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Cómo el fiscal Guzmán se convirtió en el favorito de los senadores

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POR Ana María |

Cada vez que postuló a cargos en el Ministerio Público, el fiscal metropolitano sur contó con la mayoría de los votos de los jueces. Hoy el escenario se repite en el Senado. Claro que por menos de los $16 millones de sueldo que originalmente ganaría.

La tarde de miércoles 10 de abril, poco antes que a las 19:00 horas se anunciara oficialmente que la Comisión de Régimen Interior del Senado escogió en votación unánime al actual fiscal jefe de la zona metropolitana sur del Ministerio Público, Raúl Guzmán (51), para proponerlo como nuevo secretario de la Cámara Alta, el abogado recibió un llamado telefónico del presidente del Senado, el PPD Jaime Quintana, en el que le dio dos noticias: una buena y otra “mala”.

La buena fue que resultó ser el nombre de consenso al que llegó la comisión, integrada, además de Quintana, por Guido Girardi (PPD), Alfonso de Urresti (PS), Francisco Huenchumilla (DC), Rabindranath Quinteros (PS), Ena Von Baer (UDI) y Manuel José Ossandón (RN). La mala: que la misma instancia decidió bajar el período del cargo de ocho a tres años -con posibilidad de repostular- y que el sueldo mensual de aproximadamente $ 16 millones brutos será algo más bajo. Esto, porque los parlamentarios acordaron que la asignación de desempeño que tiene su función, que es cercana a los $3 millones al mes, será rebajada aproximadamente a la mitad.

Dos tercios del Senado se necesitan para aprobar la nominación del fiscal Raúl Guzmán como nuevo secretario de la Corporación. Créditos: Agencia Uno

Tras su elección, Guzmán se jugará su carta más difícil el próximo martes 16. Ese día deberá obtener los dos tercios de los votos del Senado para ser designado en el apetecido cargo. Necesita un apoyo político transversal, algo que acaba de conseguir en la comisión que lo nominó.

A su favor, explican varios parlamentarios, resultó clave en la comisión que fuera un candidato externo del Congreso. A los parlamentarios les interesó especialmente que tuviera mirada con distancia del Senado.

Guzmán fue uno de los 17 postulantes al cargo -en un proceso a cargo la consultora Deloitte- y llegó a finalista junto con María Pilar Silva y Julio Cámara, ambos secretarios de comisiones, es decir, candidatos internos; además de Macarena Lobos, exsubsecretaria de Hacienda y hoy asesora del Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias, que preside el exsenador Andrés Zaldívar (DC).

La exsubsecretaria fue su principal competencia, pero a ella le jugó en contra su cercanía con la DC, pues desde Chile Vamos no habrían apoyado su nombre. A Silva y Cámara, en tanto, explican varios legisladores, les pesó la visión excesivamente crítica que mostraron sobre el Senado cuando fueron entrevistados, el pasado el 1 de abril, por los miembros de la Comisión de Régimen Interno.

Otro factor determinante en la elección de Guzmán fue su carencia de militancia política. De hecho, sus excompañeros de Derecho en la Universidad de Chile, donde estudió en los años 80 y en una época de efervescencia social, solo lo recuerdan como opositor a la dictadura militar. Allí coincidió con varios actuales senadores como Alfonso De Urresti (PS), Ximena Rincón (DC) y Álvaro Elizalde (PS).

Se trata de la misma época en que por la Escuela de Derecho de calle Pío Nono pasaron la exalcaldesa de Santiago Carolina Tohá (PPD); el penalista Miguel Chaves, el diputado PS Leonardo Soto; Macarena Cañas, fiscal de Alta Complejidad de la Fiscalía Centro Norte; el constitucionalista Fernando Atria (PS), la exdirectora del Sename Solange Huerta (PS), el exsuperintendente de Medio Ambiente Cristián Franz, y el abogado Rodrigo González, quien representó al exministro de Interior Rodrigo Peñaillo en el caso SQM.

Sin embargo, pese a ser el nombre de “consenso”, para algunos senadores su rol actual provoca suspicacias. No solo por la exposición pública, sino también por algunos casos que pudiesen convertirse en eventuales conflictos de interés. Por ejemplo, la Fiscalía Metropolitana Sur, que está bajo su mandato, investiga actualmente la denuncia del alcalde de Pirque, Cristián Balmaceda, contra el senador Manuel José Ossandón (RN) por tráfico de influencias. Y Ossandón, como miembro de la Comisión de Régimen Interior del Senado, votó por Guzmán.

El presidente de la Cámara Alta dijo que las críticas “son muy injustas, porque significa instalar un manto de dudas en base a presunciones a ningún hecho concreto”. Agregró que “él [Guzmán] está terminando su periodo de fiscal y suponer que alguien, en cargos completamente distintos, va a tener injerencia en la fiscalía es pensar mal gratuitamente del Senado y la Fiscalía. Eso es inaceptable”.

Robos y atentados

En junio próximo, Raúl Guzmán cumplirá su período de ocho años como fiscal jefe de la zona metropolitana sur. De las cuatro fiscalías de la Región Metropolitana, es la que indaga los delitos más violentos, en especial, narcotráfico y crimen organizado.

Las 12 comunas que son de su jurisdicción son San Miguel, La Pintana, El Bosque, San Ramón, La Granja, La Cisterna, San Joaquín, Pedro Aguirre Cerda, Lo Espejo, Puente Alto, San José de Maipo y Pirque. 

Cuando Guzmán asumió el cargo, la Fiscalía Sur atravesaba una crisis: había renunciado su anterior fiscal, Alejandro Peña, para irse a trabajar el Ministerio del Interior que lideraba Rodrigo Hinzpeter. Además, el entonces juez del Octavo Juzgado de Garantía de Santiago Luis Avilés, en una audiencia de preparación de juicio oral del Caso Bombas 1, había desechado parte importante de las pruebas y criticado duramente el trabajo del Ministerio Público.

Esa fue la “herencia” que recibió Guzmán, quien más tarde debió hacerse cargo de llevar adelante el juicio oral, con la indagatoria que realizó Peña, y no logró remontar: la justicia absolvió a los seis imputados.

Tras el atentado en el subscentro de la estación de metro Escuela Militar, el 8 de septiembre de 2014, Guzmán pudo realizar una investigación propia. Solo logró la sentencia de uno de los tres imputados (Juan Flores), pero el 21 de diciembre de 2017 a la vez obtuvo la primera condena en Chile por un delito terrorista en casi 30 años. “Es un muy buen resultado y una sentencia histórica, en cuanto a una condena por delito terrorista por un hecho ocurrido en la Región Metropolitana, desde el retorno de la democracia”, dijo.

Meses más tarde hizo gestiones con el Ministerio del Interior para que las víctimas de este atentado pudieran recibir una pensión vitalicia.

No es todo. Guzmán en adelante también ha tenido a su cargo las indagaciones por todos los bombazos en la Región Metropolitana. Pero aún no tiene la identificación de sus autores: el atentado al expresidente de CodelcoOscar Landerretche y el último hecho ocurrido enero pasado en un paradero de micros en avenida Vicuña Mackenna, que dejó cinco personas heridas.

Cuando asumió la Fiscalía, Guzmán también se hizo cargo de la investigación que ya había empezado Alejandro Peña por el incendio en la cárcel de San Miguel, en el que murieron 81 presos. En el caso, los ocho gendarmes a quienes el Ministerio Público imputaba incumplimiento de deberes, fueron absueltos. Fue una derrota para la Fiscalía, a la que los jueces criticaron duramente en su fallo por su investigación. Pero cercanos a Guzmán destacan el trabajo que, a su vez, hicieron con las víctimas y sus familias.

Hasta hoy, la Fiscalía Sur sigue siendo la que tiene mayor cantidad de acciones que han terminado en prisiones preventivas, así como también es –de las cuatro de la Región Metropolitana– la que ha obtenido más condenas en delitos contra la propiedad (robos) en los últimos cinco años.

Sus redes en la Fiscalía

Gran parte de la carrera de Guzmán como abogado se ha desarrollado en el Ministerio Público. Antes de ser fiscal regional, trabajó como jefe de la Unidad de Corte de la Fiscalía Sur, lo que le permitió hacerse conocido en el Poder Judicial.

De hecho, cuando postuló para reemplazar a Peña, obtuvo la primera mayoría en la terna (23 votos) luego de exponer ante los ministros de las cortes de Apelaciones de Santiago y San Miguel. Lo nombró el entonces fiscal nacional, Sabas Chahuán, con quien tuvo varias diferencias mientras coincidieron en el Ministerio Público. En cambio con Jorge Abbott, aunque no es de su círculo cercano y poseen estilos diferentes, tiene una relación cordial.

La votación que en 2011 le permitió ser fiscal regional lo volvió a acompañar en octubre en 2015, cuando postuló para ser fiscal nacional en reemplazo de Sabas Chahuán. Esa vez, Guzmán fue el favorito de la Corte Suprema, que lo seleccionó en la quina de postulantes. Sacó 11 votos, al igual que el exfiscal del caso Caval Luis Toledo. Los siguieron Juan Enrique Vargas (9 votos), Jorge Abbott (7 votos) y José Morales (7 votos). La expresidenta Michelle Bachelet terminó optando por Abbott.

Tres años después, y en la víspera de que terminara su periodo de ocho años, Guzmán postuló para reemplazar a Andrés Montes como jefe de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte. Abbott, sin embargo, cuando tuvo la terna en sus manos que elaboraron los ministros de las cortes de Santiago y San Miguel, optó por Xavier Armendáriz.

Montes era un los fiscales más cercanos a Guzmán, al igual que Mauricio Richards, de la Región del Maule. Hoy, su círculo estrecho dentro del Ministerio Público lo conforman el fiscal jefe de Punta Arenas, Eugenio Campos (que investiga el fraude en Carabineros); el jefe regional de Aysén, Carlos Palma, y Manuel Guerra, de la Fiscalía Metropolitana Oriente.

En junio dejaría su cargo en la zona Metropolitana Sur. Pero, de ser electo como secretario general Senado, tendrá que adelantar su salida y asumir sus nuevas funciones a más tardar la primera semana de mayo.

Como sea, Guzmán dejará a su sucesor dos importantes investigaciones: la de abusos sexuales que implican a sacerdotes de la Congregación Hermanos Maristas -causa en la que interrogó al enviado papal Charles Scicluna– y la arista de la indagatoria de las irregularidades en la Corte de Apelaciones de Rancagua en la que se indaga una posible intervención de ministros en la designación de funcionarios y para la ya tomó declaración al juez Emilio Elgueta. Se trata, además, de un caso por el cual el Tribunal Supremo del Partido Socialista investigará a otro de los miembros del Senado que deberán votar por la nominación de Guzmán como futuro secretario: el senador Juan Pablo Letelier.