Briones pide flexibilidad al Congreso para los gastos que exige la emergencia

“Siempre está el reflejo natural de definir todo esto en la ley. Queremos privilegiar la celeridad y flexibilidad”, solicitó el ministro de Hacienda a los parlamentarios.

Mayor flexibilidad y definiciones que no sean “petrificadas” en leyes pidió el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, al presentar el proyecto de ley que entregará garantía estatal a créditos especiales para empresas afectadas por la emergencia sanitaria. Además, detalló el marco general de las reasignaciones que permitirán crear el futuro fondo de ayuda social y laboral por US$ 2.000 millones.

Ambos enfoques reflejan la intención del titular de Hacienda de tener mayores espacios de decisión para ir ajustando las políticas de gasto a las cambiantes necesidades de la crisis sanitaria. Aquel enfoque de dar facultades flexibles también ha sido planteado por exautoridades como el exministro de Hacienda Rodrigo Valdés.

Ley + reglamento

Al exponer ante la Comisión de Hacienda del Senado, la autoridad dejó en claro que busca autorización para capitalizar al Fondo de Garantía Fogape en US$ 3.000 millones, pero que los detalles de cómo se entregarán los futuros créditos irán en un reglamento que pueda irse modificando en forma fácil y rápida.

Briones admitió a los senadores que diversas condiciones que regirán para esa nueva línea de financiamiento –incluidas en los detalles presentados por el Presidente Sebastián Piñera el 12 de abril- no figuran en el proyecto, sino que son parte del marco de adhesión que el Gobierno planteó a la banca.

Ejemplos de ello, dijo, son la tasa de los créditos y el plazo para reembolsar los recursos. “Siempre está el reflejo natural de definir todo esto en la ley. Queremos privilegiar la celeridad y flexibilidad. Todos esos detalles los precisaremos en un reglamento emitido por decreto supremo”, explicó, cuyos términos “son los mismos que hemos exigido a la banca para acordar esto”. El ministro discutirá ese reglamento con los parlamentarios en paralelo al trámite del proyecto.

Añadió que hay dos factores que aseguran que se cumplan las condiciones pactadas. Por un lado, que los bancos han suscrito públicamente las exigencias que les formuló el Gobierno, por lo que “hay un compromiso de fe pública que la ciudadanía y emprendedores están mirando que se honre”. Además, la banca tendrá que reportar semanalmente las solicitudes de crédito totales, aprobadas y rechazadas. 

El senador Carlos Montes (PS) criticó que primero el Presidente anunció que los bancos debían postergar amortizaciones de créditos vigentes hasta que se saldaran aquellos con garantía estatal, pero ahora dichos pagos solo se postergarán por seis meses. Al respecto, Briones confirmó que esta última fórmula es la correcta, aunque hay “algunas excepciones” como créditos rotativos y de exportadores.

Pero hay puntos que tampoco parecen quedar bien cubiertos en un reglamento. Es el caso de cómo garantizar que estos créditos Covid-19 se empleen para capital de trabajo (gastos operacionales, salarios, pagos a proveedores) y no para repartir utilidades o dividendos. “Para ser honestos, no tenemos otro instrumento mejor que [exigirlo mediante] las declaraciones juradas”, dijo el ministro.

Construir un nuevo fondo

En la sesión, Briones y el director de Presupuestos, Matías Acevedo, explicaron cómo se creará el fondo de US$ 2.000 millones para financiar apoyos para familias, trabajadores informales y otros segmentos no incluidos en los planes existentes a la fecha.

Con esta idea, comentaron fuentes del Gobierno, el ministro busca autorización de un gasto pero sin detallar aún cuáles son los instrumentos a usar o los beneficiarios específicos. De este modo, podría segmentar medidas por zonas geográficas (comunas con cuarentena) o por ingresos, sin tener que volver a pasar por el Congreso.

El experto en derecho administrativo William García, de la Universidad Alberto Hurtado, explica que el Ejecutivo puede presentar un proyecto que cree un fondo y, mientras establezca reglas generales para su uso, no es necesario que el Congreso lo apruebe de manera específica. “Lo único constitucionalmente prohibido es que autorice un gasto y que no ponga ningún criterio. Estas reglas no se cambian por el estado de catástrofe“, afirma.

El titular de Hacienda aclaró que al no existir “holguras infinitas para acometer demandas infinitas de gasto”, para crear el fondo se optó por reasignar dineros desde actividades que se han ralentizado o que derechamente ya no se ejecutan.

Acevedo dijo que este es el caso de inversiones que no se podrán realizar en plazos iniciales, viáticos que no se entregarán (porque no hay viajes) y horas extraordinarias que no podrán efectuarse. De este modo, se asegura que esos US$ 2.000 millones sí se van a ejecutar.

Agregó que en total se trata de unos US$ 1.200 millones de gasto de capital (inversiones) y otros US$ 800 millones de gasto corriente (operacional). “Esto no afecta a ningún servicio relacionado con menores, adultos mayores o gasto social. Tampoco se va a paralizar ninguna obra de infraestructura en curso o por iniciar, pero los proyectos se demorarán probablemente un trimestre más”, comentó.