Mi Constitución en 60 palabras: ¿Mantener o eliminar la pena de muerte?
Candidatos del Distrito 14 (Región Metropolitana) se pronuncian sobre la máxima sanción ante delitos, hoy abolida en Chile excepto en la justicia militar.
La pena de muerte como sanción máxima que el Estado impone ante delitos se mantiene en dos textos del ordenamiento jurídico nacional.
Por una parte, la Constitución vigente establece en su artículo 19 que este método punitivo “solo podrá establecerse por delito contemplado en ley aprobada con cuórum calificado”. Por otra, el Código de Justicia Militar establece la pena de muerte para delitos militares; es decir, solo es aplicable a quienes integren las Fuerzas Armadas y de Orden, incluyendo conscriptos, estudiantes de los institutos matrices y personal de planta.
Se debe considerar que los tratados internacionales ratificados por Chile también abordan el tema. La Convención Americana de Derechos Humanos prohíbe a los Estados miembros restablecer la pena de muerte en países que la han abolido.
PAUTA consultó sobre esta materia a candidatos del Distrito 14 (Alhué, Buin, Calera de Tango, Curacaví, El Monte, Isla de Maipo, María Pinto, Melipilla, Padre Hurtado, Paine, Peñaflor, San Bernardo, San Pedro, Talagante), quienes debían responder en un máximo de 60 palabras.
“El artículo 19 establece, en su inciso primero, que ‘la pena de muerte solo podrá establecerse por delito contemplado en ley aprobada con quórum calificado’. ¿Es partidario de mantener o eliminar la pena de muerte de la Constitución?”
Sebastián Aylwin (32), abogado de la Universidad de Chile y máster en geografía. Candidato de la lista Apruebo Dignidad.
“La pena de muerte no puede ser considerada una sanción justa ni eficaz de parte de un Estado democrático de Derecho. En lo que respecta a los derechos humanos, eliminar la vida de alguien constituye una violación a la dignidad elemental. Debe existir una prohibición explícita en la Constitución de su uso en nuestro ordenamiento jurídico”.
Josefa Faúndez (32), directora del centro cultural ECOS en Isla de Maipo, activista feminista. Candidata de La Lista del Pueblo.
“No somos partidarios de mantener la pena de muerte mientras exista un sistema neoliberal, ya que no aplican criterios para el presidio perpetuo. De esta misma manera es un arma de doble filo esta medida, donde en la actualidad se criminaliza la manifestación popular. Si la pena de muerte no se va a brindar para quienes han cometido actos de violación a los derechos humanos, como Carabineros y las Fuerzas Armadas, no estamos de acuerdo con mantener la pena de muerte”.
María José Becerra Moro (42), economista de la Universidad de Chile y de London School of Economics. Es investigadora del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Candidata de la Lista del Apruebo.
“La pena de muerte no debe estar en nuestra próxima Constitución. Hemos ratificado tratados internacionales como el Protocolo Facultativo para el Pacto Internacional Derechos Civiles y Políticos. Además, un país que avanza en derechos humanos no puede retroceder, como lo señala la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Avanzar en derechos es reconocerse en el otro, es la única forma que la humanidad avance”.
Joel Rossa (44), kinesiólogo e instructor de taekwondo olímpico. El 2016 fundó el club Taekwondo Buin, donde es profesor. Candidato del Partido Ecologista Verde.
“A nivel mundial y latinoamericano se debe abolir la pena de muerte. Chile es uno de los pocos países que mantienen la pena de muerte para delitos militares. Chile ha firmado varios tratados internacionales sobre abolir la pena de muerte. Teniendo en cuenta que hay muchos casos que la justicia se ha equivocado y el fallo es irrevocable, en la Constitución no debería estar”.
Karina Torres Fuentes (35), politóloga y magíster en gobierno y gerencia pública de la Universidad de Chile. Candidata de Vamos por Chile.
“No estoy de acuerdo con la pena de muerte, ya que respeto la vida y la dignidad humana desde la concepción hasta la muerte natural. Además, considero que la aplicabilidad de la ley puede caer en errores judiciales que no pueden subsanarse si se quita la vida a una persona. Sí creo que en algunos casos se debe revisar el aumento de penas y cumplimiento de la misma“.
Nota metodológica: este artículo forma parte de una serie que PAUTA está realizando en todos los distritos del país. A cada distrito le fue asignada aleatoriamente un pregunta y el contacto con un candidato de cada lista inscrita en esa zona. Los representantes seleccionados discrecionalmente recibieron la misma pregunta y tuvieron igual plazo y extensión para responder (o fue editado para ajustarse al máximo de 60 palabras). Cuando un candidato estuvo inubicable u optó por no responder, se pasó al siguiente postulante. En ciertos distritos hay más de un candidato consultado por listas con mayor representación parlamentaria.