La estrategia anticorrupción del contralor propone una fiscalía especializada en el Ministerio Público

Detectar y combatir la corrupción no es una tarea que le corresponda exclusivamente a la Contraloría General de la República (CGR), pero sin duda es la institución que la ciudadanía más identifica con esa tarea. En esa línea, el contralor Jorge Bermúdez lideró un esfuerzo participativo con funcionarios de la entidad, 77 organizaciones de la sociedad civil y el apoyo de organismos internacionales, que cristalizó en una estrategia nacional anticorrupción.

El plan se resume en 25 medidas que apuntan a tres ejes: buena administración, protección de los recursos públicos, y promoción de la probidad y la democracia. "La implementación de estas medidas no depende de la Contraloría, sino de otras entidades. Nosotros las tomamos y sistematizamos, pero son propuestas de la sociedad civil", precisa Bermúdez.

El abogado recuerda que hasta ahora las mejoras institucionales en materia de integridad pública han sido más bien reactivas, en respuesta a escándalos como Inverlink (2002), Coimas (2002), Cascadas (2013), Penta (2014), Caval (2014) y Milicogate (2015), entre otros. Esto muestra la capacidad de respuesta ante esos hechos, "pero también que el virus de la corrupción genera nuevas variantes que no estaban previstas y frente a las cuales la institucionalidad se queda corta".

Así, sostiene que esta estrategia -que se entrega justo en medio de la polémica por las revelaciones de los Pandora Papers que involucran al Presidente Sebastián Piñera- es una oportunidad de un avance sustantivo, por su mirada de conjunto y base ciudadana.

PAUTA seleccionó algunas de las propuestas, las que fueron comentadas por representantes de algunas de las organizaciones que participaron en su elaboración.

En la investigación penal, se propone crear una Fiscalía Anticorrupción dependiente del Ministerio Público, con competencia y un mecanismo de nombramiento de su jefatura similar al de una Fiscalía Regional. El contralor admitió que plantear esta propuesta "me cuesta porque se trata de otro Poder del Estado. Pero creo que el fiscal nacional [Jorge Abbott] está de acuerdo".

También planteó incorporar la delación compensada, principalmente porque los delitos de corrupción son de muy difícil detección.

Entre las medidas para elevar la probidad en las instituciones penitenciarias, de orden, seguridad y de defensa nacional, se plantea crear una Agencia de Control Policial independiente, que se especialice en la prevención, detección, investigación y sanción de irregularidades administrativas.

"En estas áreas se dan riesgos importantes de corrupción, como lamentablemente lo hemos visto en la realidad", opinó el director ejecutivo de Chile Transparente, Alberto Precht, quien además propuso que la tareas de auditoría, control, compras y remuneraciones no estén asociadas a la carrera militar o institucional, "para que la denuncia no se pueda ver desincentivada si el responsable está pensando en ascender".

Se suma la necesidad de fortalecer la autonomía administrativa, funcional y financiera de la CGR. "Sigue siendo inentendible que hoy no tenga esa autonomía. Cuando se pregunta por qué no se supo antes del fraude en Carabineros, la respuesta es simple: por que la Contraloría no puede revisar las cuentas de esa institución", afirmó Precht.

Agrega que en general "no es que nos falten instituciones para detectar y combatir la corrupción, lo que falta es coordinación entre ellas y ponerles dientes, que tengan más poder para hacer su tarea".

"No puede ser que haya plata pública sometida autocontrol y esto vale para todos los Poderes del Estado", enfatizó Bermúdez, confesando que esta propuesta es una de las más centrales y sentidad en la entidad que dirige. Se trata de asegurar que todas las instituciones que manejan y/o reciban fondos del Fisco estén sometidos a alguna instancia de control externo.

Para ello, la directora del Observatorio de Gasto Fiscal, Paula Díaz, estimó que es central contar con un registro de "beneficiarios finales" que permite identificar a los dueños de las empresas que contratan con el Fisco. "Es algo que hemos venido empujando, pero hasta ahora solo se avanza en materia de compras públicas", sostuvo. El contralor admitió que en compras públicas y contrucción de infraestructura ese registro es clave, por los riesgos de faltas a la probidad que presentan. 

"Muchos ciudadanos se ven frustrados cuando luego de sumarios instruidos por la Contraloría, no se aplican las sanciones que corresponden. Eso afecta las confianzas", dijo Bermúdez.

En estos casos la CGR solo puede proponer sanciones al servicio cuando confirma actos reñidos con la probidad, pero no aplicarlas directamente, por lo que es habitual que muchas investigaciones terminen sin sanciones o que estas sean inferiores a las propuestas. 

También se sugiere elevar los estándares de integridad y control en el uso de recursos  integridad en los gobiernos regionales, municipalidades y corporaciones municipales, por ejemplo estableciendo la toma de razón respecto de actos que involucren altos montos o se refieran a  servicios relevantes para las personas.

"Este será uno de los puntos mas resistidos, pero operará como efecto disuasivo: si se saber que la Contraloría revisará eso ayuda a prevenir irregularidades. Esto es de suma importancia, hemos visto casos recientes de problemas graves de corrupción en corporaciones municipales exentas del control de la CGR", advirtió la directora de Democracia y Anticorrupción de Espacio Público, Valeria Lübbert. Estima que es posible evaluar cómo aminorar costos y plazos para viabilizar esta propuesta.