La trama que sacó a Dorothy Pérez como subrogante del contralor

Por medio de una ley simple y transitoria, el Congreso consagró un cambio a la estructura interna de la Contraloría que está regida por una ley orgánica constitucional.

Gracias al apoyo del Ejecutivo y del Congreso, el contralor Jorge Bermúdez pudo solucionar un problema que le venía pesando desde que en noviembre de 2018 la Corte Suprema, en fallo unánime, determinó que él no podía remover a la subcontralora Dorothy Pérez y ordenó su reintegración.

Sin necesidad de una reforma estructural, sino con una norma ad hoc en una ley transitoria, la subcontralora ya no podrá subrogar a Jorge Bermúdez en casos de ausencia temporal o accidental o vacaciones (lo hará el jefe de departamento de la CGR que determine el contralor), lo que le quita una facultad que hasta ahora tenía. La curiosa fórmula empleada sienta un precedente en materia institucional.

La fórmula: usar el reajuste

El conflicto desatado entre las dos autoridades surgió luego de que Bermúdez perdió confianza en la colaboradora que él mismo había llevado a cargos de alta responsabilidad. Resuelto el asunto por la Corta Suprema con la derrota de Bermúdez, subió a primer plano la necesidad de una reforma a la CGR, que revisara su gobierno corporativo y el funcionamiento del órgano que visa los actos de la administración. Tanto el Ejecutivo como el contralor plantearon sus fórmulas, las que aún no se plasman en una iniciativa legal.

Tras el estallido social, la preocupación de Bermúdez se acrecentó. No solo no había espacio político para discutir un cambio estructural, sino que la materias a resolver (entre ellas, declaración de estados de excepción constitucional) se habían vuelto aun más delicadas.

Entonces, surgió otro camino: incluir un cambio en la subrogación en la ley de reajuste del sector público, que suele absorber una serie de materias no relacionadas con las remuneraciones de los funcionarios. La petición del contralor cayó en buena tierra, ya que para el Ejecutivo es clave tener una buena relación con la CGR, la que se había visto resentida por algunas decisiones como las declaraciones de Bermúdez respecto de la citación al Consejo de Seguridad Nacional, Cosena).

En paralelo, según afirmaron a PAUTA parlamentarios que pidieron reserva de sus nombres, desde la CGR iniciaron una “ofensiva de sensibilización” sobre la urgencia del problema de la CGR. Junto con sincerar las diferencias existentes entre el contralor y la subcontralora, las fuentes dijeron que se alertó sobre el riesgo de agudizar controversias internas que podría traducirse en una parálisis institucional y la imposibilidad hoy de acometer una reforma estructural.

A punto de naufragar

En los 80 artículos del proyecto de ley de reajuste, el último era el referido al cambio en la CGR. Debido al tortuoso proceso del proyecto, con el rechazo de la idea de legislar y luego la insistencia, cuando fue visto el 17 de diciembre en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados la norma en cuestión no figuraba: había sido eliminada de facto cuando el Ejecutivo incorporó nuevas indicaciones que mejoraban los beneficios para los funcionarios.

Según fuentes al tanto del tema, en la CGR se prendieron las alarmas y tras contactar al Gobierno, fueron informados que el retiro respondía a “obstáculos impensados” para aprobar la norma, que podrían retrasar la publicación de la futura ley.

En este punto, los diputados Manuel Monsalve y Marcelo Schilling (ambos PS) presentaron una indicación que repuso la fórmula original, la que terminó siendo aprobada tras ser patrocinada y reingresada por el Ejecutivo en la sesión. Solo Guillermo Ramírez (UDI) y Sofía Cid (RN) votaron en contra. La norma resucitó.

“Todos sabemos que hubo un conflicto entre el contralor y la subcontralora. Ese es un factor de entorpecimiento del buen desempeño de la institución. Tenía que repararse. No son tiempos para cerrar los ojos frente a la fragilidad del funcionamiento de instituciones claves como la CGR”, dijo el diputado Schilling. Sostuvo que lo ideal habría sido una reforma integral del organismo, “pero no tenemos facultades. Por eso el Ejecutivo terminó patrocinando esta indicación, que era igual a la del proyecto original”.

En el resto del trámite, el entonces subdirector de la Dirección de Presupuestos (Dipres) y hoy director del organismo, Matías Acevedo, atribuyó la fórmula a una iniciativa de parlamentarios. PAUTA consultó varios detalles de este tema a la Dipres, pero desde la entidad declinaron responder.

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Tras el respaldo mayoritario de la Cámara Baja, la norma fue ratificada en el Senado, aunque la senadora Luz Ebensperger (UDI) advirtió que alteraba la subrogancia natural en la CGR. “Se tuerce la mano a toda nuestra legislación […] Eso me parece que vulnera la normativa legal vigente”, dijo al fundamentar su voto en contra, en el que fue acompañada por sus correligionarios Juan Antonio Coloma y José Durana, además de Juan Castro (RN).

Los propios senadores destacaron que quien criticó con mayor fuerza este cambio fue Ximena Rincón (DC), quien señaló que una ley transitoria como el reajuste no debía modificar una ley de cuórum, por el precedente que implicaba que que en el futuro se podrían modificar con leyes simples otras estructuras cuya organizaciones están en leyes orgánicas constitucionales, como la Fiscalía Nacional Económica. Con todo, la senadora no votó en la Sala al haberse pareado con Alejandro Guillier (Indep.)

Problemas de fondo

Hay dos temas de fondo que dividen a los especialistas: el carácter del cambio y el cuórum que requería.

Desde la CGR y Hacienda insistieron en que el cambio en la subrogación es lo que ocurre en toda la administración; es decir, que la máxima autoridad elige quién lo reemplaza en vacaciones y ausencias. Pero el artículo 73 del Estatuto Administrativo precisa que la subrogación debe asumirla el funcionario de la misma unidad que siga en el orden jerárquico, y en el artículo siguiente establece que solo en casos excepcionales (cargos de exclusiva confianza o que exista en la unidad alguien que reúna los requisitos) puede saltarse esta norma.

“Claramente la subcontralora no es personal de confianza, como lo ratificó la Corte Suprema, y sí cumple todos los requisitos formales para subrogar”, explicó un abogado que pidió reserva de su nombre, ya que tiene un litigio con la CGR.

Respecto del cuórum, la abogada y exsubsecretaria de Hacienda, Macarena Lobos, recuerda que en el artículo 99 de la Constitución se establece que la organización, el funcionamiento y las atribuciones de la CGR serán materia de una ley orgánica constitucional (LOC), “por lo que la norma incluida en la ley de reajuste, que modifica diversas disposiciones de esa LOC alterando las actuales normas de funcionamiento, debió haber sido calificada como materia de LOC, ser aprobada con dicho cuórum e ir a control preventivo al Tribunal Constitucional (TC)”.

En el informe de la Comisión de Hacienda, y en los sucesivos pasos legislativos, se precisó que la ley de reajuste no contenía normas de cuórum. “Para nosotros está dentro de las ideas matrices que el Gobierno quiso legislar. Nos parece que es una norma interna de la CGR que no afecta su esencia, sino que es una cuestión netamente de subrogación y así se vio en la Cámara y el Senado. Por lo tanto, no hay cuestión de fondo”, afirmó a PAUTA el secretario de la Cámara de Diputados, Miguel Landeros.

Añadió que la ley de reajuste “es la última ley miscelánea que está quedando”, donde se tratan diversas normas. “Si alguien tiene dudas respecto de cómo las comisiones de la Cámara y el Senado las calificaron de ley simple tendrá que ir al TC”, subrayó.

PAUTA tomó contacto con el abogado de Dorothy Pérez, Ciro Colombara, para consultar su opinión sobre este cambio en la subrogación, pero dijo que prefiere no referirse al tema.