Hacienda extenderá los beneficios tributarios a las zonas extremas
Las disposiciones de la Reforma Tributaria para estas regiones, según Hacienda, dan certeza a los inversionistas. La propuesta no recoge sugerencias del BID y el Banco Mundial.
Los incentivos tributarios y leyes de excepción que benefician a las zonas extremas, que tenían fecha de término en 2025, serán prorrogados de forma automática en una década. Así ocurrirá si se aprueba una norma contenida en la Reforma Tributaria, la que ha pasado inadvertida al concentrarse toda la atención en el nuevo impuesto de 1% para los grandes proyectos de inversión que se desarrollen en regiones.
Desde Hacienda, la responsabilidad por estos temas la asumió el subsecretario Francisco Moreno, quien tiene a su cargo el desarrollo de propuestas en torno a nuevas fuentes de financiamiento para las regiones, que en 2020 serán lideradas por gobernadores elegidos democráticamente. Además de estas dos medidas que ya son parte de la Reforma Tributaria, el Ejecutivo comprometió un proyecto específico de rentas regionales que se presentará a más tardar en octubre.
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La autoridad explica que las leyes de excepción que se están renovando son las seis que vencían en 2025: Fondo de Fomento y Desarrollo de las Regiones Extremas (DFL 15), bonificación a la contratatación de mano de obra (Ley N° 19.853), crédito tributario para el desarrollo de las regiones de Aysén y Magallanes (Ley N° 19.606); incentivos para el desarrollo económico de las provincias de Arica y Parinacota (Ley N° 19.420), y las leyes de zona franca industrial de Tocopilla (Ley N° 19.709) y Arica (DFL 2 de Hacienda, art.28). De aprobarse la propuesta, todas estas leyes regirán hasta 2035 y, en el caso de los créditos tributarios, habrá plazo hasta 2045 para que las empresas los empleen para rebajar su pago de impuestos.
Impulso regional
El subsecretario de Hacienda explica que la razón para proponer la renovación de estos incentivos es que, dado que queda poco tiempo para su expiración, “ello causa incertidumbre entre quienes ya gozaban de estos beneficios tributarios y aduaneros, y no permitía proyectar inversiones a mediano y a largo plazo a quienes proyectaban invertir en regiones, por no saber si contaban o no con estos beneficios”.
A modo de ejemplo, explica que para un empresario que está considerando instalar una empresa en la Región de Arica y Parinacota, para calcular el retorno de su inversión es decisivo “conocer si va a poder someterse al régimen de Zona Franca Industrial, recibir una bonificación del 20% de su inversión o recibir una bonificación equivalente al 17% de parte de la remuneración bruta de cada trabajador por cinco años más, o por 15 años más”.
El subsecretario agrega que la prórroga busca dar un impulso a las inversiones de mediano y largo plazo en las regiones extremas, lo que no quita que en el futuro puedan perfeccionarse estos instrumentos o puedan crearse otros que apalanquen el fomento y desarrollo de las regiones extremas.
El impacto fiscal de prorrogar estas cinco leyes, que considera mayor gasto por transferencias a privados y también menores ingresos en el caso de los créditos tributarios (que permiten al contribuyente rebajar su renta imponible), no se recoge en el informe financiero de la Reforma Tributaria ni en sus indicaciones. La Dirección de Presupuestos no respondió consultas sobre cuáles serían los montos involucrados.
Información proporcionada por la Subsecretaría de Hacienda revela que el Presupuesto 2019 considera recursos por $68.106 millones (US$ 99,6 millones) para bonificación a la mano de obra y de $2.996 millones (US$ 4,3 millones) para el Fondo de las Regiones Extremas. En cuanto a los tres incentivos tributarios que se prorrogan, no existe una cifra pública que permita dimensionar la menor recaudación asociada. En una presentación del subsecretario Moreno ante la Comisión de Zonas Extremas, se informa de 108 contribuyentes beneficiados por el crédito tributario para Aysén y Magallanes por $83.776 millones en 2017 (US$ 122,3 millones), pero la información para los casos de los incentivos tributarios para Tocopilla y zona franca de Arica no permiten inferir montos.
Subsecretario de Hacienda @Moreno_Fco expuso en Comisión de Zonas Extremas y Antártica de la @CamaraDiputados sobre avances del @GobiernodeChile en el desarrollo de Zonas Francas 💪🏻 #ChileEnMarcha pic.twitter.com/BYm47an1U9
— Subsecretaría de Hacienda (@SubseHacienda) July 18, 2019
El bajo impacto de las evaluaciones
Un tema que llama la atención es que las ventajas tributarias y aportes especiales para los territorios más aislados parecen extenderse en el tiempo de forma automática, bajo sucesivos gobiernos, sin ajustes y sin recoger las evaluaciones existentes.
En 2018, el Banco Mundial publicó un detallado análisis sobre el régimen de zonas francas en Chile, que incluyó la revisión de la experiencia de las existentes en Iquique y Punta Arenas. El texto identifica un conjunto de problemas y propone diversos ajustes legales para que estos regímenes de excepción sean más eficaces para apoyar la competitividad regional, atraer inversión privada, promover la innovación y aumentar el valor agregado a las economías locales, entre otras ventajas.
Tales propuestas no fueron consideradas al proponer una prórroga automática de las leyes de zona franca de Arica y Tocopilla, aunque aún hay espacio para ello respecto de las demás; por ejemplo, en el marco de los trabajos en curso para Iquique y la futura área de excepción tributaria en Aysén.
En una evaluación de 2014 denominada “Lecciones Aprendidas para el Desarrollo de Zonas Extremas” sobre estas políticas en la región (no disponible en la web), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) planteó que los territorios con regímenes excepcionales no son los que tienen los indicadores nacionales más deficientes en materia de pobreza, crecimiento, escolaridad o desempleo. Por eso, entre otros elementos, sugirió apuntar a elementos que ayuden a mejorar la conectividad y que no se centren solo en promover la inversión, sino también incorporar las políticas sociales y provisión de servicios. También debe preocuparse de armonizar las distintas políticas existentes y que las leyes excepcionales no se superpongan a las políticas ministeriales.
Sobre este punto, Francisco Moreno planteó que si bien es correcto que hay algunas regiones con indicadores inferiores a los que exhiben las zonas extremas, “no podemos dejar de considerar que por las características geográficas del país y su desarrollo en torno al centro, entre otras razones, en Chile a veces se hace más complejo el desarrollo de actividades económicas en las regiones más alejadas”.
Por ello, añade, los beneficios para las zonas extremas mirados en su conjunto apuntan exactamente a corregir este problema. Explica que la contribución de las regiones extremas al PIB nacional sigue siendo baja. “De hecho, de las cinco regiones con menor contribución al PIB nacional, cuatro son zonas extremas, lo que da cuenta de la real necesidad de impulsar su actividad económica y de lo necesario que son estos instrumentos. La prórroga de estos incentivos que plantea nuestro proyecto de modernización tributaria es indispensable para seguir avanzando”, afirma.
Añadió que hay otras políticas públicas destinadas a mejorar la conectividad y aumentar la inversión pública en las regiones extremas, como el Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas (Pedze) que este año contempla más de $90.000 millones de inversión directa en obras que mejoran la productividad, la conectividad y la infraestructura de esos territorios.