El turno del Fisco

El Gobierno lanza un salvavidas de US$ 11.750 millones para amortiguar el impacto de la pandemia del Covid-19 en Chile. Suma también medidas para cuidar el empleo, para las que se anticipa un complejo debate legislativo.

Tras las decisiones urgentes que adoptó el Banco Central el lunes 16 de marzo, faltaba solo un paso (y uno grande) en el set de medidas para hacer frente a los efectos del coronavirus en la economía: el plan fiscal.

El misterio se develó este jueves 19 de marzo, cuando el Presidente Sebastián Piñera y el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, anunciaron un paquete de medidas para proteger el empleo, dar mayor liquidez a las empresas, respaldar a las pymes y también a familias vulnerables y propietarios. Además, se refuerza el presupuesto del sistema de salud.

El plan recibió respaldo transversal, tanto del mundo económico como político. De hecho, el titular de Hacienda dijo que conversó con presidentes de partidos del oficialismo y la oposición, así como con alcaldes, para evaluar medidas y pedir apoyo. “Este no es el momento de la pelea chica, sino de actuar unidos. La emergencia pasará. […] Tenemos que levantarnos como siempre lo hemos hecho como país”, afirmó.

“Esfuerzo inédito”

El ministro calificó el plan como un “esfuerzo inédito”, con medidas transitorias cuyo efecto se concentra en las próximas semanas y meses.

El paquete moviliza recursos fiscales por US$ 11.750 millones que equivalen a 4,7% del PIB. Considera un mix de operaciones, no solo gasto. Hay desembolsos, como ocurre en el caso del pago de un bono de $50 mil por carga familiar, pero también se consideran inyecciones de capital (a BancoEstado y  Fondo Solidario de Cesantía), menores ingresos fiscales permanentes (como la reducción a 0% por seis meses del impuesto de timbre y estampillas para todas las operaciones de crédito) y manejo de caja fiscal para postergar recaudación de modo de asegurar liquidez a empresas (como en el aplazamiento en pagos de IVA y PPM, entre otros).

Las fuentes de financiamiento también son variadas. Para atender los gastos de la emergencia sanitaria, el presupuesto del Ministerio de Salud será suplementado en US$ 1.400 millones usando la facultad presidencial de disponer del 2% constitucional (artículo 32, número 20, de la Constitución), lo que se suma al fondo especial ya anunciado. También habrá reasignaciones del presupuesto aprobado para 2020 (debido a que se prevé que el Presupuesto no se ejecutará en los términos previstos originalmente), se empleará el Fondo de Estabilización Económica Social y mayor endeudamiento.

Las diversas medidas se concretarán en dos proyectos de ley: el de protección del empleo y uno que consolide todas las demás medidas, como los ajustes en materias tributarias, capitalizaciones, bono y nuevo fondo de gestión municipal para ayuda social al microcomercio local, entre otras.

Hay medidas que combinan mejor administración y manejo de caja fiscal, cuyo cumplimiento será un hito de gestión: el compromiso de pagar al contado, a principios de abril, todas las facturas emitidas al Estado y pendientes de pago. Se trata de recursos por unos US$ 1.000 millones. Se suman al compromiso de pago a 30 días de las facturas que se emitan en lo sucesivo.

Empleo, lo más complejo

El nuevo fondo de apoyo social y las medidas de apoyo tributario (especialmente las que se enfocan en pymes y personas) no parece que enfrentarán mayores complicaciones en su paso por el Congreso.

Pero el escenario para las medidas de corte laboral se anticipa más complejo.

He aquí el precedente: lo ocurrido en el debate del proyecto que otorga un subsidio para quienes reciben salarios de hasta $380 mil brutos mensuales (conocido como Ingreso Mínimo Garantizado), donde la mayor controversia se generó respecto a si los trabajadores que se desempeñen en empresas de mayor tamaño deberían recibir ese apoyo estatal.

Es un debate que podría repetirse en la discusión de la iniciativa, ya presentada y a la cual se le pondrá discusión inmediata, que permite reducir la jornada laboral para evitar el despido y compensar el menor salario con aportes del Fondo de Cesantía Solidario.

El Ejecutivo enviará el segundo proyecto en esta línea, que permite suspender el contrato a quienes no puede trabajar (ni siquiera en forma remota) debido a las medidas de emergencia, En estos casos el empleador seguirá pagando las cotizaciones previsionales, pero el trabajador no recibirá remuneración, sino aportes del seguro de cesantía como ocurre en caso de despido. Para asegurar el financiamiento, se inyectarán US$ 2 mil millones al Fondo de Cesantía Solidario.