En medio de la polémica generada por los indultos entregados el pasado 30 de diciembre, el Presidente Gabriel Boric aceptó la renuncia de la ministra de Justicia, Marcela Ríos. La secretaria de Estado fue reemplazada por el abogado Luis Cordero, que se desempeñaba como académico en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y socio del estudio de abogados FerradaNehme.
En conversación con Pauta Final, de Radio PAUTA, Cordero se refirió a la tramitación de los siete recursos ante el Tribunal Constitucional que buscan demostrar la inconstitucionalidad en la concesión de los beneficios penitenciarios por parte del Mandatario.
"El debate ha quedado ahora focalizado en una discusión jurídica. Es decir, sobre las competencias, las atribuciones y la manera en la cual se ejerció esa potestad [...]. La evaluación sobre el mérito es una discusión política, sobre la cual puede haber convergencias y discrepancias [...]. Es conveniente distinguir esto, porque lo que se discute ante el Tribunal Constitucional son cuestiones de derecho, como si tenía la atribución para indultar, si correspondía el ejercicio de firma delegada, si son casos calificados o no, está justificado el caso calificado, o no", dijo el titular de Justicia.
En esa línea, aclaró que "lo que se va a discutir en el tribunal es si el ministro de Justicia, por orden del Presidente de la República, porque así son los decretos, ejerció la atribución dentro de sus competencias".
Sobre la categoría de los indultos, Cordero precisó que "estos son indultos conmutativos. Son personas que están sometidas a la supervisión de Gendarmería en la actualidad. No es que sean personas que se le perdonó su pena y están en completa disponibilidad de su libertad".
"Están sujetas a la supervisión permanente de Gendarmería y, de una u otra manera, mantienen el control del Estado sobre ellas", añadió.
El abogado relevó, además, que el Tribunal Constitucional pidió "copia de todos los indultos otorgados desde 1981 hasta hoy" y afirmó que "el Ejecutivo va a entregar esos antecedentes". Además, mencionó que entre 1990 y 2023 se han otorgado 1.600 indultos particulares.
"Bajo distintas administraciones, y bajo criterios bien distintos, se ha ejercido la potestad de indulto. Mirar eso en perspectiva es bien relevante para efectos de la decisión del tribunal", recalcó.
Cordero señaló que "la manera en que la oposición organizó esta impugnación obliga no solo a defender estos indultos, sino también la forma y modo en que las administraciones con anterioridad han ejercido la potestad y han firmado sus decretos".
Respecto a la posibilidad de entregar más indultos a quienes estén en prisión por delitos cometidos durante el estallido social, el ministro de Justicia afirmó que "sobre mi escritorio no tengo ninguna otra solicitud [...]. De ningún indulto y, de este tipo en particular, ninguno".
"A mí me corresponde ejercer la potestad de indulto de acuerdo a los antecedentes que alleguen en su oportunidad, y depende de cada caso", planteó.
A juicio de Luis Cordero, "en Chile no existen presos políticos, de acuerdo a los estándares legales generalmente aceptados".
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