Las “violaciones graves a los derechos humanos” que denuncia el informe de Bachelet
El documento de la ONU cuestiona que Carabineros haya actuado sin distinguir entre protestas pacíficas y violentas.
En línea con lo que diferentes organismos habían denunciado durante las últimas semanas, el informe de la misión especial que envió a Chile la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), dio cuenta de que “hay razones fundadas para sostener que, a partir del 18 de octubre [cuando se desató la crisis social], se han producido un elevado número de violaciones graves a los derechos humanos” en el país.
La Acnudh está encabezada por la expresidenta Michelle Bachelet.
No se manifiesta que esas violaciones hayan sido de manera “deliberada”, como denunció Amnistía Internacional, ni tampoco sistemática, pero sí se constata que fueron “reiteradas” en el tiempo y en el espacio, y que incluyeron “el uso excesivo o innecesario de la fuerza que resultaron en la privación arbitraria de la vida y en lesiones, la tortura y malos tratos, la violencia sexual y las detenciones arbitrarias”. Si bien la mayoría de los esos hechos ocurrieron en la Región Metropolitana y en zonas urbanas, afectando a principalmente a jóvenes y adolescentes, como dice el informe de la misión que estuvo en Chile entre el 30 de octubre y el 22 de noviembre, tienen antecedentes de casos en todo el país.
Otro de los informes ya recibidos por el Gobierno es el de Human Rights Watch, el cual también registró violaciones a los derechos humanos en Chile y pidió reformas importantes a Carabineros.
El papel de Carabineros
Entre las conclusiones del informe de 35 páginas, se hace hincapié en las irregularidades cometidas por Carabineros, institución a la que se le atribuye la mayoría de los abusos. “La gestión de asambleas por parte de Carabineros se ha llevado a cabo de manera fundamentalmente represiva. Carabineros ha incumplido, de forma reiterada, con el deber de distinguir entre manifestantes violentos y personas que se manifestaban pacíficamente. Carabineros utilizó fuerza no letal cuando la manifestación fue pacífica, con el objetivo aparente de dispersar la manifestación o evitar que los participantes llegaran al punto de reunión”, detalla el documento.
Con todo, los observadores aseveran que “hay razones fundadas para sostener que ha habido un uso desproporcionado y a veces innecesario de armas menos letales, en particular escopetas antidisturbios pero también gases lacrimógenos, utilizados a corta distancia”. Esas armas, como se detalla, se observaron tanto durante manifestaciones pacíficas como en el contexto de enfrentamientos violentos entre manifestantes y fuerzas de seguridad, “especialmente por parte de Carabineros”.
A pesar de que pudieron obtener antecedentes fidedignos de hechos calificados como “graves”, los profesionales hicieron presente que “distintas instituciones han adoptado medidas para garantizar la investigación de violaciones a los derechos humanos, para asegurar el acceso a abogados de los detenidos, el acceso a servicios para víctimas y para proporcionar información completa, regular y accesible al público. Los tribunales han emitido fallos para proteger a las personas que ejercen sus derechos, incluida la reunión pacífica”.
Así las cosas, Acnudh “reconoce al Gobierno de Chile su amplia cooperación, incluyendo el diálogo franco mantenido, la extensa información recibida y el acceso irrestricto a todos los lugares que solicitó visitar”.
Los abusos más graves
La Oficina de la Alta Comisionada para los DD.HH. logró documentar, asegura, “cuatro casos de privaciones arbitrarias de la vida y muertes ilícitas que involucran a agentes del Estado”. Se puntualiza, también, que hay registro de que un “gran número de personas” arrestadas y detenidas fueron maltratadas. “Algunos de estos casos, incluidos los de violencia sexual, simulación de ejecuciones y amenazas de que las personas serían ‘desaparecidas’, equivalen a tortura. Muchos de estos casos ocurrieron en lugares sin cámaras de vigilancia y con los perpetradores no debidamente identificados”, detalla.
El documento, además, advierte que hay un alto número de “detenciones indiscriminadas”, lo que a ojos de la norma internacional podría resultar “arbitrario”.
Especial mención se hizo respecto del alto número de personas que resultaron con lesiones oculares, manifestándose preocupación por el uso de perdigones de plomo y no de goma, como dicta la norma. “Preocupa también a la Acnudh que casos de lesiones oculares continuaron reproduciéndose, pese a la existencia, desde la etapa inicial de las protestas, de información relacionada con el impacto causado por armas menos letales”, se indica.
Sobre aquello, el informe es claro en sostener que las medidas adoptadas por parte de las autoridades “no fueron eficaces, expeditas y oportunas” para minimizar el riesgo para las personas.
Ante la evidencia recopilada, “preocupa” a la Acnudh el bajo número de formalizaciones contra presuntos autores de violaciones a los derechos humanos, “pese al gran número de denuncias y acciones judiciales”. Preocupa, insisten, la falta de información pública por parte de las fuerzas de seguridad sobre las acciones que han sido adoptadas para garantizar la “rendición de cuentas”.
Las amplias recomendaciones
Producto de las graves situaciones constatadas por los observadores, Acnudh hace 21 recomendaciones al Estado de Chile, entre ellas, que se asegure a las personas poder, durante las manifestaciones, ejercer sus derechos de reunión pacífica y a la expresión, sin restricciones ni riesgos innecesarios y desproporcionados para su integridad física y otros derechos humanos.
Se pide, en esa línea, “asegurar efectivamente que las fuerzas del orden público sigan estrictamente las normas internacionales sobre el uso de la fuerza en todo momento. Garantizar el uso de métodos no violentos antes de recurrir a armas menos letales, y que estas sean utilizadas, en todo momento, de plena conformidad con las normas internacionales”.
Considerando el rol que jugó Carabineros, se le solicita al Estado tomar las siguientes medidas: asegurar la supervisión civil y el monitoreo independiente de sus actividades; garantizar que se utilice una identificación adecuada en todas las actividades relacionadas con la seguridad pública; fortalecer los sistemas de registros de detención a fin de garantizar que la información sea recopilada de forma íntegra, oportuna y de forma desglosada; asegurar que se reciba capacitación de vanguardia sobre el uso de medios no violentos para la gestión de asambleas y tácticas de reducción de hostilidades; e incluir en sus regulaciones internas medidas específicas de protección para personas y grupos discriminados, en particular para personas con discapacidad.
Se incluye que el Estado debe asegurar que el mantenimiento de la seguridad ciudadana esté primariamente reservado a los cuerpos policiales civiles. “Cuando militares excepcionalmente intervengan en tareas de seguridad, su participación debe ser: a) temporal y restringida; b) subordinada y complementaria a las labores de las corporaciones civiles; c) regulada y d) fiscalizada por órganos civiles competentes”, expresan.
Se pide, en este contexto, asegurar que se cumpla el deber del Estado de investigar todas las denuncias de violaciones a los derechos humanos; garantizar que no haya impedimentos procesales para determinar la responsabilidad penal individual, como la defensa de la obediencia a órdenes de superiores; asegurar que las víctimas de violaciones de derechos humanos tengan acceso a un recurso fácil, rápido y efectivo en forma de procedimientos penales, civiles, administrativos o disciplinarios; establecer un mecanismo para recopilar, sistematizar y hacer pública la información sobre las violaciones a los derechos humanos cometidas, las investigaciones realizadas y las sanciones establecidas; adoptar las medidas y acciones necesarias para asegurarse que no ocurran violaciones de derechos humanos cometidas en el contexto de manifestaciones; entre otros aspectos.
La mención al proceso constituyente
Si bien la misión tenía como mandato constatar la situación de los derechos humanos en el país, en medio de un gran número de denucias de abusos, el informe incluyó un aspecto anexo.
La recomendación número 19 del informe solicita “asegurar que el proceso de elaboración de una nueva Constitución sea inclusivo, participativo y transparente, incluso garantizando la paridad de género (50% mujeres, 50% hombres) durante el proceso y la participación de los pueblos indígenas y todos los demás sectores de la sociedad”.
“Los derechos humanos deben estar en el centro de este debate nacional”, se agrega.
En Chile los partidos políticos con mayor representación parlamentaria resolvieron conducir este proceso a partir de un acuerdo el 15 de noviembre. En él se dispone que lo primero será preguntarles a los chilenos si acaso desean una nueva Constitución, para lo cual será convocado un plebiscito para el 26 de abril.