El ahora general (r), quien está citado como inculpado a declarar ante la jueza Rutherford, criticó la justicia militar. Su defensa, Juan Carlos Manríquez, dice a PAUTA que una opción es recurrir la justicia internacional.
Agencia Uno/Poder Judicial
Un día antes de que se concrete su citación a declarar en calidad de inculpado ante la ministra Romy Rutherford en la causa sobre el fraude por el uso de pasajes, fechada para el 3 de marzo, el comandante en jefe del Ejército, Ricardo Martínez, presentó su renuncia. Y lo hizo en medio de su discurso durante la cuenta pública, en el que formuló duras críticas al sistema de justicia militar, las que dan indicios del camino que tomará en adelante su defensa, el penalista Juan Carlos Manríquez.
Era, a la vez, su último discurso antes de entregar el mando a su sucesor, el general Javier Iturriaga, quien asume el 9 de marzo.
Martínez es indagado en una de las 40 aristas que tiene la investigación de la ministra Rutherford. En este caso se refiere a la denominada fletes y pasajes, en la que se indaga el mal uso de dineros de pasajes aéreos de viajes institucionales.
Precisamente, en estas dos aristas la jueza Rutherford ya ha procesado a los tres excomandantes en jefe del Ejército que antecedieron a Martínez entre 2010 y 2018: Óscar Izurieta, Juan Miguel Fuente-Alba y Humberto Oviedo.
Sin embargo, los procesamientos de Izurieta, Fuente-Alba y Oviedo ocurrieron después de que dejaran el Ejército. En cambio, en el caso de Martínez, de ser eventualmente procesado, habría sido la primera vez en que un excomandante en jefe de Ejército en servicio activo fuera sometido a un procesamiento.
Eso explica que Martínez presentara su dimisión la mañana del 2 de marzo, pues cuando declare ante la jueza lo hará como excomandante en jefe. Incluso, en su carrera contra el tiempo intentó posponer su citación ante Rutherford hasta después de que dejara oficialmente su cargo. Pero no lo logró.
El Presidente electo ya tuvo una cita protocolar con los comandantes en jefe del Ejército, la Armada y la Fach, y los directores de la policía civil y uniformada. Con el general de Carabineros hubo otra cita.
Romy Rutheford es ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago. Su indagatoria en la causa del fraude del Ejército la realiza como integrante de la Corte Marcial. Por ello, su investigación se enmarca dentro de la justicia militar, que opera tal cual el antiguo sistema de justicia, el mismo en que han sido procesados y condenados cientos de exuniformados por causas de violaciones a los derechos humanos.
Además, la justicia militar no contempla el derecho a guardar silencio y ni a declarar sin la presencia de un abogado. También, la investigación es reservada.
Esto implica que, a diferencia del actual sistema de justicia en que la Fiscalía investiga y los tribunales resuelven, en la justicia militar son los jueces quienes investigan, procesan y condenan.
Ese es, justamente, un punto clave para la inmediata situación Martínez, pues la ministra Romy Rutherford tiene la facultad legal de interrogarlo y, si lo estima, dejarlo detenido durante cinco días hasta resolver si lo procesa o no.
Es la razón, por ejemplo, que varios excomandantes en jefe, como en el caso de Oviedo y Fuente-Alba, hayan recurrido con anterioridad al Tribunal Constitucional (TC) argumentando que se vulnera su debido proceso. Y, por las críticas de Martínez en su discurso, se desprende que esta será una de las líneas que tome Juan Carlos Manríquez, quien es especialista en causas de alta complejidad.
Al respecto, el abogado dijo a PAUTA: "La justicia militar chilena se basa en un procedimiento escrito y secreto que data de 1925 hasta 1935, que tiene una inspiración de 100 años antes, es decir, una regulación de 200 años. En ese contexto, este sistema no asegura un debido proceso en una igualdad de armas en comparación a los sistemas procesales modernos de estados de derecho democráticos".
"Por ejemplo, graves violaciones a los derechos humanos actuales investigados por la Fiscalía, o procesos de extradición de personas condenadas por crímenes políticos o graves, gozan de más garantías que las que tiene un militar en el sistema procesal chileno. Y eso es, a estas alturas, insostenible", agrega.
Durante su discurso, Martínez dijo que "manifiesto enfáticamente al país y a mis camaradas de armas mi inocencia en tales imputaciones". Y que "siempre he actuado de buena fe y todos mis actos se han ajustado a la normativa vigente en la institución. Y con la misma convicción indico que pondré todo mi esfuerzo para así demostrarlo en las instancias judiciales que así correspondan".
Cuando se refirió al tipo de sistema de justicia en el que es requerido, señaló: "Al igual que todos miembros de las FF.AA., sujetos al código de Justicia Militar, me deberé someter cuando corresponda a la jurisdicción de un sistema que no tiene ni entrega las debidas garantías procesales, como sí las tiene la mayoría de los chilenos, entre ellas el derecho a guardar silencio, a declarar con la asistencia de un abogado y conocer los hechos por los cuales se les investiga y que son derechos básicos y universalmente reconocidos".
Incluso, dijo que "el Estado de Chile no ha tomado acción ninguna. Los cuestionamientos a la justicia militar que señalo no son de mi autoría, son los mismos que la Corte Interamericana de DD.HH. ha plasmado en diversas sentencias".
La paralización de la causa contra el general (r) que indaga la jueza Rutherford puso de nuevo en la mira al Tribunal Constitucional. ¿Qué hay tras la demora en sus resoluciones?
El penalista Juan Carlos Manríquez, defensa del general (r), señaló a PAUTA que son varios los caminos que pueden tomar. Uno de ellos, incluso, podría ser la justicia internacional, tal como lo deslizó Martínez en su discurso.
"Dentro de ese estrecho sistema (de justicia militar), nosotros tenemos que imponer, en primer lugar, la Constitución vigente, los tratados internacionales y ejercer nuestros derechos con lealtad pero con energía. Y tratar que se respeten las garantías que tiene el general Martínez para poder ser enjuiciado debidamente", explica.
-Si es la justicia militar es la vigente ¿qué caminos tomarán? ¿recurrirán al Tribunal Constitucional?
"Lo primero es equiparar la cancha en términos de legalidad de los tribunales. Es una estrategia compleja y uno no puede desechar ningún escenario según lo que aparece adecuado para el caso concreto. Incluso, atendidos los pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Convención Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Suprema, el Tribunal Constitucional (TC) y la Convención Constitucional (CC), la mayoría coincide en que este sistema procesal penal no cumple el estándar del respeto al debido proceso ni garantiza una eficacia concreta de los derechos humanos procesales".
Y añade: "Tampoco puedo descartar ir ante la justicia internacional, como es la Comisión Interamericana y luego la Corte Interamericana de Derechos Humanos".
Para ello, Manríquez explica que hay dos fallos de tribunales internacionales -a los que aludió Martínez en su discurso- como precedentes.
"Uno es el caso Palamara contra el Estado de Chile y otro es la sentencia de la justicia francesa en el caso del exfrentista Ricardo Palma Salamanca, que no lo extraditó a Chile para cumplir condena por el crimen de Jaime Guzmán, sosteniendo que venir a este país a ser procesado para cumplir sus últimos trámites en un régimen procesal antiguo, no se cumplen los estándares internacionales de debido proceso".
El caso Palamara, en tanto, se refiere a la condena dictada en 2005 por la Corte Interamericana (Corte IDH) contra el Estado de Chile a raíz de la denuncia de Humberto Palamara. En 1993 era capitán de corbeta e intentó publicar un libro sobre inteligencia militar, pero la Armada se lo impidió aduciendo que atentaba contra la seguridad nacional. Incluso, fue condenado por la justicia militar.
Compuesto por siete jueces nombrados por la OEA, el tribunal, que obligó a anular el fallo del caso Catrimán, recibe las causas más graves y su tramitación puede durar hasta 10 años.
Por la situación económica del país, la CChC aseguró que "la prioridad debiera estar puesta en promover la actividad y la inversión, el crecimiento económico y la creación de empleo".
La vicepresidenta ejecutiva de Fedetur, Helen Kouyoumdjian dijo que "la verdad es que nuestras predicciones son bastante más cautas que las que ha anunciado el Gobierno".
Por un lado, desde la oposición indican que con este pacto fiscal "el Ejecutivo no se está haciendo cargo de la situación económica en que nos encontramos", mientras que en el oficialismo celebran que se avance en una mayor justicia tributaria.
En PAUTA te contamos cuándo se entregará el documento oficial que contiene la nueva Constitución de Chile.
