El Gobierno ha formulado una nueva oferta para sacar adelante una reforma de las pensiones. Desgraciadamente, esta oferta tampoco corrige los problemas de base que lastran todas las propuestas de reformas de las pensiones que se están haciendo en Chile. El más evidente es que, después de los retiros aprobados por el Congreso, el número de chilenos que desea que el aumento de cotizaciones vaya a su cuenta individual ha pasado por encima del 50% según las últimas encuestas.
Los trabajadores se han dado cuenta de que son una mera excusa en este debate.
En realidad, se está creando un impuesto al trabajo para financiar pensiones solidarias y ya sabemos que aquellas cosas que son gravadas con un impuesto tienden a ser más caras o más escasas. La única gracia que tiene la propuesta presidencial es que en vez de crear un impuesto al trabajo del 6%, se crea uno del 3%, porque el otro 3% iría a los asalariados.
Pero la propuesta presidencial sigue sin dilucidar una cuestión central y que tiene que ver con la justicia del sistema: ¿Por qué el nuevo sistema solidario solo va a ser sostenido por empresarios que tengan trabajadores asalariados?
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