La billetera de Hacienda: el costo fiscal del salario mínimo subió 83% para este año

El Gobierno ansiaba negociar un acuerdo para todo el periodo de Gobierno y para ello apostó fuerte. Al final, la “plurianualidad” quedó reducida a 24 meses, tras una trabajada aprobación en la comisión unida de la Cámara.

Un gran esfuerzo desplegó el Gobierno para reencauzar la negociación en torno al salario mínimo, luego de que el proyecto inicial ingresado el 2 de agosto fuera despachado por el Congreso para su promulgación, pero vetado por el Presidente de la República, en línea con el interés del Ejecutivo de avanzar en un acuerdo de plurianualidad.

Y las señales ahora sí son optimistas, luego de que las Comisiones Unidas de Hacienda y Trabajo de la Cámara de Diputados aprobaran en general y particular el nuevo proyecto que ingresó el Gobierno. Esto indica que la iniciativa, que tiene urgencia de discusión inmediata, podría convertirse en ley este miércoles si prima el acuerdo y la celeridad en resolver este tema.

Si una palabra ha caracterizado este debate, esa ha sido plurianualidad. Bien podría marcar el camino para futuros reajustes. Pero si se ha logrado un acuerdo a un plazo mayor de un año ha sido con un gran costo, tanto en trabajo político como en recursos fiscales. En simple, no ha sido fácil ni barato.

En los respectivos informes financieros, se detalla que para 2018 el costo fiscal pasó de $5.586 millones a $10.211 millones entre el primer y segundo proyecto, lo que equivale a un aumento de recursos de 83%. El mayor costo para 2018 se asocia a que el proyecto inicial proponía un reajuste de $283 mil, que finalmente se aumentó a $288 mil, debido a que se retrasó el mes de aplicación de julio a septiembre.

En el caso de 2019, existe un incremento del gasto fiscal de 39% entre el proyecto original y el aprobado. Las principales alzas se asocian al aumento previsto para marzo de 2019, de $301 mil, ya que inicialmente esa fecha no tenía una cifra fija sino que se asociaba al crecimiento de la economía (4,5% nominal anual si la economía crecía entre 2% y 4%).

El aumento de recursos para 2020 no es menor. Entre los dos proyectos, el costo fiscal subió 49%.

La pelea por la plurianualidad

Primero, la meta fue cerrar un acuerdo para todo el periodo de Gobierno. En el primer trámite en la Cámara de Diputados y buscando viabilizar el proyecto, se logró un acuerdo en las cifras de aumento del ingreso mínimo y se rebajó la plurianualidad a 30 meses.

En el veto, que finalmente fue rechazado, quedaba en 28 meses. Además, se subió de $300 mil a $301.000 el reajuste de marzo de 2019; se incrementó de 2% a 2,5% real el de marzo de 2020 y se mejoraron los recursos para el primer tramo de la asignación familiar y el subsidio único familiar en 0,5% adicional para agosto de 2018.

Tras una serie de conversaciones entre los ministros de Hacienda, Trabajo y Segpres con diversos actores de la oposición, especialmente los senadores donde el apoyo a la plurianualidad había sido más esquivo, se construyó un protocolo de acuerdo (que suscribieron representantes de todas las fuerzas políticas, menos comunistas y Frente Amplio) y se ingresó un nuevo proyecto.

En este nuevo intento, el reajuste para 2018 sube a $288 mil (que se hace efectivo a partir de septiembre); el monto aumenta a $301 mil en marzo de 2019, y para marzo de 2020 se ratifica la fórmula de reajuste de 2,5% real si la proyección del Banco Central de crecimiento de la economía para el año es de hasta 4% (el alza es mayor si supera esa cifra).

La iniciativa establece que el Gobierno enviará un nuevo proyecto en agosto de 2020, para que rija desde septiembre de ese año. En el protocolo, los firmantes declararon su voluntad que esta última iniciativa rigiera hasta diciembre de 2021. Es decir, la plurianualidad queda en 24 meses; exactamente la mitad de la aspiración original del Ejecutivo.

Nota: a este artículo se le agregó la siguiente información (que no aparecía en la versión original) para profundizar el costo fiscal de 2018: “El mayor costo para 2018 se asocia a que el proyecto inicial proponía un reajuste de $283 mil, que finalmente se aumentó a $288 mil, debido a que se retrasó el mes de aplicación de julio a septiembre”.