Correa Sutil: el TC lee “en la Constitución más de lo que la Constitución textualmente dice”

“Hay una tendencia en el TC y también en algunos sectores de la Suprema a resolver problemas propios de la política”, dice.

Fue ministro del Tribunal Constitucional durante tres años, entre 2003 y 2006, por lo que el abogado Jorge Correa Sutil puede ver con distancia la pugna pública en la se encuentra el TC con la Corte Suprema desde hace dos días.

Fue el fallo de la Tercera Sala Constitucional, que preside Sergio Muñoz, el que en una de sus partes señaló que las sentencias del TC puede ser revisadas por jueces tanto de las cortes de apelaciones como de la Suprema, lo que evidenció un nuevo roce entre ambas instituciones.

Tanto así, que este martes 8 de octubre el Pleno del TC, liderado por su presidenta María Luisa Brahm, emitió una dura declaración pública en la que dijeron sentirse sorprendidos con la opinión de los supremos y los acusaron, entre otras cosas, de “rediseñar el esquema de competencias constitucionales”. La respuesta llegó este miércoles 9 de octubre, cuando el presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, convocó a la prensa para bajar la temperatura al debate: “No estamos enfrentados en este momento a un quiebre de la estructura jurisdiccional del país”, dijo.

El choque entre ambos tribunales para Correa Sutil no es nuevo. Dice que es algo que no solo es propio de Chile. “Creo que no hay país en el mundo donde exista un Tribunal Constitucional distinto a la justicia ordinaria donde no haya habido una fuerte tensión entre ambos. En España terminaron llevando a los ministros del Tribunal Constitucional a la justicia disciplinaria; en Italia durante años no funcionó el Tribunal Constitucional por oposición de la Suprema”. Y añade: “Estas fricciones son connaturales a la existencia de dos órdenes judiciales distintas. Pero yo no creo que sea el fin del TC, porque la Corte Suprema no ha revocado la sentencia y no ha dicho que pueda examinar o reinterpretar aquello que el TC decidió, sino que dijo que el TC tenía una competencia y que si la excedía, se le podía controlar”.

—¿Cree que se excedió La Tercera Sala?

“Son dos párrafos [del fallo] los complicados: el que dice que la Corte podría examinar lo resuelto por el Tribunal Constitucional y el otro, que al final siempre es la justicia ordinaria la que interpreta los fallos del TC. Ambas afirmaciones eran enteramente innecesarias para resolver lo que resolvieron, porque la Corte Suprema terminó validando lo que había dicho el TC. Por lo tanto, estas dos afirmaciones son advertencias, pero no invalidan ni ponen en tela de juicio nada de lo resuelto por el Tribunal Constitucional en este caso y por ahora. Esto, porque el fondo de asunto que tiene que ver con las tutelas laborales de funcionarios municipales, no lo ha resuelto todavía la Suprema”.

—¿Ve estas advertencias como algo nuevo o como parte de las fricciones que ya existen entre el TC y la Suprema?

“Los jueces no suelen hacer advertencias inncesarias para resolver. Esta es una sentencia rara y extraña en este sentido, poco frecuente. La pregunta hay que dirigírsela a quienes emitieron el fallo pero, en todo caso, es una advertencia que era presumible que iba a provocar lo que provocó. Lo único que hace es dañar tanto a la Corte Suprema como al Tribunal Constitucional. Y la falta de prestigio de ambas instituciones no se favorece con fricciones de esta naturaleza”.

—Si el fallo del TC no provocó ningún efecto de fondo en el caso de los funcionarios municipales, ¿qué le pareció la reacción del TC?

“Cuando haya efectivamente un conflcito de competencias, se justifican reacciones severas y tajantes”.

—¿Eso quiere decir que sobrereaccionó el TC?

“No tengo tan claro que ella [la reacción] se justifique cuando proviene de advertencias razonadas en un fallo, pero que no sirvieron en esa resolución para dejar sin efecto lo resuelto por el Tribunal Constitucional. Máxime cuando quienes hicieron las advertencias no son los únicos ni los mismos ministros que van a resolver sobre el fondo de la cuestión, que es donde podría producirse el conflicto real”.

Mutaciones constitucionales

Correa Sutil, además, ha sido abogado en cuatro de las seis acusaciones constitucionales que se han presentado en los últimos años y todas se rechazaron. De ellas, ha defendido a un exministro de Sebastián Piñera —Emilio Santelices, de Salud—; a la exministra de Justicia de Michelle Bachelet, Javiera Blanco, y a cuatro magistrados de Corte Suprema. Primero a Héctor Carreño, hoy jubilado, y el año pasado a tres integrantes de la Sala Penal luego que parlamentarios de oposición interpusieran un libelo en su contra por otorgar libertades condicionales a militares condenados por violaciones a los derechos humanos.

Por su experiencia, y porque también fue ministro de Tribunal Constitucional (TC) entre 2006 y 2009, Jorge Correa Sutil fue parte de los abogados invitados a la sesión de la Cámara que analizaba la acusación contra la ministra de Educación, Marcela Cubillos. Allí expresó: “Creo ser una de las personas que más ha leído sobre acusaciones constitucionales” y, pese a eso, “nunca he logrado entender esta distinción entre los aspectos jurídicos y los aspectos políticos”.

Percepciones que, tras el rechazo en el Congreso al libelo contra Cubillos el pasado 1 de octubre, profundizó en una columna en El Mercurio titulada “La soberbia en la paciencia”. En ella reponsabilizó a la derecha de comenzar la seguidilla de acusaciones políticas —que partieron, dijo, con la exministra de Educación Yasna Provoste, quien fue destituida—; continuaron con Harald Beyer, que corrió la misma suerte pero impugnado por la actual oposición, y así sucesivamente.

Correa advirtió entonces que existe una “mutación constitucional“. Recordó que “la mala política siempre pasa por la transgresión, precedida habitualmente por el desprecio de las normas constitucionales que la regulan y por la falta de respeto hacia quienes piensan distinto. Rara vez ocurre de golpe; típicamente crece como las bolas de nieve. Chile no está en una escalada desatada, pero tampoco fuera de riesgo”.

También hizo memoria: “La más significativa de esas mutaciones o cambios institucionales vía su infracción que registra nuestra historia ocurrió en 1891. Cobró en sangre lo que suelen cobrar esas ‘mutaciones’ y provocó el cambio que de nuevo estuvo ahora en juego: por los siguientes 35 años, los ministros fueron destituidos cuando perdieron la confianza del Parlamento; pero como el sistema tampoco funcionaba como parlamentario, la ‘mutación’ transformó al gobierno en una especie de caballo con patas de chancho. Como un animal así no anda, la política se puso mala”.

—¿Quiénes son los responsables de estas “mutaciones constitucionales”? En su columna dice que, primeramente, es la derecha.

“La derecha hizo una seguidilla de acusaciones. Fueron acusados José Pablo Arellano, Jorge Rodríguez Grossi y muchos ministros, pero fue destituida Yasna Provoste. Ese es el comienzo”.

—¿Se puede hablar de seguidilla de acusaciones constitucionales y, a la vez, de mutaciones constitucionales? ¿Cree que todos los casos han sido iguales?

“Todos los que yo he examinado han sido así. El de Yasna Provoste, el de Beyer y el de los otros cuatro que me ha tocado defender, además del de Marcela Cubillos”.

—¿A qué le llama “mutación constitucional”? ¿Es abusar de la Constitución, reinterpretarla, estirarla?

“La Constitución puede ser reformada por un cuórum bastante alto y también puede ser modificada por prácticas contrarias a ella. Se habla también de mutaciones constitucionales cuando va cambiando el sentido de la Constitución dentro de sus márgenes. La Constitución es bastante abierta, ocupa lenguaje muy elástico. Y, por lo tanto, periódicamente hay por parte de los órganos que la interpretan alguna forma de mutación, una manera de entender un artículo un poco más amplia o restrigida o con un alcance determinado que antes no había sido. A eso se suele llamar mutación constitucional”.

—Eso en lo general, ¿pero en el caso al que usted se refiere en la columna?

“Básicamente se habló de mutación constitucional para significar que ya los ministros podían ser destituidos cuando perdieran la confianza de la mayoría del Congreso. Ese es un cambio que infringe la Constitución y que cambia radicalmente el régimen político chileno. No es una nueva interpretación del derecho a la libertad individual o al derecho a la honra que de alguna manera lo amplía y restringe un poco más o un poco menos. No. Es un cambio copernicano, en 180 grados de una cosa central de las constituciones, como cuál es el régimen político. Y de ese tipo Chile tiene historia. Cambió de un régimen presidencial o uno en el cual los ministros no dependían de la confianza del Presidente de la República a partir de 1981. Y fue con sangre, sin que se le cambiara una coma a la Constitución”.

De un mamarracho al riesgo del populismo

—Usted dijo que ese cambio produjo un “mamarracho institucional”.

“Transformó al Presidente de la República en un caballo con patas de chancho, un animal que no puede caminar. Porque los presidentes no pueden andar si sus ministros, en un régimen presidencial, dependen de la confianza del Congreso. Otra cosa son los regímenes parlamentarios, en los cuales la mayoría parlamentaria toma el Gobierno y, en ese caso, cuando pierde la confianza del Congreso, se cambia todo el Ejecutivo y se arma una nueva coalición de gobierno. Ese es otro régimen y es posible optar por uno u otro, pero hacer mamarrachos intermedios, como el que tuvimos a partir de 1891, es hacer mala política. Es condenar al Ejecutivo ser malo, a no poder solucionar los problemas del país, a desprestigiar más la política y a arriesgarnos, en esa oportunidad, a los ruidos de sables y ahora podría ser el riesgo del populismo”.

—¿Cree que hoy estamos cerca de ese “caballo con patas de chancho”? Dijo que Chile no está en una escala desatada, pero que tampoco está fuera de riesgo.

“Es difícil saberlo. Porque si la mayoría de los parlamentarios entendieran que los ministros dependen de su confianza, yo diría que estamos más cerca. Pero si de verdad muchos parlamentarios se convencieron de que la ministra [Cubillos] había infringido la Constitución y las leyes, estamos en otra película. Pero yo, habiendo leído la acusación, me parecía que no probaba eso. Y, por lo tanto, por un problema solo de convicción interna e intransferible, porque las personas razonables leemos los documentos y vemos si con convincentes o no, me parecía claro que la acusación no convencía de eso y estuvo a tres votos de aprobarse. Mientras que la de Yasna Provoste y Harald Beyer se aprobaron. Si eso va en una escalada, transformamos al Ejecutivo en un caballo con patas de chancho y la política se pone muy mala. Y cuando pasa eso, la política se pone muy agresiva, ensimismada, conflictiva. Y algo de eso estamos viviendo: una política mucho más antagónica e intolerante de lo que está la sociedad chilena”.

—La palabra mutación parece como si habláramos de un monstruo. 

“Si yo entiendo que la jurisprudencia de la Contraloría, el Tribunal Constitucional o la comisión legislativa de la Cámara va cambiando tenue y progresivamente el significado de una regla, en principio no estamos ante un monstruo. Pero si usted cambia de un régimen presidencial a uno parlamentario sin los acomodos necesarios, en este sentido sí estamos frente a un monstruo”.

Activismo en el Tribunal Constitucional

—¿Ve estas mutaciones constitucionales en otras áreas fuera de la política? Se lo pregunto, por ejemplo, porque la gente cada vez recurre más al TC por diversas materias.

“Veo dos riesgos más de mutaciones constitucionales, aunque menos intensas que la anterior. La primera es la progresiva tramitación de proyectos contrarios a la Constitución. Presentar iniciativas contrarias a la Constitución había sido de larga tradición en Chile, pero nadie se las tomaba en serio o no las tramitaban. Eso siempre ha ocurrido en cuanto a que ha habido una cierta rebelión, pero esos proyectos ahora están teniendo más larga tramitación. Y ese es un riesgo, porque de nuevo implica un cambio bien importante respecto del poder del Presidente en la tramitación de las leyes. Yo sería partidario de atenuarlo [el poder], pero hay que diseñar bien las cosas y no infringiendo la Constitución, porque los resultados son siempre malos”.

—¿Y la segunda mutación constitucional?

“Que el propio Tribunal Constitucional está siendo más activista que lo que había sido su tradición. Está leyendo en la Constitución más de lo que la Constitución textualmente dice”.

—Por ejemplo…

“Cuando el Tribunal Constitucional dice que las personas jurídicas tienen objeción de conciencia en condiciones de que la Constitución no consagra textualmente la objeción de conciencia ni siquiera para las personas naturales, yo creo que está leyendo más de lo que dice”.

“O cuando el Tribunal Constitucional dice quiénes pueden negociar colectivamente, si el sindicato o los trabajadores agrupados, me parece que el TC resuelve una cuestión que la Constitución no dice. Esa tendencia a hacer que la Constitución diga más que lo que textualmemte dice, es una mutación constitucional. Y es muy inconveniente, porque las constituciones son posibles en la medida en que dicen poco”.

—¿A qué se refiere? ¿A que sea más literal?

“En la medida en que usted expande la Constitución, usted limita la actividad política. Porque las constituciones son, por definición, antidemocráticas. Son aquellas reglas mínimas necesarias para que funcione la democracia. Y tienen que ser pocas. Porque si resolvemos los problemas de la política como si fueran problemas constitucionales, eso hace que la política no pueda solucionar los problemas. Y la política es la regla de mayoría. Y en Chile hay una tendencia creciente en el Tribunal Constitucional, y creo que también en algunos sectores de la Corte Suprema, a resolver problemas propios de la política”.

—La Tercera Sala Constitucional de la Corte Suprema, por ejemplo, ha fallado en contra de las isapres por falta de cobertura. Así también se ha “saltado” la Ley Ricarte Soto, pues no cubre costosos medicamentos para enfermedades escasas. Entonces, ha debido reinterpretar leyes. Si el TC también lo hace, ¿no se trata acaso de una tendencia mundial de los jueces de no ser tan literales como antes?

“No diría que es una tendencia, sino una tensión mundial y con resistencia. Y claro, en Chile se ha expandido, yo creo que en buena parte, porque la política no soluciona los problemas. Porque cuando la política no soluciona los problemas de las isapres, terminan haciéndolo los tribunales”.

—También ha ocurrido en la Suprema con algunos proyectos medioambientales.

“Correcto. Cada día más el equilibrio entre medioambiente, que es un problema que tiene que resolver la democracia, está siendo resuelto por los tribunales. Lo mismo ocurre con el matrimonio homosexual, la posibilidad de que los padres homosexuales puedan quedarse al cuidado de los hijos, y así. También pasó en el tema de derechos humanos, porque nunca la política se atrevió a meter la mano”.

—Lo hizo después de las acusaciones constitucionales a los supremos.

“Lo que pasa con el Congreso es que de repente toma atajos que, a mi jucio, son muy inconvenientes y muy torpes. Cuando en sus manos está el legislar para cambiar el orden y se opta por un mecanismo mucho más ruidoso e inadecuado como una acusación constitucional, es evidente. En vez de estar acusando a una persona por una reinterpretación que era posible pero dudosa; en vez de sancionar a alguien, cambia la regla”.

—Esta tendencia que describe del TC de hacer activismo, ¿ocurría cuando usted era ministro o ha ido escalando?

“La tensión nunca ha dejado de estar presente. No me gustaría comparar períodos, porque es desagradable e ingrato. Pero la tensión siempre ha estado presente entre el tribunal más literal con el de una lectura más expansiva. El problema de esa lectura expansiva es que es poco deferente con las decisiones de la mayoría, con uno de los principios básicos de la democracia. Y que es que las cosas políticas se resuelven por mayoría salvo que se quiebren reglas cruciales que son precondición de la propia democracia. Porque ahí tenemos que tener un Tribunal Constitucional con mucha fuerza, con mucha legitimidad, con vigor y mucha claridad para decir ‘esto no se puede hacer’. Pero tiene que hacerlo solo en casos extremos”.

—Hoy hay una tendencia de los ciudadanos a llevar muchos casos al TC. Y también de los tribunales. Un ejemplo es la causa que la Corte de Apelaciones envió al TC para que se pronuncie por la situación de la profesora que quiere sacar sus fondos de su AFP. Usted es el abogado de Cuprum.

“Bueno, precisamente porque soy abogado de Cuprum es que no debo entrar en esa polémica que la tendré en la propia sede del TC”.