En terreno de nadie: ¿Qué hay detrás de las usurpaciones masivas y las “tomas VIP”?

En Radio Pauta analizamos qué hay detrás de los continuos desalojos masivos y demoliciones, que se han vuelto recurrentes en el último tiempo.

Una de las prácticas que ha ganado fuerza en Chile son las tomas ilegales de terrenos. Casos diversos como el de San Pedro de la Paz y el más reciente en Constitución dan cuenta de que el crimen organizado está desplazando al Estado.

Mafias ocupan recursos y herramientas para adueñarse de lugares en donde se han levantado viviendas, para luego subarrendarlas a personas que buscan desesperadamente un techo. En muchos casos estas víctimas son inmigrantes.

En terreno de nadie: ¿Qué hay detrás de las usurpaciones masivas y las “tomas VIP”?

Según un estudio de la oficina de urbanismo Atisba, la acción de grupos delictuales que usurpan terrenos privados y fiscales, abriendo calles con maquinaria pesada para vender o arrendar sitios, está siendo fundamental para entender este fenómeno.

Este negocio ilegal, según detectó la oficina de urbanismo, representaría un 38% del crecimiento de los campamentos entre 2018 y 2022.

Para Caroline Iribarne, directora de Proyectos de Atisba, “las mafias llegan con maquinarias de noche, abren rejas, trazan calles, cercan y hacen una especie de topografía o loteo para luego comercializar esos terrenos”.

Iribarne aseguró que “este fenómeno era común verlo en ciudades latinoamericanas, las habíamos estudiado, estaban presente en el 50% de algunas ciudades de Colombia y Nicaragua, pero en Chile esto es nuevo, desde hace 5 o 6 años la situación cambió“.

Tras una investigación, Atisba concluyó que “estas situaciones se producen porque la producción de viviendas por parte del Estado va muy lenta. Ante la desesperación, la gente no quiere seguir esperando, por eso optan por irse a campamentos”.

Esta práctica se evidencia en algunos casos recientes que han ocurrido en Chile, tales como el de San Pedro de La Paz, donde gente se organiza para usurpar viviendas o en Constitución, donde vimos verdaderos “loteos VIP”.

En Radio Pauta, el arquitecto y decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad del Desarrollo, Pablo Allard dijo que “claramente, se pone en evidencia la crisis habitacional que estamos viviendo en el país”. Y agregó que los hechos son una muestra de cómo “se ha ido infiltrando la acción de grupos antisistémicos, particularmente el narco y crimen organizado, en el tema de las tomas ilegales”.

El caso de Constitución, este miércoles se comenzaron a realizar las aciones de desalojo y demolición de la denominada “Toma VIP”, en la región del Maule.

Corresponden a 31 viviendas, las cuales iban desde casas, cabañas, hasta restaurantes, que estaban construidas en terreno fiscal, a orillas del mar y sin ningún permiso de edificación. Las construcciones estaban dedicadas a rubros como cabañas de turismo, escuelas de surf, restaurantes, entre otros.

“Si el Estado no se pone las pilas para frenar esta industria y acelerar los planes de vivienda social, estamos en una complicación sobre el futuro de nuestras ciudades” señaló Iribarne.

En esa línea, la socia de Atisba expresó que “el Ministerio de Vivienda y Urbanismo está 100% enfocado en proveer y habilitar suelos para enfrentar la crisis habitacional. Pero creemos que el Estado tiene que evitar las tomas rápidas. Hemos visto respuestas de la autoridad legal que llaman a ponerse de acuerdo con quienes se toman los terrenos. Es un tema de seguridad al 100%. El Estado tiene que ser mucho más duro y ponerle coto“.

Sobre este tema, y en referencia a lo sucedido en San Pedro de la Paz, el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, Juan Armando Vicuña, señaló que la situación “deja en evidencia la necesidad de que las autoridades cumplan con su mandato de hacer valer el Estado de Derecho y resguarden la seguridad de las personas en todo el territorio nacional y donde se requiera”.

En paralelo, la Sala del Senado aprobó este martes el proyecto de ley de usurpaciones, iniciativa sanciona con presidio toda hipótesis de usurpación, aumenta el periodo de flagrancia y facilita la restitución del inmueble ocupado. El proyecto de ley pasará a la Cámara de Diputados para continuar su tramitación.