La última arista judicial abierta de Pablo Longueira
El 5 de octubre comienza la audiencia de preparación para el juicio oral por el caso SQM. El exsenador, que acaba de inscribirse en la UDI y volvió a la política, está acusado de cohecho.
El próximo lunes 5 de octubre comienza la Audiencia de Preparación de Juicio Oral en que se encuentran acusadas 10 personas por el caso SQM, entre ellas el exsenador, excandidato presidencial y exministro Pablo Longueira (UDI) y el exgerente general de Soquimich (SQM), Patricio Contesse.
Se trata de la última arista judicial que Longueira tiene abierta debido a las comunicaciones -vía correo electrónico- que tuvo con Contesse, en las que abordaban el proyecto de ley sobre royalty minero en 2010. La iniciativa fue impulsada por el Gobierno luego del terremoto del 27 de febrero de ese año con el fin de financiar el proceso de restauración. Para la parte acusadora, las gestiones de Longueira habrían estado destinadas a beneficiar a la empresa.
En este caso, según explicó esta semana la fiscal regional de Valparaíso Claudia Perivancich, se pide para el exsenador una pena de 818 días de reclusión menor en su grado medio y la inhabilitación temporal para el ejercicio de cargos y oficios públicos durante el lapso de cinco años y un día.
La Audiencia de Preparación de Juicio Oral implica que el tribunal -en este caso el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago- conocerá la acusación de la Fiscalía y determinará qué pruebas finalmente serán rendidas cuando se desarrolle el juicio oral, que se estima sería en 2021.
También se evalúa la concurrencia de los peritos y testigos: cuáles serán parte del juicio oral y cuáles no. A su vez, es la última oportunidad que tienen los acusados de acceder -si se los ofrece el Ministerio Público- a salidas alternativas.
En el caso de Longueira, este ha insistido en que quiere llegar al juicio oral. Pero también la fiscal Perivancich dijo en El Mercurio que “respecto de los delitos de soborno y cohecho, no hay ninguna posibilidad de suspensión condicional del procedimiento por su gravedad”.
La determinación de la fecha de la Apjo concidió con la reaparición en la escena política de Pablo Longueira, quien anunció que el próximo 25 de octubre votará Apruebo en el Plebiscito para decidir si se quiere una nueva Constitución, que prevé ser candidato a la Convención Constituyente y, además, postular a la presidencia de la UDI.
En una entrevista con Cristián Warnken en Desde el Jardín de Radio PAUTA, el pasado 1 de septiembre, el exsenador señaló sobre su acusación en el caso SQM que es inocente y que lo probará en el juicio: “Yo me autoimpuse normas éticas muchísimo más exigentes que las leyes. Nunca he tocado un peso que no es mío. De lo único que no me pueden acusar es de lo que me están acusando […] No me voy a parar frente a mi hijo a reconocer delitos que nunca cometí. Jamás. Voy a juicio oral y espero que los tribunales me recuperen en algo la imagen que me han destruido”.
Mientras que sobre su postura frente a una nueva Carta Fundamental dijo: “Creo que Jaime Guzmán estaría en la posición que estoy yo, porque hay una realidad: las constituciones son constituciones que tienen tiempos”.
Lo que la Fiscalía le imputa
La acusación contra Longueira fue presentada el 9 de julio de 2018 por el entonces fiscal regional de Valparaíso Pablo Gómez, cargo que hoy ocupa Perivancich. Además, se hizo parte el Consejo de Defensa del Estado (CDE).
En ese entonces, Gómez presentó la acusación en contra de 16 imputados por delitos tributarios. De ellos, seis han terminado sus causas, mientras otros 10 tienen sus casos abiertos, entre ellos el excandidato presidencial Marco-Enríquez Ominami.
En el caso de Longueira, la Fiscalía, además de cohecho, también le imputó delitos tributarios. Sin embargo, fue sobreseído por el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, pues el Servicio de Impuestos Internos (SII) no presentó querella nominativa en contra del exsenador de la UDI, resolución que en mayo de 2019 confirmó la Corte de Apelaciones de Santiago.
Según la investigación de la Fiscalía, en la época en que era senador y participó en la tramitación de Ley de Royalty, que implicó un incremento gradual de los pagos a mineras de una invariabilidad del impuesto a futuro, los correos electrónicos con el exgerente general de SQM mostraban que un artículo de la legislación era textual a sugerencias de Contesse.
“Es él quien interviene en forma directa con el gerente general de SQM en su calidad de senador, aprueba esta misma ley que estaba en beneficio de aquellos que lo estaban financiando y luego él, como ministro de Economía, suscribe los contratos de invariabilidad que le permiten concretar el beneficio en favor de las empresas”, dijo Gómez en 2018.
La versión del exsenador
La versión de Longueira es distinta. Esta semana dio una entrevista a Radio Cooperativa y cuando le preguntaron si al regresar a la política y tener abierta esta arista judicial por el caso SQM tenía “una mochila” a cuestas, el exsenador respondió molesto: “No tengo tejado de vidrio, no tengo complejos, así que no sigan con eso. No tengo mochilas, camino por la calle con la frente en alto y las manos limpias. No hubo nadie más honesto que yo en la política chilena”.
Luego, entregó su versión sobre el caso SQM: “El correo electrónico (con Contesse) existió porque a mí el Gobierno me pidió, cuando se le cayó el royaly -en la ley de financiamiento para el tsunami- que lograra un consenso en una ley del royalty. Y lo logré”.
Añadió que “me junté con Navarro, con Sabag, con Zaldívar, con toda la Concertación. Fui a hablar con Antofagasta Minerals y con Soquimich. Y cuando fui a hablar con Patricio Contesse, me dice: ‘Hay una discriminación con las empresas nacionales’. ‘No puede haber’ -le digo yo-, si la ley Lagos estableció que era sin discriminar. Mándame un correo'”.
En su relato agregó que, entonces, Contesse le envió el correo y que, “dos horas después se lo mandé a Cristián Larroulet y había una discriminación. Y por eso el Gobierno la incorporó”.