Solución tripartita a deudas de servicios básicos avanza contra el tiempo en el Senado

El 31 de enero vence la ley que impide cortar el suministro de luz o agua por no pago. El Gobierno y senadores acordaron una fórmula, los diputados aprobaron otra distinta.

La pandemia supuso una crisis económica para muchas familias, algunas de las cuales no pudieron hacer frente al pago de deudas de servicios básicos como agua y luz que todavía arrastran. La ley que impidió cortar el suministro en caso de no pago y fijó 48 cuotas sin intereses para pagar la mora fue prorrogada varias veces, pero con ello las deudas siguieron creciendo. El 31 de enero vence la última renovación y ahora se busca una solución diferente.

Tras recoger propuestas de senadores, el Gobierno ingresó al Senado un proyecto de ley para regular las deudas contraídas entre marzo del 2020 y diciembre del 2021, además de establecer subsidios a los clientes vulnerables. La idea ya fue visada por la comisión de Economía y la Sala, debiendo ahora ser vista por la comision de Hacienda.

Paralelamente, la Cámara de Diputadios avanzó en su propia propuesta, que ya fue despachada a segundo trámite. Esta prorroga la suspensión de cortes por no pago hasta diciembre de 2022, mantiene la devolución en 48 cuotas y abre una opción diferenciada para hogares del 40% más vulnerable del Registro Social de Hogares, que incluye condonación bajo ciertos requisitos.

La propuesta del Gobierno busca entregar un camino de solución para más de 600 mil personas con deudas acumuladas. Los clientes podrán saldar los impagos en 48 cuotas mensuales sin interés que se agregan a sus cuentas, pero aquellos más vulnerables podrán ver limitado ese monto al  equivalente al 15% del consumo promedio del hogar y a un subsidio estatal para aliviar el pago. Si cumplido el plazo el saldo adeudado aun no se paga, se condonará y el costo lo asumirán las empresas sanitarias o eléctricas, según sea el caso.

Para evitar eventuales aprovechamientos, como los que se han denunciado a la justicia por parte de algunas empresas, se establece que solo podrán beneficiarse de esta fórmula los clientesquellos que consuman un máximo de 15 metros cúbicos  de agua y 250 kw/h en el caso de la electricidad.

La visión gremial

El presidente del directorio de la Asociación de Empresas Eléctricas, Francisco Mualim, explicó en el Congreso que la industria entiende estos mecanismos como una medida excepcional necesaria para las familias afectadas. Sin embargo, expresó su preocupación por “la importante carga financiera a la que deben someterse las familias y el esfuerzo de las empresas distribuidoras al no contemplar mecanismos de reconocimiento de la deuda”.

Sin perjuicio de lo anterior, dijo que estos impactos “no tienen relación con el riesgo de incobrabilidad del negocio de la distribución eléctrica”, ya que solo el 20% de las cuentas de los clientes están involucradas-

Por su parte, la presidenta de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Sanitarios, Jéssica López, dijo a PAUTA que “esta medida va a conseguir entregar tranquilidad a las familias”. Destaca que la propuesta “contempla un aporte del Estado, las empresas y un pago de la deuda por parte de los mismos clientes. Es decir, es una solución tripartita compartida que estamos revisando”.

Añadió que también están analizando “los impactos financieros para las partes que están contempladas, la facilidad en cómo se resuelve y en cuánto tiempo se regulariza ya que la situación nos afecta hace casi dos años”.