Negocios

CChC advierte "serio riesgo" de quiebra de empresas por contratos de infraestructura pública

El vicepresidente del gremio, Carlos Zeppelin, criticó también las propuestas de la Convención para excluir a los privados de cárceles y concesiones viales.

Agencia Uno

Por Rita Cox F.

Domingo 10 de abril de 2022

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En los últimos cuatro meses las perspectivas para el sector de la construcción se han deteriorado. La inflación -que acumula un alza de 9,4% en 12 meses-, el aumento de las tasas de interés, las restricciones de los bancos a los créditos hipotecarios y al financiamiento para empresas, y el aumento del precio de los materiales son algunos de los factores que explican este escenario.

A esto se suma la incertidumbre que inyectan al sector las normas de la Convención Constitucional que ya avanzaron durante marzo de 2022. Una de ellas, ya aprobada por el pleno, plantea el fin de las cárceles concesionadas. Otra, proveniente de la comisión de medioambiente, apuntaría a prohibir el cobro de peajes por circular en las carreteras, las concesiones de carreteras a los privados y encarga al fisco la mantención de las rutas.

Un contexto que preocupa al vicepresidente de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), Carlos Zeppelin. "El tema de los contratos de infraestructura pública es especialmente preocupante, porque muchos de ellos fueron licitados. Son contratos que toman un largo tiempo. Estamos hablando de liceos, escuelas, centros de salud familiar, hospitales, comisarías, municipalidades y ministerios, entre otros. Se trata de una diversidad de edificación pública que le da servicio a la comunidad. Hoy hay cerca de 20 o 25 proyectos que están en serio riesgo de quedar paralizados por quiebra o reorganizaciones de las empresas que están llevándolos adelante", dijo en Plaza Pauta, de Radio PAUTA.

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Obras
 "Las concesionarias invierten cerca de US$ 800 millones al año en conservar las obras", dijo Zepellin. /Créditos: Agencia Uno.

Zeppelin agregó que se trata de contratos sin reajustes. "De 2020 a la fecha, el costo de la construcción ha subido entre un 20% y un 30%, dependiendo del tipo de proyecto y edificación. A eso hay que sumarle la escasez de mano de obra, o las dificultades para encontrar mano de obra especializada". Puntualiza, eso sí, que la crisis del sector es también un fenómeno mundial.

"En vivienda existe un derecho, el reglamento lo permite, de poder renunciar a algunos contratos. En obras públicas no y las penas son del infierno. Lo que estamos viendo con la autoridad, y esto lo han adoptado varios países latinoamericanos, y España, entre otros varios países europeos, es revisar caso a caso el equilibrio económico de los contratos". Y advirtió que "gran parte de estas obras son hechas por empresas regionales, pequeñas y medianas. No es la empresa grande. Actualmente la obra pública está bastante diversificada respecto de los contratistas y su territorialidad".

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Sobre la norma ya visada por la Comisión de Medioambiente de la Convención Constituyente, que terminaría con el modelo de concesiones de carreteras a privados, así como el cobro de peajes, Zeppelin cuestionó que se deseche una fórmula que ha dado éxito. "En todo el mundo es necesario generar alianzas colaborativas entre lo público y lo privado. Ha sido un modelo eficiente para construir más infraestructura: infraestructura concesionada que pertenece al Estado. La concesionaria hace las inversiones necesarias para dar el servicio y poder conservarla para cuidar nuestro patrimonio de infraestructura pública", planteó.

El vicepresidente de la CChC agregó que "sería un retroceso para el país" y que "vemos el tema con mucha preocupación. Hoy existe el derecho de circular por todas las carreteras y, efectivamente, esos derechos se topan con otros derechos fundamentales. Por ejemplo, no podría haber una restricción por congestión; solo por efectos medioambientales, aunque hoy eso está en discusión en varias gobernaciones y ciudades de nuestro país".

En cifras, Zeppelin detalló que las concesionarias invierten cerca de US$ 800 millones al año en conservar estas obras y al año ingresan US$ 1.800 millones al Estado por concepto de peajes.

Respecto del futuro de las cárceles y el sistema de concesiones, con los servicios que involucra, Zeppelin dijo que "hoy tenemos una alta demanda de programas sociales que han sido avalados por el Estado, y una fuerte presión por esos programas sociales, y los recursos son limitados, independiente de cuanta reforma tributaria hagamos. ¿Dónde vamos a sacar los recursos para generar esta infraestructura?".

Revise la entrevista completa con Carlos Zeppelin en Plaza Pauta

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