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La bienvenida de Piñera al gabinete que deberá enfrentar la crisis

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POR Eduardo Olivares |

Una hora y media duró la cita con los nuevos y no tan nuevos ministros. El ministro Blumel apuntó a la defensa de los derechos humanos y cerró la puerta a un plebiscito.

Con apuntes en mano escritos con lápiz pasta en una hoja blanca. Así el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, delineó el balance del consejo de gabinete que se realizó la tarde de este martes en La Moneda. El primer con él en ese puesto.

En el “torpedo” de su vocería, el nuevo jefe de gabinete del Presidente Sebastián Piñera tenía los tres puntos que se trataron en la cita: seguridad, agenda social y diálogo.

“La paz social es el primer deber del Estado”, dijo Blumel flanqueado por la nueva ministra del Trabajo, María José Zaldívar, y por el titular de Desarrollo Social, Sebastián Sichel.

Fue la primera reunión tras el ajuste ministerial del lunes, pero la quinta de este estilo en lo que va del año.  La “bienvenida” a las caras nuevas del Gobierno y también a los que redebutaron en otras carteras, dicen en La Moneda. De hecho, algunos de los presentes destacaron el “buen ánimo” del Mandatario, en medio de la mayor crisis social desde el retorno a la democracia.

En el encuentro que duró una hora y media, el Presidente, con gráfico en mano, repasó la cifras que en la mañana había dado el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla: 228 querellas por Ley de Seguridad del Estado o por incendios asociados con la destrucción de las estaciones del Metro; 997 imputados y, de ellos, 389 personas detenidas en prisión preventiva, entre los días 20 y 27 de octubre.

Fueron datos que Blumel repitió a la salida del consejo. Señaló que había hablado con el Ministerio Público para que se apuren todas las acciones y se apliquen con “todo el rigor de la ley“.

“228 querellas contra personas individualizadas por actos de violencia en los últimos días […] le pedimos a la Justicia, a la Fiscalía, no solo que actúe con la máxima celeridad, sino con el máximo rigor”, señaló el ministro, respondiendo así a las críticas de los últimos días surgidas, incluso desde filas oficialistas, por la demora de los identificados de los saqueos y también de los ataques al Metro. 

Violaciones a los derechos humanos

Previamente al consejo, la agenda del titular de Interior estuvo copada de reuniones no solo para abordar la situación de seguridad que recrudeció el lunes en la tarde con los destrozos en la Alameda, sino también para tratar uno de los temas más complejos que deberá enfrentar en su nueva cartera: las acusaciones sobre eventuales violaciones a los derechos humanos cometidos por efectivos policiales y militares.

Tras recibir al general director de Carabineros, Mario Rozas, y al director de la PDI, Héctor Espinoza, se reunió con los ministros de Justicia, Hernán Larraín, y de la Mujer, Isabel Plá, y además con el director nacional del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Sergio Micco, para evaluar la detenciones y las denuncias hechas desde que se desató la crisis. 

Micco fue el más duro. Tras la cita aseguró, en pleno Patio de Los Naranjos, que en estos 10 días “el Instituto ha presentado más querellas por torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes que durante todo el año 2018. Particularmente le hemos dicho que nos preocupan las 571 personas heridas por armas de fuego, balas y por sobre todo perdigones”.

Consultado por la situación, Blumel señaló que “el compromiso en materia de derechos humanos es total y absoluto” y que se les ha pedido a las policías actuar con “total apego” a los protocolos.

El propio ministro Hernán Larraín reconoció la posible vulneración a esos derechos. “Estamos muy complicados, porque se han producido situaciones que aparentemente parecen ser violaciones de los derechos humanos”, expresó.

Durante la tarde, además, el INDH denunció que uno de sus observadores, José Ortiz, fue atacado por las fuerzas policiales. Recibió siete disparos de balines mientras realizaba un recorrido, vestido con el característico uniforme amarillo.

Alertado de este caso, el ministro Blumel planteó que estaba monitorando lo ocurrido.

La subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren, comentó que el Gobierno ya había tomado contacto con el general Rozas.

El tema continuará al interior de La Moneda y del despacho del ministro del Interior, pues se espera que este miércoles, a las 16:00 horas, Blumel reciba a los observadores de enviados por la oficina que lidera la alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet.

La fase del diálogo, no la de los plebiscitos

La agenda social fue otro punto de la reunión de Piñera con su nuevo gabinete. Junto con pedirles a sus nuevos secretarios que se “empapen” de la nueva hoja de ruta, se confirmó que la próxima semana se ingresaría el proyecto de Ingreso Mínimo Garantizado que busca elevar el sueldo mínimo de $301 mil a $350 mil y la indicación a la reforma previsional para aumentar en un 20% la pensión solidaria básica.

Sin embargo, esto va de la mano con otro punto: una etapa de diálogos ciudadanos que encabezará el ministro Sichel, inspirados, entre otros, en el caso francés tras la crisis de los llamados “chalecos amarillos”.

“A partir de ese proceso de diálogo y participación social [esperamos que] surjan fundamentalmente las prioridades y todos los planteamientos que la ciudadanía quiere que quienes estamos […] en todos los cargos de decisión signifiquen las prioridades de mediano y largo plazo”, señaló Blumel. Aseguró que la agenda social presentada por el Gobierno “es una primera respuesta que no va a ser la definitiva”.

De hecho, desde La Moneda tanto Blumel como la vocera de Gobierno, Karla Rubilar, han insistido en el concepto y el llamado al diálogo de todos los sectores. Incluso se tiene contemplado que, en los próximos días, el nuevo ministro del Interior invite y se reúna con los presidentes de la oposición, al igual como lo hizo este martes con los timoneles de Chile Vamos.

Sin embargo, de concretarse estos encuentros, el jefe de gabinete deberá sortear un tema que está instalado en la centroizquierda: una nueva Constitución. Un punto que nunca estuvo contemplado en el programa de Gobierno y que en esta emergencia tampoco convence.

 Al ser consultado por la posibilidad de sumar la petición de una nueva Carta Fundamental o de un plebiscito que decida esta materia, tal como lo proponen desde la oposición, el ministro del Interior tomó distancia y cerró la puerta en especial a este último punto.

“Los plebiscitos no están considerados, lo primero es la agenda social y luego, a partir de los diálogos y los resultados de los diálogos, vamos a establecer cómo avanzamos en los temas de mediano y largo plazo. Porque creo que sería burlar a la ciudadanía si es que tomamos definiciones antes de que podamos conversar con la ciudadanía”, comentó.