Un compromiso fiscal de Boric: estabilizar la deuda pública hasta 48% del PIB al cerrar su gobierno

El 10 de diciembre pasado, el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) se reunió en forma remota con representantes de los dos comandos presidenciales que disputaron la segunda vuelta presidencial. La entidad buscaba conocer sus compromisos en materia fiscal.

En esa cita, los representantes del Presidente electo Gabriel Boric detallaron la trayectoria fiscal que están considerando para ir reduciendo el déficit estructural. Tras asumir el 11 de marzo próximo, el nuevo gobierno tiene 90 días de plazo para formalizar vía decreto este compromiso fiscal. 

En la presentación ante el CFA, los delegados de Boric afirmaron que en 2022 se respetará lo acordado en la Ley de Presupuestos, que se refleja en un balance estructural (BE) cercano a -3,9% del PIB y una deuda pública bruta en torno a 37,5% del PIB. Añaden que desde 2023 se iniciará "un proceso de reducción paulatina del déficit estructural", cuya trayectoria debe considerar los mayores ingresos permanentes que deriven de la reforma tributaria que busca recaudar el equivalente a 5% del PIB a 2025. 

"El equipo económico suscribe plenamente las ocho recomendaciones del último informe del CFA a la Comisión Mixta de Presupuesto", declararon. Tales medidas enmarcan distintas trayectorias de consolidación fiscal calculadas por el organismo, más o menos exigentes, desde un punto de partida de un BE de -3,9% del PIB: si el déficit se reduce a un ritmo de 0,25% del PIB a 2025 llega a -3,15%, cifra que sería de -2,4% si el recorte es de 0,5% anual, y de -0,9% si se va más rápido, ajustando un punto del PIB por año. 

Las proyecciones del CFA, formuladas antes de que se presentara el Presupuesto 2022, implicaban llevar la deuda pública neta del 35,7% del PIB proyectado en 2022 a un rango entre 46,2% y 41,9% del PIB, dependiendo de si la convergencia se realiza en forma más o menos rápida. Ya que la proyección oficial de Dipres para la deuda bruta es de 37,5% del PIB al cierre de 2022, usando los mismos supuestos del cálculo del CFA se puede estimar que la deuda pública al cierre del próximo gobierno podría variar entre 48% y 43,7% del PIB.

La presentación ante el CFA fue realizada por Javiera Martínez, presidenta del centro de estudios del Frente Amplio, Rumbo Coolectivo; y los investigadores de la entidad Maximiliano Acevedo y José Alvarado. 

En la presentación no solo se compromete el retiro progresivo de medidas fiscales transitorias y focalización de ayudas en el 2022, sino también que nuevas medidas que eventualmente se requieran se financiarán con reasignaciones, para no alterar el margen de gasto aprobado. Incluso, se identifican fuentes de financiamiento para ello existentes en el Erario, como la glosa republicana (recursos de libre dispoisición para el nuevo gobierno) y los existentes en el Fondo de Emergencia Transitorio que se mantienen para ciertos ítemes como gasto sanitario y en apoyo a empleo.

También se compromenten a conservar "un mínimo nivel de fondos soberanos". El Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES) usado en la crisis tuvo un valor a octubre de US$ 2.400 millones, pero el Ejecutivo se comprometió a capitalizar -vía emisión de deuda- para subir ese monto a US$ 4.000 millones.

También apuntan a constituir un nuevo fondo soberano de adaptación al cambio climático, destinado a capacidad de ahorro y brindar margen presupuestario para las inversiones futuras en esta área.

Economía

Banco Security: definir "marcos de referencia" en las reformas es clave para generar certidumbre

Felipe Jaque, economista jefe de la compañía, dice que es necesario asegurar un periodo de transición para aplicar los cambios en los sistemas tributario, pensiones y salud.