Política

La violencia política que atenaza al Congreso

Parlamentarios advierten la radicalización de las manifestaciones en la sede legislativa en Valparaíso. Mientras algunos proponen endurecer los reglamentos, otros apuestan por un "manual de buenas prácticas".

Agencia Uno

Por Maria Catalina Batarce L.

Sábado 21 de diciembre de 2019

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"¡Te vamos a matar!".

"Vamos a violar a tu mamá".

"Los vamos a quemar, ¡van a morir!".

Estas fueron algunas de las amenazas que, durante la noche del viernes 6 de diciembre, un diputado de Chile Vamos escuchó que gritaban a las afueras de su casa. A pesar de que el parlamentario vive en un condominio donde hay control de acceso y seguridad, esto no fue un impedimento para que, a eso de las 22:30 horas, alrededor de 50 manifestantes lograran ingresar. "Fue realmente sorprendente ver a toda esa gente gritándonos de todo", comentó a PAUTA.

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La situación quedó registrada en videos que grabó, y posteriormente compartió en privado con este medio. Hoy están en manos de la Fiscalía Metropolitana Oriente. Ese día llegó Carabineros al lugar, hubo detenidos, el asunto "no pasó a mayores", pero "el miedo sigue", aseguró: "Cuando alguien te está gritando y luego se pone el pasamontañas, sientes que algo se viene".

La sensación, como dan cuenta testimonios recogidos, es compartida por varios parlamentarios. No discrimina sector político. Legisladores han sido amenazados de muerte en redes sociales, en terreno y también vía mensajes y llamadas a sus teléfonos personales. Algunos, incluso, han decidido cambiar sus números. Autoridades de Gobierno reconocieron a este medio sus propias experiencias de temor ante una turba. Casos como los enfrentados por ministro de Salud, Jaime Mañalich quien ha sido "funado" en diversas ocasiones y denunció ante la Fiscalía Oriente las amenazas de muerte y secuestro, según publicó radio Biobío- o por la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Isabel Plá quien fue duramente increpada por un grupo de feministas los tiene "perplejos".

A juicio del ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Felipe Ward, esto "es muy preocupante. Se agradece que desde todos los sectores políticos se estén rechazando abierta y oficialmente estas 'funas'. Uno puede tener una opinión política distinta, puede expresarla con mucha firmeza, pero permitir que se produzcan estas situaciones es peligroso. Crea un ambiente que es bastante dañino".

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La jornada del martes 26 de noviembre marcó un punto de inflexión. En intentos por restablecer el orden, senadores firmaron la "declaración por la paz".

Sin ir más lejos, él mismo enfrentó una situación que podría haber puesto en riesgo su seguridad, según señalaron desde el Ejecutivo. Cuando volvía a Santiago desde Valparaíso por la Ruta 68, enfrentó a un grupo de manifestantes con su "El que baila pasa", que funciona como un chantaje. El ministro no fue identificado, pero una de sus asesoras descendió del auto y bailó para que les permitieran continuar.

Algunos casos

Desde que se desató la crisis social, una serie de eventos violentos han afectado a los sectores políticos. Sedes de partidos, tanto de Gobierno como de oposición, han sido vandalizadas, apedreadas y otras, incluso, destruidas por las llamas, como la sede parlamentaria del senador Juan Antonio Coloma (UDI), en Talca.

Algunos han decidido tomar ciertos resguardos. El secretario nacional de la Democracia Cristiana, David Morales, confirmó a PAUTA que ordenó que en las sedes de la capital y del resto del país se retire el logo del partido para evitar inconvenientes.

Además, y para "no exponerse", diferentes autoridades han decidido mantener bajo reserva las actividades que realizan, comunicando hora y lugar de realización con poca antelación. Así evitan, según comentan, que se pueda orquestar algún tipo de manifestación en su contra. Esas medidas corren para el cargo del Presidente de la República hacia abajo. 

Pese a las acciones adoptadas, que en algunos casos incluye restricciones como evitar lugares públicos o modificar recorridos, las "funas" no han disminuido. Uno de los casos más recientes fue el que afectó a la timonel de la UDI, la senadora Jacqueline van Rysselberghe, a quien mientras esperaba el despegue del avión en el que viajaba, un grupo musical le "dedicó" una canción.

Al senador socialista José Miguel Insulza le sucedió algo parecido en el norte. La Asamblea de Feministas y Disidentes por la Constituyente (Afemic) de Arica le enrostró al parlamentario que "no las representa". "Insulza traidor", fue una de las consignas que se escuchó con fuerza aquel día.

Este mismo viernes 20 de diciembre, fue el diputado Gabriel Boric (CS) quien sufrió una agresión mientras estaba sentado en una banca en el Parque Forestal. Fue tal el nivel de protestas en su contra que debió retirarse del lugar. El parlamentario recibió el apoyo transversal de los actores políticos.

"Nosotros incluso hemos sido víctimas", comentó a PAUTA el presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier, a fines de noviembre: "Nos han quemado un local en Chillán, nos acaban de quemar otro local; el Comité Central del partido no lo podemos ocupar, porque lo han tratado de quemar como tres veces".

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"El Comité Central del partido no lo podemos ocupar, porque lo han tratado de quemar como tres veces", cuenta el diputado.

Si hasta hace algunas semanas esos actos se habían limitado a la vía pública, políticos advierten un giro. El diputado Bernardo Berger (RN), presidente de la Comisión de Ética, aseguró a este medio que "en las últimas semanas, a raíz de este caos social que se ha generado, parte de esa violencia política ha ingresado al Congreso, lo que parece súper peligroso y complicado, porque los parlamentarios tienen que tener los resguardos suficientes para desarrollar eficientemente su tarea y rol".

Violencia política en el Congreso

La jornada del miércoles 18 de diciembre fue calificada como "histórica". Ese día la Cámara de Diputados despachó al Senado la reforma que habilita el plebiscito para que inicie formalmente el proceso constituyente, pero varios lo recordarán por la irrupción de un grupo de feministas al hemiciclo. Luego de manifestarse pacíficamente, aprovecharon la apertura de una de las puertas de ingreso a la Sala para irrumpir en la sesión. 

Manifestación dentro del Congreso, durante la sesión de la Cámara de Diputados. AgenciaUno
Manifestación dentro del Congreso, durante la sesión de la Cámara de Diputados. Crédito: Agencia Uno

Hubo gritos, empujones y algunos golpes. "Nunca más sin nosotras", "no hay democracia sin paridad" y "congreso machista", consignaron mientras golpeaban una de las grandes puertas de madera que tiene la Sala de la Cámara Baja. "#ParidadesDemocracia", era la frase impresa en las manzanas rojas que repartieron algunas de ellas. 

Las manifestantes arriesgan sanciones. Como informó el secretario de la Cámara, Miguel Landeros, van a presentar denuncias contra ellas "porque suspender las sesiones del Congreso, de ambas Cámaras, es delito; ingresar a la Sala en sesiones sin autorización del pleno, es delito, y por lo tanto, vamos a perseguir las responsabilidades penales que corresponden".

Las justificaciones y reproches

De acuerdo con lo expresado por la diputada Carmen Hertz (PC) "lo que está ocurriendo es que hay una ciudadanía empoderada y un clima donde estamos viviendo un verdadero estallido social, y obviamente que el Congreso no es un espacio que quede fuera de eso. La gente que accede a las tribunas manifiesta una posición, imposible que no sea así. Lo de las feministas fue algo, para mí, extremadamente positivo, importante y, sin duda, fue una medida justa y política de presión".

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Esa mirada, sin embargo, dista mucho de la de algunos de sus pares. Por ejemplo, de la del subjefe de la bancada UDI, Álvaro Carter.  El diputado dijo a este medio que el Congreso, "donde se llama a legislar de forma democrática, venir a presionar no es un problema; decirle a un parlamentario que vote de determinada forma o tratar de cambiar su voto no es el problema. El problema es cuando entran de forma violenta, golpean a funcionarios, saltan torniquetes y, más encima, son avalados por parlamentarios. Eso es el problema".

Fue el diputado Gabriel Boric quien permitió a un grupo de manifestantes saltarse el torniquete de ingreso al Congreso, según reportó 24 Horas.

La situación generó un "caos", dijeron algunos, pues se puso en entredicho la seguridad de la Cámara. Los guardias no fueron suficientes para resguardar que la manifestación no pasara a mayores. "No podemos ser un Congreso bananero", comentaron los más críticos.

Protesta feminista en el Congreso Nacional.

De acuerdo con las normas, solo parlamentarios y funcionarios autorizados pueden ingresar a la Sala. Justamente por eso, y ante el actuar que tuvo la Mesa de la Corporación, que no solicitó el desalojo de las tribunas ni pidió que se limitaran las expresiones en los pasillos, los jefes de bancada de la UDI, María José Hoffmann; de RN, Jorge Rathgeb, y de Evópoli, Luciano Cruz Coke, pidieron la censura de la Mesa. Esa reclamación se revisará en Sala el lunes 30 de diciembre.

Desde Renovación Nacional, además, ingresaron un proyecto de acuerdo para modificar reglamento de la Corporación, a fin de que se establezcan entre los deberes de los diputados "la obligación de actuar con responsabilidad y respeto a la institución". Por medio de la misma iniciativa, buscan que los parlamentarios deban "hacerse responsables de los actos en los que incurran sus invitados y personal parlamentario".

Ante todas las críticas, el presidente de la Cámara, Iván Flores (DC), contestó que asume la responsabilidad. Explicó que no optó por no desalojar porque, a su juicio, aquello habría ocasionado un escenario aun más complejo. Añadió, por lo demás, que dará todas las facilidades para que se analice la situación.

La responsabilidad política

La medida que pretende modificar el reglamento, se funda en que, a juicio de algunos diputados de Chile Vamos, las manifestaciones que ocurren al interior del Congreso estarían respaldadas por algunos partidos, principalmente el Frente Amplio y el Partido Comunista, pues han evidenciado, según afirmaron, que asesores de parlamentarios de esas tiendas participan de las protestas.

"La gente tiene derecho a expresarse. Si querían hacer una performance, obvio, eso es la democracia. Pero acá diputadas ingresaron de manera irregular a personas. Después, esas mismas personas, a la vista y paciencia de las diputadas, se acercaron al Comité de la UDI e increparon a Juan Antonio Coloma. Eso no puede ser, ni acá en el Congreso ni en la calle, esa violencia trae solo más violencia", criticó Carter.

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Ante esa denuncia, la diputada Natalia Castillo (RD), a quien se le acusó de haber permitido el ingreso irregular de algunas mujeres a la sede legislativa, respondió: "La derecha siempre intenta buscar responsables donde no los hay. Acá los principales responsables de cómo la clase política se ha ido desacreditando, ha sido la UDI mediante sus causas de financiamiento ilegal de la política, que han ido enrabiando a la gente".

Castillo reconoció que se han vivido hechos "complejos" y que ese día hubo "empujones y zamarreos". Sin embargo, expresó, "se deben principalmente al descontento que hay hoy sobre la clase política en general, más allá de los partidos políticos. Post esta crisis no hay ningún parlamentario de ningún sector que vaya a salir victorioso, porque hay un descrédito importante de la clase política".

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La diputada insistió en que, como Revolución Democrática, siempre han dicho que están en contra de la violencia, por cuanto "no es una forma viable para hacer un punto de vista [...] Sí creemos que la violencia también es consecuencia de muchos años de otra violencia que es más invisible, pero que ha calado hondo en las personas, como la violencia que hay en el sistema de pensiones, la salud, la educación, vivienda", complementó.

Ante las denuncia en contra de Castillo, al igual que las que apuntan a los diputados Gabriel Boric y Camila Rojas, a quienes se les acusó de permitir el ingreso irregular de personas y de apoyar las protestas en la Cámara, respectivamente, se informó que se enviarían los antecedentes a la Comisión de Ética de la Corporación. Sin embargo, el presidente de esa instancia dijo a este medio que, hasta las 19:00 horas del jueves 19 de diciembre, "no se había recibido ninguna denuncia".

De todas formas, Bernardo Berger agregó que "es un tema que se va a plantear a la Comisión de Régimen Interno y Administración. Allí están radicadas las medidas que se estime convenientes para el resguardo de la función parlamentaria y para el buen funcionamiento del orden interno y la administración de recursos".

Manual de buenas prácticas

Mientras algunos proponen que se endurezca el reglamento o la censura de la Mesa, el diputado Manuel Monsalve (PS), quien recalcó que no comparte nada que se relacione con "incitar al odio ni coartar la libertad de opinión", propuso en la reunión de comités que se elabore un manual de "buenas prácticas". Esto, además, pues durante el último tiempo se ha hecho recurrente que los puntos de prensa que tienen los diputados en el Congreso se acompañen de manifestaciones opositoras (tanto de derecha como de izquierda), en las que incluso participan funcionarios de la misma Corporación.

"No soy partidario de pasar, cuando hay un problema, inmediatamente a las soluciones autoritarias. No estoy de acuerdo con que esto se resuelva cambiando el reglamento, tipificando estas prácticas y sancionándolas. Esto tiene que ver con una conducta ética que no la resuelve un reglamento. Lo que corresponde a una comunidad política es ponerse de acuerdo en ciertas prácticas, las que aceptamos todos, y que son las que garantizan democracia, pluralismo, respeto, tolerancia", sostuvo.

Según dijo el diputado, "yo puedo colocar un cartel, pero ir al domicilio de alguien o concertarse para encontrar a alguien en la vía pública o en su lugar de trabajo, para colocarlo en una situación incómoda, de vulnerabilidad, en la práctica, es una amenaza".

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