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Lo que Piñera declaró en su defensa cuando se investigó Dominga en 2017

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Agencia Uno
POR Ana María |

El entonces candidato presidencial aseguró que su familia se desligó por completo del proyecto minero antes de que este hiciera cualquier trámite administrativo relacionado con su evaluación ambiental.

“La resolución nos deja conformes ya que ratifica lo que el Ministerio Público expuso respecto a que tras la indagatoria se pudo constatar que los hechos denunciados no eran constitutivos de delitos”.

La frase corresponde al exfiscal regional metropolitano oriente, Manuel Guerra, y la pronunció el 21 de agosto de 2017. Ese día, la Undécima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, en votación unánime de los ministros Jorge Zepeda, Fernando Carreño y el abogado integrante Jaime Guerrero, confirmó la resolución del 4° juzgado de Garantía de Santiago que el 3 de agosto había decretado el sobreseimiento definitivo del Presidente Sebastián Piñera por el caso Exalmar-Dominga.

Se trata de una causa que se originó por una querella interpuesta contra Piñera por el diputado Hugo Gutiérrez (PC), quien cuestionaba los negocios del family office Bancard en la adquisición de acciones de la pesquera de origen peruano Exalmar durante el litigio en La Haya. Pero también se abordó la participación de la familia Piñera Morel en la propiedad del proyecto minero Dominga, luego que el parlamentario presentara una ampliación de la querella para que también se indagara esta arista.

La investigación de Guerra por Exalmar duró nueve meses y, luego de su sobreseimiento, Gutiérrez recurrió de queja a la Sala Penal de la Corte Suprema, que rechazó “de plano” su petición el 6 de septiembre de 2017. Además, el diputado fue condenado a pagar las costas del juicio.

Pero cuatro años después, un antecedente que fue mencionado en la causa Exalmar, y que en 2017 había sido abordado en un reportaje de BiobioChile, volvió a estar en la agenda informativa. Este domingo 3 de octubre el medio digital Ciper y LaBot publicaron una investigación basada en los Pandora Papers que dio cuenta de detalles de la venta de la participación de la familia del Presidente en la minera Dominga al empresario Carlos Alberto Délano.

De acuerdo con la información de Ciper y LaBot, Délano compró la parte de Dominga de los Piñera Morel en diciembre de 2010, es decir, cuando el Mandatario terminaba en primer año de su primer gobierno. Y, de acuerdo con la publicación, la adquisición del proyecto minero se pactó tres cuotas. La última, se dijo, se realizó en las Islas Vírgenes Británicas y tenía una condición: que no existiesen cambios regulatorios que obstaculizaran la instalación de la mina y su puerto. 

Al respecto, Piñera habló el 4 de octubre en La Moneda y dijo que desde antes de asumir su primera presidencia, “me desligué absoluta y totalmente de la administración y gestión de las empresas familiares” y que no tuvo “ningún conocimiento ni información de las decisiones de inversión de las empresas mencionadas, las cuales son administradas por sus respectivos directorios y por equipos profesionales”.

“La decisión de esas empresas de vender minera Dominga en 2010, lo cual no me fue consultado ni informado, fue precisamente para evitar cualquier asomo de conflicto de interés”, añadió el Mandatario. Tras la información revelada por Ciper y LaBot, que es parte de un proyecto del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación junto a otros 150 medios que accedieron a 11,9 millones de documentos de operaciones realizadas en paraísos fiscales, el Ministerio Público anunció que la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional analizará si los hechos informados en los “Pandora Papers” fueron indagados anteriormente.

En tanto, en julio de 2017, cuando Guerra comunicó el sobreseimiento de Exalmar, el fiscal nacional, Jorge Abbott, dijo: “Después de nueve meses de investigación, donde se hicieron múltiples diligencias tales como oficios, revisiones de correos electrónicos, declaraciones de personas, el fiscal llegó a la conclusión de que no existía un hecho constitutivo de delito y menos era posible atribuirle a nadie participación en un hecho punible”.

Y añadió: “En virtud del principio de objetividad que lo obliga, solicitó una audiencia para el sobreseimiento definitivo de la causa en relación de la persona que aparecía como imputado, Sebastián Piñera Echenique”.

Piñera y Barrancones 

Manuel Guerra, quien dejó la Fiscalía el 1 de julio pasado, cerró la investigación el 7 de julio de 2017. Lo hizo sin formalizar a Piñera y pidiendo el sobreseimiento de la causa. En tanto, el abogado que representó fue Piñera fue el penalista Juan Domingo Acosta.

El caso, por el origen de la denuncia de Hugo Gutiérrez, se concentra en las declaraciones respecto de la pesquera Exalmar. Sin embargo, también tiene partes en las que se refiere tanto a la Central Termoeléctrica Barrancones, que se instalaría en la comuna de La Higuera, como sobre Dominga, que se proyecta en el mismo sector.

El reportaje de Ciper y LaBot recuerda que en agosto de 2010, tras una serie de protestas de medioambientalistas, Piñera canceló sorpresivamente la construcción de Barrancones, y consigna que, en ese momento, “nadie sabía que Piñera tenía intereses económicos en la zona”.

El punto ya había sido abordado en 2017 tanto por BioBioChile como en la indagatoria en el contexto de Exalmar. Y de eso da cuenta un escrito que Juan Domingo Acosta, en representación de Piñera, presentó ante el 4° juzgado de Garantía de Santiago cuando solicitó el sobreseimiento de la causa e impugnó la ampliación de la querella. Un texto en que el, además, el penalista señaló en varias ocasiones que la querella de Gutiérrez se basaba solo en la información que entregó BioBioChile. 

El exfiscal Manuel Guerra.

Según Acosta, en ese artículo periodístico “se da a entender que don Sebastián Piñera Echenique o sus familiares cercanos podrían haber tenido, al momento de formularse tal sugerencia, intereses económicos en la región en donde operaría la mencionada central, consistentes en una inversión que MFIP (Mediterráneo Fondo de Inversión) tuvo indirectamente en pertenencias mineras de lo que hoy se conoce como Proyecto Dominga. El querellante no agrega ningún otro hecho a su escrito de ampliación de querella, ni señala concretamente cuál habría sido la intervención o participación que le atribuye en estos hechos al querellado”.

Acosta añadió que “la sugerencia del Gobierno a la empresa franco belga Suez Energy, en cuanto a relocalizar el proyecto de la Central Termoeléctrica Barrancones, tuvo como único fundamento -y más allá de que cumpliera formalmente con la legislación ambiental- la necesidad de proteger desde el punto de vista ambiental la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt, y, en particular, el sector de Punta de Choros, distante sólo a 23 kilómetros del lugar donde se construiría el proyecto Barrancones”.

 

Dominga y los US$ 5 de Piñera

Acosta también abordó en su escrito el caso de la venta de Dominga, aunque no hay ninguna referencia a la tercera cláusula que denuncia Ciper y LaBot.

“En lo que a la familia Piñera Morel respecta, la inversión indirecta en las pertenencias mineras de lo que hoy se conoce como ‘Proyecto Dominga’ la realizó MFIP. (…) A la fecha de los hechos don Sebastián Piñera Echenique poseía en forma indirecta una participación insignificante en las cuotas del fondo, pues era dueño del 9,7% de Inversiones Bancorp Limitada, la que a su vez, era propietaria del 0,00000,12% en el año 2009 de las cuotas del fondo de inversión, de 0,0000005% en el año 2010; y de 0,0000003% para los años 2011, 2012 y 2013. En consecuencia: la participación indirecta de don Sebastián Piñera Echenique en MFIP representa alrededor de US$ 5 (cinco dólares americanos).

Además, señaló en el escrito, que “junto a otros inversionistas, MFIP hizo su inversión en una sociedad denominada Minería Activa Uno SpA (en la que nunca ha participado personalmente don Sebastián Piñera Echenique). Esta última compañía, través de sociedades filiales, tuvo una participación indirecta en las concesiones mineras de lo que hoy se conoce como ‘Proyecto Dominga’. Por último, Minería Activa Uno SpA es una compañía organizada en enero de 2009 por Larraín Vial, don Félix Susaeta y la familia Laso Bambach, como se indica en el reportaje de Radio Bío Bío”.

De acuerdo con el relato del abogado, a fines de 2010 Minería Activa Uno SpA “enajenó la participación que a través de filiales tuvo en las concesiones mineras de lo que actualmente es el Proyecto Dominga. Por lo tanto, a partir de ese momento, MFIP (así como la gran mayoría de los otros inversionistas) dejaron de tener participación e interés en esta inversión. Actualmente el proyecto minero lo posee y desarrolla Andes Iron S.A., sociedad en la que ni mi representado ni su familia tienen participación alguna, ni directa ni indirecta”.

Y agregó que en el período en que MFIP participó en Minera Activa Uno SpA “no se realizó ante autoridades del país ninguna actuación relativa a las pertenencias mineras ni al futuro proyecto. Las concesiones mineras se habían constituido mucho antes por su anterior dueño, no se presentaron ni tramitaron solicitudes relativas a Declaraciones de Impacto Ambiental y menos de Estudios de Impacto Ambiental, etcétera”.

“No existe ni ha existido conexión ni relación alguna entre la Central Termoeléctrica Barrancones y el ahora denominado ‘Proyecto Dominga’, con la única excepción de que ambos se situaban en una misma Región del país”, dijo Acosta.

 

La declaración de Piñera

Durante la tramitación del caso Exalmar, Piñera -quien ya había terminado su primer mandato y aún no iniciaba su segundo- declaró ante Guerra en calidad de imputado el 4 de mayo de 2017. La diligencia se prolongó por más de dos horas y se realizó en su oficina, ubicada en Apoquindo 3000. 

De la respuesta de Piñera, se desprende que Guerra le preguntó por Dominga: “Desde que dejé la gestión y administración de las empresas el año 2009, nunca más tuve participación alguna en las decisiones de inversión de esas empresas. Con posterioridad a dejar la Presidencia de la República me he informado que el año 2009, a través de una sociedad denominada Minera Activa en que participaba mi familia a través de un fondo de inversión se desarrollaron un conjunto de proyectos de exploración minera los cuales eran gestionados por un equipo de profesionales independientes y en las cuales participaban como inversionistas más de 30 otros agentes económicos chilenos”.

Piñera agregó entonces que Minera Activa “inició una serie de exploraciones mineras, una de las cuales corresponde al proyecto Dominga. Cuando el grupo de profesionales que administraba las inversiones de las empresas familiares distintas a aquellas de los fideicomisos ciegos, tuvo conocimiento de las dimensiones y magnitud del proyecto Dominga, tomó la decisión de vender esa participación, hecho que ocurrió el año 2010. Y por tanto antes que el Proyecto Dominga hiciera algún trámite administrativo relacionado con la evaluación ambiental del proyecto, el fondo de inversión relacionado con mi familia ya no participaba en la propiedad de dicho proyecto”.

Piñera dijo también que “la única relación que existe entre el Proyecto Dominga, que es un proyecto minero y el proyecto Barrancones, que era un proyecto de una central termoeléctrica a carbón, es que ambos estaban localizados en la región de Coquimbo, por lo que en mi calidad de Presidente nunca realicé gestión alguna que tuviera relación con el Proyecto Dominga”.

Incluso recordó ante Guerra una entrevista que le realizó el periodista de TVN Amaro Gómez-Pablos cuando era candidato, en la que señaló que “creía muy necesario y conveniente proteger y conservar ese santuario”.