Los puntos clave propuestos para la ley antiterrorista y el sistema de inteligencia

Agentes encubiertos, interceptación de teléfonos, entregas vigiladas y la creación de la figura de la cooperación eficaz y del terrorismo cibernético son parte de los cambios.

El atentado a la 54º Comisaría de Huechuraba que dejó a ocho carabineros heridos, y el envío de un paquete con dinamita al exministro del Interior Rodrigo Hinzpeter a su oficina de Quiñenco, en Las Condes, reactivaron el debate respecto de los cambios que requiere la Ley Antiterrorista, un proyecto que cuenta con suma urgencia desde el 17 de julio, por lo que debería votarse en sala del Senado la primera semana de agosto.

De hecho, el Presidente Sebastián Piñera pidió al Congreso aprobar la legislación, en cuyos aspectos fundamentales toma herramientas de otras leyes -como la de drogas y lavado de activos- para enfrentar este tipo de delitos. Por ejemplo, la utilización de agentes encubiertos, agentes reveladores, interceptación de comunicaciones telefónicas, entregas vigiladas y la creación de la figura de la cooperación eficaz. Esto, además de incorporar dos temas “nuevos”: el terrorismo cibernético y que este tipo de delitos se pueden cometer no solo por grupos organizados, sino que también por una persona.

“Sé que interpreto a todos mis compatriotas al liderar una lucha sin tregua, sin cuartel, sin ninguna contemplación contra el terrorismo, contra el narcotráfico y contra la delincuencia. Para eso, Chile necesita que el Congreso de una vez por todas apruebe la nueva ley antiterrorista, que va a dar muchos más instrumentos, facultades, para que las policías, los fiscales y los jueces puedan combatir al terrorismo”, dijo el Mandatario al visitar la comisaría afectada.

No es todo. Parlamentarios de distintos sectores, entre ellos los senadores Víctor Pérez (UDI) y Felipe Harboe (PPD), ambos de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia y de la Comisión de Seguridad Pública de esa cámara, además de ratificar la urgencia aprobar los cambios a la Ley Antiterrorista, enfatizaron en la importancia de tener un sistema de inteligencia coordinado.

Haboe señaló a PAUTA que además de cambiar la ley, hay que superar algunos paradigmas. “En la política no se han querido poner de acuerdo” y “hay que abandonar los traumas del pasado para un sector de la izquierda y también entender en el mundo de la derecha que esto no es automático”.

En la misma línea se mostró Jorge Burgos, exministro del Interior durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet, quien señaló en PAUTA que es necesario cambiar el añoso sistema de inteligencia: “En su matriz tiene 40 años y hay que modificarlo y otorgarle instrumentos más útiles para combatir un delito muy complejo de combatir, con grupos articulados con grados de intelectualidad mayores al delincuente común y para eso ayuda un instrumento mayor”.

Sobre el punto, ya hay un camino trazado y este es el Sistema de Inteligencia del Estado (SIE), que es parte de los resultados del acuerdo al que llegó la Mesa de Seguridad Pública que convocó Piñera en abril de 2018. En sus puntos principales crea un “Consejo Asesor de Inteligencia”, integrado por el ministro del Interior y Seguridad Pública; el ministro de Defensa Nacional; el subsecretario del Interior, y los jefes de los organismos que conforman el SIE. La finalidad: asesorar directamente al Presidente de la República en materias de inteligencia con, a lo menos, una reunión semestral.

Además, establece coordinación, liderada por la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), con organismos tales como Aduanas, Servicio de Impuestos Internos (SII) y Gendarmería.

El proyecto del ley del SIE se encuentra en primer trámite legislativo en las comisiones unidas de Defensa y Seguridad Pública.

“No hay buenas policías”

El penalista Juan Pablo Hermosilla, quien en 2014 encabezó la comisión de expertos creada por la expresidenta Bachelet con miras a modificiar la Ley Antiterrorista, dijo en Pauta Final que esa legislación se debe repensar. A su juicio, “tiene una forma de tipificar, de condenar los delitos que hace casi imposible probarlo porque requiere acreditar, por ejemplo, que la intencionalidad era producir temor en la población. Eso es muy difícil de acreditar y por eso no ha habido prácticamente condenas por ese delito”.

Hermosilla planteó que “se requiere tener policías a la altura de esta situación y un sistema de inteligencia con funciones operativas capaces de prevenir o neutralizar estas amenazas terroristas rápidamente”. Y añadió: “En Chile no hay buenas policías desde el punto de vista investigativo”.

Según el penalista, hoy no existe una verdadera inteligencia que opere con estándares mínimos para proteger una democracia. 

Sobre los dichos de Felipe Harboe, Hermosilla coincide en que “tenemos un síndrome de estrés postraumático pero hay que superarlo”. Y ejemplificó con el caso de Alemania, que creó un sistema de inteligencia que no se usa para perseguir enemigos políticos, sino el terrorismo y el narcotráfico.

Entrevista completa con Juan Pablo Hermosilla:

Un fiscal regional y jueces de Santiago

De acuerdo con el proyecto descrito en la página de Senado, se proponen 11 cambios a la actual Ley Antiterrorista. Además de incluir técnicas investigativas usadas en otras leyes -mencionadas al comienzo de este artículo-, se propone “una nueva definición del tipo penal del terrorismo que permita evitar problemas de subjetividad y facilitar una interpretación objetiva de la prueba de los hechos o de las conductas de dicho delito por parte de la fiscalía y de nuestros tribunales”.

Además, se plantea la sanción a la apología a las acciones terroristas cuando estas han sido determinadas por sentencias judiciales que se encuentran ejecutoriadas; el fortalecimiento de las medidas de protección a la identidad y seguridad de los testigos (en algunos casos las víctimas, los peritos cooperadores y sus familiares) y restringir los beneficios a quienes han sido condenados por Ley Antiterrorista. Esto, a fin de que “no se le apliquen penas sustitutivas y que cualquier beneficio de acceso a libertad condicional se cumpla una vez haya cumplido dos tercios de su pena y no la mitad como ocurre actualmente”.

También se propone que sea un fiscal regional quien investigue un delito de carácter terrorista debido a su complejidad, al igual que los casos de genocidio y de lesa humanidad.

Y, tal como ocurre con los casos de narcotráfico y lavado de dinero, se plantea que los bienes que fueron destinados por cometer delito terrorista y que hayan sido decomisados, “se puedan destinar a un fondo para fortalecer la lucha” contra estos ilícitos.

Respecto de los jueces, también se genera un sistema especial: que la investigación y juzgamiento de los delitos terroristas más graves “se pueda radicar en los juzgados de garantía y en los tribunales orales de la Corte de Apelaciones de Santiago para asegurar mayor eficacia y mayor imparcialidad”.

Una reunión secreta

En el caso del proyecto que moderniza el SIE, junto con la creación del Consejo Asesor de Inteligencia, se propone sumar al SIE las unidades de inteligencia de Gendarmería y Aduanas, respectivamente, a fin de que sus jefes sean parte de este organismo. Así, serán parte de un comité que no solo intercambie información, sino también optimice, evalúe y revise su flujo.

En otros de sus puntos establece que la UAF y el SII también sean parte del SIE para entregar información estratégica.

Y, además de fortalecer el sistema de inteligencia, se plantea, entre otros puntos, la creación del cargo de subdirector de la ANI. Al mismo tiempo, el director de esta agencia debe informar semestralmente y en sesión secreta a las comisiones de Defensa Nacional y de Seguridad Pública del Senado -unidas- sobre el cumplimiento de la Estrategia Nacional de Inteligencia del Estado.