal […] para dibujar la hoja de ruta tributaria de mediano y largo plazo”. Esto, tras admitir que a medida que Chile se siga desarrollando su carga tributaria tiene que seguir aumentando. Cómo hacerlo, con qué ritmo y con qué estructura es parte de lo que esta instancia propondrá.

Con el apoyo del experto Claudio Agostini, cuyo arribo al equipo de Hacienda se anunció a mediados de diciembre, Briones trabaja los nombres y el diseño para estas instancias, consciente de la atención que este tema tiene en la oposición. No se descarta que finalmente sea un comité que aborde ambas materias.

Rentas regionales

Es un tema que está sobre la mesa desde 2018 e incluso se pensó que podría tratarse dentro de la Reforma Tributaria. Al final, el exministro de Hacienda Felipe Larraín comprometió el envío de un proyecto de ley sobre rentas regionales y responsabilidad fiscal, con foco en la descentralización, en octubre de 2019.

Ello no ocurrió, aunque se incluyó una fórmula que deja en regiones un aporte de los proyectos de inversión que lleguen a instalarse. Ignacio Briones anunció nueva fecha para marzo para el envío de la iniciativa al Congreso.

Que las regiones cuenten con más recursos, tengan facultades para poder recaudarlos directamente desde algunas fuentes locales (como carga movlizada en puertos y tala forestal) y puedan decidir su destino son parte de las demandas de la Bancada Regionalista, grupo transversal de parlamentarios que se ha organizado en torno a este propósito. El grupo considera clave contar con esta ley para los nuevos gobernadores regionales.

En el Congreso se estima que las regiones “son las nuevas pymes”, aludiendo a una causa que suscita respaldo transversal. Esto se refleja en el acuerdo de la Sala de la Cámara de Diputados al cierre de la legislatura para pedir al Gobierno que se realicen les elecciones de gobernadores regionales este año y se envíe el proyecto de rentas regionales.

También ligado con la descentralización figura el anuncio de un proyecto que mejora el Fondo Común Municipal, anunciado el 22 de octubre como parte de la agenda social del Gobierno. Sus contenidos iniciales fueron criticados por los alcaldes.

Compromisos en educación

Para lograr el despacho del Presupuesto 2020, el titular de Hacienda pactó una serie de medidas con los senadores de oposición. Entre los acuerdos está la instalación de dos comisiones técnicas que deben elaborar informes que propongan cómo mejorar el financiamiento de la educación.

A la fecha, alegan los senadores Jorge Pizarro y Yasna Provoste (ambos DC), las comisiones ni siquiera se han constituido aunque deben entregar sus reportes el 30 de junio, de modo que sirvan de insumo para el Presupuesto 2021.

No son materias fáciles de resolver. La primera mesa debe revisar cómo se financia la educación pública escolar y cómo modernizar el Fondo de Apoyo de Educación Pública (FAEP), cuyos recursos se han ido reduciendo anualmente. La segunda instancia abordará el financiamiento de la educación superior en forma integral, lo que implica examinar los recursos destinados a gratuidad, fondo solidario y Crédito con Aval del Estado (CAE), además de otros créditos regulados por ley.

“Nos preocupa que estas mesas técnicas no se hayan conformado y reiteramos nuestro llamado al ministro de Hacienda para que se cumpla este mandato legal y compromiso político a más tardar en marzo”, plantearon los parlamentarios.

Proyectos para modernizar el Estado

Además de estas preocupaciones propias de su cargo, el titular de Hacienda tiene otros “ases bajo la manga”. Son inquietudes de larga data, que surgen desde su mirada de especialista en políticas públicas y exdecano de la Escuela de Gobierno de la UAI. Entre estas ideas está el trabajo de un grupo transversal para proponer mejoras al sistema presupuestario y al gasto público.

Además, al intervenir en Enade el 29 de enero anunció que propondrá un proyecto de ley para crear una Agencia de Calidad de las Políticas Públicas. Es una materia que lo apasiona, ya que calcula que la regulación excesiva le puede costar a Chile entre 0,5% y 2% del PIB anual.

Y el 19 de febrero, en una columna publicada en El Mercurio en conjunto con el director del Servicio Civil, Alejandro Weber, anunció un proyecto de ley “para construir un nuevo empleo público, que contribuya a generar más confianza y combatir la crisis de legitimidad de las instituciones”. Se trata, aclaró Weber, de establecer normas de ingreso, desarrollo y egreso para los 210 mil funcionarios a contrata que no están regulados por el Estatuto Administrativo, que rige para los 80 mil empleados de planta.