Economía

Qué sucedería con una canasta “protegida” contra la inflación como la que pide la CUT

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PAUTA/ Fernanda Monasterio Blanco
POR Marcela Gómez |

La entidad sindical pide incorporar medidas adicionales durante la negociación con el Gobierno por el salario mínimo.

Desde que el 7 de abril comenzó la negociación para el reajuste del salario mínimo entre el Gobierno y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la oferta de las autoridades ya estaba clara: avanzar desde los $350 mil mensuales vigentes desde enero a $400 mil en dos etapas (que podrían ser los meses de mayo y septiembre), incluyendo un mecanismo de apoyo a las pymes con problemas para sustentar esta alza.

La CUT también puso en la mesa otra demanda: medidas urgentes ante el alza del costo de la vida debido a la inflación, que afecta con mayor fuerza a los trabajadores que tienen menores ingresos.

“Estamos demandando una canasta básica protegida, que nos permita parar las alzas“, dijo a PAUTA presidente de la entidad, David Acuña. Agrega que en las autoridades “ha habido una buena recepción a estas ideas. De hecho, en el plan de 21 medidas se acotan las alzas de algunos precios como los de la gasolina y parafina”. 

Explica que ya en la pandemia la central planteó la necesidad de generar mecanismos para defender el poder adquisitivo de los salarios, ya fuera congelando precios, ajustando el IVA o a través de subsidios. Precisa que  la idea de congelar precios cuando están altos como ahora “no tendría sentido”, en la mesa siguen barajando otras ideas para apoyar a las familias ahora que “con la inflación el dinero vale menos”.

Acuña no descarta que este tema se aborde separadamente del proyecto de reajuste del ingreso mínimo mensual.

Las conversaciones entre el Ejecutivo y la CUT continúan.

Los riesgos de fijar precios

“Congelar precios genera distorsiones, más aún cuando se trata de productos de consumo masivo, como por ejemplo el pan. No es fácil de hacer, nadie venderá más barato de lo que le cuesta producir, puede generar escasez del producto y un mercado negro donde se vende más caro y no todas las personas acceden”, explica el economista y académico de la Universidad de Chile José Luis Ruiz.

Algunos de esos efectos se aprecian en la experiencia de Argentina con el programa “Precios Cuidados”. Allí el gobierno, empresas y distribuidores acuerdan reajustar lentamente los precios de algunos productos en vez de hacerlo sobre la base de la inflación, que ronda el 50% anual. 

“Al principio los productos que están en el acuerdo son mucho más baratos, pero con el paso del tiempo, la alta inflación y el alza de los costos las empresas tienen menos incentivos a producirlos porque son menos rentables. Y dejan de estar disponibles”, describe sobre esa política el profesor del Instituto de Economía de la Universidad Católica Alejandro Vicondoa. 

Añade que para asegurar el funcionamiento del programa, el gobierno debe s estar vigilante y mediante inspectores asegurar que los productos estén a la venta. Otro tema es la existencia de contraprestaciones estatales para las empresas que participan, lo que no se transparenta. “Este es el tipo de distorsiones que se producen”, afirma.

La manija tributaria

Jose Luis Ruiz estima que frente al problema de la inflación, el Estado si podría apoyar focalizadamente a las familias más vulnerables, aprovechando la información de registro de las transferencias realizadas en la pandemia. Considera que también podría comenzar a ponerse en marcha una política como el impuesto negativo al ingreso, que permitiría “devolverles a través de una eventual declaración de impuesto lo que gastaron en ciertos bienes o servicios; por ejemplo, gastos en educación, en salud o en determinados productos”.

De este modo, asegura, se beneficia a quienes requieren ayuda y no a la población en general. “Además, tiene la ventaja adicional de ir formalizando a esas personas, lo que permite ir enfocando en ellas otras políticas sociales para mejorar su salud, educación e inserción laboral”, destaca.

Alejandro Vicondoa plantea que medidas con menos problemas son los subsidios focalizados en los hogares vulnerables y las rebajas temporales del IVA (como las impulsadas el año pasado por diputados) enfocada en ciertos productos relevantes para los hogares. “De este modo el precio que enfrenta el consumidor será menor pero el productor seguirá cobrando lo mismo. El costo en este caso recae en el Fisco, que recaudará menos por concepto de IVA”, detalla.

Añade que además de afectar los ingresos fiscales, cuando las alzas de precios son generalizadas y no se concentran en pocos productos, una medida como un IVA diferenciado altera su precio relativo (la relación de ese precio con uno similar de marcas más baratas y más caras). A la larga puede afectar su producción, volverlo más escaso, abrir espacio a mercados negros y otras distorsiones, dice.

Su colega de la Universidad de Chile advierte que, en el escenario actual, una rebaja del IVA “aumentaría el consumo cuando justamente lo que se busca es frenarlo un poco para ir abatiendo la inflación”.