En enero de 2020, a meses de los momentos más duros del estallido social, el Congreso aprobó y despachó la ley para "tipificar como delito la alteración de la paz pública mediante la ejecución de actos de violencia", también conocida en su minuto como Ley Antibarricadas y Antisaqueos. El Gobierno lo celebró y lo leyó como una "señal política relevante", en palabras de exministro Gonzalo Blumel.
Casi un año después, un grupo de diputados de oposición -principalmente del Frente Amplio- buscan derogar parte de esa ley y otras más, argumentando que "se han utilizado únicamente para neutralizar a los adversarios políticos, para silenciar a quienes ejercen su
legítimo derecho a la protesta social, y para estigmatizar a sectores de la población", según se lee en el proyecto.
Parte de esos diputados fueron quienes en 2019 aprobaron la ley que incluye esa misma norma. Y luego se arrepintieron públicamente.
Un arrepentimiento y una derogación
La bancada de Revolución Democrática, las diputadas Claudia Mix (Comunes), Emilia Nuyado (PS) Daniella Cicardini (PS) y Cristina Girardi (PPD), y el diputado Boris Barrera (PC), proponen derogar el artículo 268 septies del Código Penal -la norma antibarricadas-; la Ley de Seguridad Interior del Estado, y el artículo 12 de la Ley 20.931, que se refiere al control preventivo de identidad.
No pasó inadvertido que quienes habían aprobado la ley antibarricadas a fines del 2019 eran hoy quienes buscaban derogarla. Claro, el texto era mucho más grande y en el Frente Amplio responden hoy que entonces aprobaron el proyecto en general -aprobado por 127 votos a favor- y rechazaron la norma en particular.
"Nosotros rechazamos esta norma en sus dos instancias: en particular y cuando vino devuelta del Senado con la redacción final. En la discusión en general lo advertimos en el discurso, que la norma antibarricadas era una norma que no debíamos aprobar y en consecuencia no la aprobamos. Es esa norma la que proponemos derogar", dijo este martes Giorgio Jackson (RD), uno de los promotores de la iniciativa.
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El Chile que Decide: la seguridad nacional
El rol de las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad Pública está descrito en Capítulo Xl de la Constitución. Carabineros y el Ejército son las instituciones con más funcionarios: 66 mil y 45 mil, respectivamente.
"Agenda antirrepresión", "agenda de inseguridad"
"Agenda antirrepresión", le llamaron los parlamentarios. Argumentan que, en el caso de la Ley de Seguridad del Estado, que sea el Presidente de la República el que pueda invocarla genera "arbitrariedades" y que es "utilización política de la herramienta".
Sobre el control preventivo de identidad, dicen que no ha sido efectivo en la prevención de delitos y que "subsana los defectos de falta de prolijidad de las policías", de acuerdo con el diputado Amado Labra (PC). La cifra: 2% de efectividad con más de cinco millones de controles anuales, según la información de Carabineros en su cuenta anual de 2019.
En el Gobierno criticaron la propuesta opositora, pues justo están impulsando una agenda de seguridad fuerte a propósito de los últimos hechos violentos en varias comunas del país. En RN la llamaron la "agenda inseguridad".
"Eso no conversa con la gente. Lo que la gente necesita y quiere es mayor control. Es más presencia policial, y si eso está asociado a controles de identidad preventivos, la gente lo aplaude, porque esos parlamentarios que solo están mirando un excel no se dan cuenta del rol disuasivo de la medida. Les diría que se conecten más con la gente, que vayan y les pregunten a sus electores qué necesitan", respondió el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, aprovechando su visita al Congreso este martes.
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