Es comprensible la frustración de los perdedores, pero es necedad no entender que los ciudadanos tradujeron el borrador en cuestiones concretas que les afectan.
Se ha hecho pesada la digestión del resultado electoral para el Gobierno y para una prensa que, aunque la izquierda diga otra cosa, tuvo columnistas muy escorados hacia el Apruebo que ahora no saben a dónde meterse. Muchas reacciones demuestran poca cultura democrática y un endiosamiento que garantiza más costalazos.
Tampoco la derecha está en paz, aunque se note menos. El resultado despertó una ansiedad por capitalizarlo políticamente, pero Chile Vamos se comprometió a fondo con un nuevo texto constitucional y eso, según algunos, limita sus opciones de hacerlo.
Son muy pocos los que, en uno u otro bando, se dan cuenta de que el resultado tendrá efectos duraderos a largo plazo. Y que el Gobierno de Gabriel Boric ya no será como lo había soñado él o el PC. La derrota priva al Ejecutivo de la oportunidad de pasar un cambio de marcha y dejar atrás la moderación de la segunda vuelta que los más radicales ven como un lastre. Se consolida, además, el área de influencia del llamado socialismo democrático con Marcel, Tohá y Uriarte.
Quizá el análisis más fino que se ha publicado estos días sea el de Cristóbal Hunneus, director de Datascience Unholster, en La Tercera: “Durante los últimos 10 años, el mundo político vivió en torno a un Chile del voto voluntario. Los votantes se encontraban en un sector de la población, aquella que tiene mayor educación, mejores condiciones económicas y que habita en los grandes centros urbanos. Los sectores populares no estaban en esa parte del país”.
Esta es la mayoría silenciosa de la que hablábamos hace una semana. Pero Hunneus aporta un punto de vista muy trascendente: “El gran elemento detonante de la polarización fue el voto voluntario”. Y añade que el gobierno de Boric es fruto de ese voto. Pero ese país ya no existe más desde el 4 de septiembre. Esos 4,6 millones de votantes que no se hacían presentes en las elecciones han aplicado un correctivo importante a los que creían que tenían la sartén por el mango en Chile.
El caso de Petorca es emblemático de lo que está ocurriendo. ¿Cómo una comunidad castigada por la sequía no ha sido capaz de abrazar la socialización de los derechos de agua que prometía el borrador constitucional? ¿Cómo ha sucedido esto en un sitio que votaba a la izquierda? La respuesta es simple. Primero, votaron casi 3.000 personas que habitualmente no lo hacen. Sobre un universo de 5.000 que eran los que decidían sobre el poder local es una cifra respetable, capaz de inclinar la balanza. Pero, quizá, la respuesta más obvia es que esos ciudadanos saben que las constituciones no hacen llover y que lo que necesitan es infraestructuras que lleven agua a su valle y esas sólo llegarán de la mano de nuevas inversiones. ¿Y quién va a invertir cuando los derechos de propiedad están en cuestión?
Las irregularidades que hay en Petorca en torno al agua son insufribles. De partida, entre 2014 y 2018 se han gastado 7.513 millones en camiones aljibes para llevar agua cuando la solución definitiva para garantizar 36 litros diarios por habitante era de 540 millones de pesos. Un sencillo análisis crítico debería constatar que las autoridades son parte del problema y no de la solución. Y, afortunadamente, esos que no votan nunca, han venido a opinar esta vez.
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