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Convención: la norma que consagra el derecho a la libre iniciativa económica no pasa el cedazo

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PAUTA -FROJAS
POR Sofia del |

La propuesta de la derecha fue rechazada por 15 votos en contra y cuatro a favor. El principal argumento es que plantea un Estado subsidiario.

La Comisión de Medio Ambiente y Modelo Económico de la Convención Constitucional tuvo este miércoles 26 de enero un trabajo intenso en votaciones en general. El objetivo es terminar esta primera etapa y proceder posteriormente a debatir las indicaciones de las iniciativas aprobadas. 

En concreto, los convencionales deliberaron y votaron sobre iniciativas que perfilan el modelo económico que se buscará plasmar en la nueva Constitución. Los constituyentes de derecha presentaron una norma para “consagrar el derecho a la libre iniciativa económica y empresarial, y promover la competencia”, la cual finalmente fue rechazada por 15 votos en contra y cuatro a favor. 

Esta propuesta proponía, entre otras, un articulado que consagrara expresamente el derecho a desarrollar cualquier actividad económica, “teniendo como limites la moral, el orden público, la seguridad nacional, el desarrollo sostenible; y que esta puede ser regulada por la ley”.

Además, la propuesta de norma sostenía que “la economía de la República de Chile tendrá su base en los principios de la Economía Social de Mercado, garantizando la propiedad privada, la libertad económica, el rol subsidiario del Estado, la libre competencia y la libertad individual para desarrollar cualquier actividad económica que no esté prohibida por las leyes”.

Pero esta norma no contó con el respaldo necesario de los miembros de la Comisión. La convencional Carolina Vilches (MSC) dijo que la iniciativa se rechazó porque “definitivamente plantea un Estado subsidiario. Nosotros consideramos que debemos instalar un modelo de cooperación y de colaboración, no dejando al mercando esta forma de convivencia”.

Para la convencional de escaños reservados Isabel Godoy (Colla), la iniciativa presentada por Harry Jürguensen (RN) “no resuelve los problemas de la gente”. Argumentó también que “es más de lo mismo, 40 años con la misma Constitución” y que “esta norma es un reflejo del Estado subsidiario”. En una línea similar se pronunció la coordinadora de la Comisión, Camila Zárate (Pueblo Constituyente), quien durante la deliberación indicó “esta iniciativa representa los valores por los cuales nos hemos movilizado en contra todos estos años y nos trajeron acá. Profundiza un modelo que está agotado”. 

Para uno de los que apoyó esta norma, el convencional Rodrigo Álvarez (UDI), el rechazo a esta iniciativa es “una muy mala señal” que espera que se revierta en el pleno de la Convención. “Se rechazó una norma que contenía tres principios que creemos esenciales para la nueva Constitución: la libertad económica, la libre competencia y la posibilidad del Estado de desarrollar actividades empresariales, las que forman parte de las normas propias del orden público y económico”, detalló Álvarez. 

Los reparos de la derecha 

Luego de ser rechazada, fue el turno de deliberación y votación de una iniciativa liderada por la convencional Ivanna Olivares (Ind): “Deber del Estado respecto a las actividades económicas y empresariales de los particulares”. 

Luego de una intensa discusión, la norma fue aprobada en general por un amplio margen (15 a favor y 4 en contra), lo cual causó la molestia de los sectores de derecha. Esto, según Álvarez, porque la propuesta tiene una visión “bastante limitada”. “Ve (solo) algún aspecto de la actividad económica, como la economía familiar. Nosotros creemos que en la Constitución deben haber principios, y un principio clave para el desarrollo económico es la libre competencia y otro es la libertad económica de emprender”. 

Durante la etapa de deliberación, el convencional Bernardo Fontaine (Ind-RN) calificó esta iniciativa aprobada como “experimental”, argumentando que no se ha aplicado en ninguna parte del mundo. Y agregó: confunde lo que son políticas públicas con una Constitución.

Según explicó Olivares, la norma aprobada tiene relación la creación de un nuevo modelo económico que va a estar sustentado en el “buen vivir”. “Y a partir de este principio es que estamos planteando cómo el Estado va a tener el deber de estar limitando las actividades empresariales a través de, por ejemplo, el respeto irrestricto a la naturaleza, el respeto a los derechos humanos y de los pueblos originarios”, comentó la convencional.

La constituyente Olivares agregó que “estas propuestas tienen que ver con una justicia en torno a una gran concentración de la actividad empresarial; tenemos que generar las bases para una buena distribución”.

Durante la sesión, también se aprobó otra norma presentada también por Ivanna Olivares, la cual busca establecer deberes del Estado para el desarrollo de la protección de la micro, pequeña y mediana empresas”. “El Estado debe velar por el desarrollo y protección de la micro, pequeñas y medianas empresas mediante la creación de la ‘Defensoría de las Mipymes’, la cual tiene por objetivo velar y defender los intereses de las empresas de menor tamaño en los ámbitos, legales, financieros, económicos, tecnológicos, laborales y tributarios” dice el primer artículo de la norma.