La cotización previsional subirá hasta 15% y financiará nuevos seguros sociales

Medidas de la agenda social para mejores pensiones se concretan como indicaciones al proyecto previsional. Los nuevos seguros no se identifican y se tramitarían en forma separada una vez que se despache esa reforma.

En línea con su decisión de avanzar con las medidas de la agenda social comprometida para hacer frente a las movlizaciones ciudadanas, el Presidente Sebastián Piñera envió al Congreso un conjunto de indicaciones a la Reforma Previsional. Estas fortalecen y adelantan medidas ya incluidas en el proyecto, además de perfilar nuevos seguros sociales que se incorporarán más adelante y que en conjunto implican elevar de 4,2% a 5% la cotizacion adicional de cargo del empleador.

Los ajustes al proyecto implican $323 mil millones adicionales (aproximadamente US$ 446 millones) y corresponden al 40% del costo total del paquete social del Gobierno, que considera recursos por US$ 1.200 millones.

Aunque la reforma de pensiones estaba lista para ser votada en la Sala de la Cámara de Diputados, el ingreso de estas indicaciones obligará a retrotraer el debate a las comisiones especializadas. Desde la oposición se rechazó la idea de incorporar estas indicaciones a la reforma, ya que se aspira a debatirlas en un proyecto separado para agilizar su aprobación.

El Jefe de Estado llamó a los parlamentarios a despachar pronto estas medidas “para empezar a pagar estas nuevas pensiones a partir del 1 de enero del año que viene, es decir, en un par de meses más”.

Pensiones solidarias

Como se anunció, las indicaciones aumentan en 20% los beneficios del pilar solidario de pensiones (originalmente el ajuste propuesto era de 10%), lo que beneficia a 1.485.000 jubilados pertenecientes a los segmentos más vulnerables. En el caso de la Pensión Básica Solidaria (PBS), implica pasar de los $110.201 mensuales actuales a $132.241. También crece el Aporte Previsional Solidario (APS), que es un complemento a la pensión autocontributiva.

El Gobierno había planteado alzas diferencidas de las pensiones asociadas a cinco tramos etarios, para que las personas de mayor edad recibieran montos más altos. Ahora propone reducir esos tramos de cinco a tres, y acortar además los años de transición, adelantando los beneficios a los años 2021 y 2022.

Clase media y mujeres

Un eje ampliamente debatido es el que beneficia a la clase media, que opera como un bono para quienes reciben pensiones inferiores a 25 UF mensuales ($701 mil) que se entrega a partir de los 65 años.

En este caso, los beneficios estarán disponibles desde el primer año de aprobada la ley y se reducirán las condiciones de acceso para que los beneficios sean más masivos. De esta manera, en régimen, al 2024, las mujeres deberán cumplir con un mínimo 12 años de cotizaciones (en el proyecto original se decía 16 años), mientras que para los hombres el requisito se reduce desde 22 años a 18 años.

No se innova respecto de los montos, que equivalen a 0,15 UF ($4.160) por cada año cotizado, con un extra para las mujeres de 0,05 UF ($1.380) adicional por cada año cotizado desde el mínimo exigido

Seguros sociales

Las indicaciones contemplan también una exigencia de la oposición y que el Ejecutivo comprometió con la DC para viabilizar la reforma: agregar más solidaridad.

Esto se concreta vía nuevos seguros sociales que se financiarían con 0,8% de cotización adicional del empleador. Sorprende que el texto de la indicación no describa tales seguros. “El Presidente de la República dentro del plazo de 60 días contados desde la publicación de la presente ley, presentará al Congreso Nacional el o los proyectos de ley a que se refieren los seguros sociales solidarios previsionales que se financiarán con el 0,8% de cotización establecido en el inciso cuarto del artículo 17 del decreto ley Nº 3.500, de 1980”, dice el artículo 34° de la nueva iniciativa.

Fuentes del oficialismo precisaron que se trataría de seguros para aliviar el gasto en medicamentos y de longevidad, aunque también ha estado en la mesa uno de rentabilidad.

La propuesta mejora la gradualidad del subsidio de dependencia, que se aplicaría a partir de 2020, al año siguiente beneficiaría al 30% más pobre; el 2022 hasta el 50% más pobre, y en 2023, en régimen, al 60% más vulnerable.