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Norma que busca terminar con concesiones en "territorios indígenas" inquieta a empresarios

La Comisión de Medio Ambiente y Modelo Económico aprobó en general la norma que anula cualquier permiso de exploración y explotación en zonas ancestrales.

La norma establece

Pixabay

Por Sofía del Río R

Miércoles 26 de enero de 2022

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"Con esta iniciativa que hemos presentado pretendemos avanzar en una demanda histórica planteada desde los pueblos originarios, especialmente lo que dice relación con la restitución de los derechos territoriales" señaló la convencional de escaños reservados, Natividad Llanquileo (Mapuche), luego de que la Comisión de Medio Ambiente y Modelo Económico aprobara en general la norma sobre los "Derechos de los Pueblos y Naciones Preexistentes a la tierra, territorio, recursos y bienes naturales".

Específicamente, lo que aprobó en general la Comisión son dos artículos transitorios, que establecen "la nulidad de pleno derecho de todos aquellos permisos, autorizaciones o concesiones de exploración y explotación mineras, áridos, aguas y cualesquiera otros del mismo tipo que recayeren sobre bienes naturales ubicados en territorios indígenas".

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La Convención da inicio al proceso de Consulta Indígena con ajustado cronograma

La primera etapa, mayormente informativa y de difusión, se extenderá hasta el 14 de febrero. A partir de esa fecha comenzarán los encuentros territoriales.

Además, la iniciativa contempla que dentro de los cinco primeros meses posteriores a la entrada en vigencia de la Constitución, "el Gobierno de Chile deberá constituir y financiar una comisión especial, plurinacional y paritaria, encargada de desarrollar e impulsar las bases de una política de saneamiento, catastro y restitución de las tierras, aguas, territorios indígenas históricos y espacios sagrados". 

La aprobación no fue bien recibida por todos los miembros de la Comisión. "Lo que se aprobó es una locura. Se pretende que no se puede reclamar a ningún tribunal en Chile por todas las concesiones mineras, forestales, pesqueras e hidroeléctricas en todo el país", dijo el constituyente de la UDI, Pablo Toloza. Sobre el concepto "territorio indígena", Toloza indica que "Chile entero fue un territorio indígena, por lo que todas las concesiones serán caducadas. Acabamos de aprobar la cesantía y la quiebra del país". 

Su par Rodrigo Álvarez (UDI) también se mostró crítico a la aprobación de esta norma. "El punto jurídico es equivocado. Una Constitución no puede caducar de pleno derecho todo permiso y concesión dada por el Estado de Chile a través de procesos varios", aseguró el exministro. Sobre el futuro de esta iniciativa -la cual todavía debe pasar por la Comisión de Derechos Fundamentales y recibir indicaciones para ser votada en particular-, Álvarez espera que "el Pleno la rechace, porque la Convención tiene límites que da el derecho y una estructura jurídica de años". 

Preocupación de los gremios 

Pero no solo fueron los convencionales de derecha quienes mostraron reparos tras la aprobación de esta norma en la Comisión de Medio Ambiente y Modelo Económico. Varios de los gremios cuyos asociados se podrían ver afectados cuestionaron la iniciativa.

El presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Juan Sutil, dijo que le parece "incorrecto, inadecuado e infundado". "Es una mala señal y la Convención no puede actuar de esta forma", señaló, aunque cree que esta norma será rechazada en el Pleno. "Los recursos naturales son del Estado, de todos los chilenos, y el Estado decide cómo se concesionan. Esta norma es no entender el Chile que queremos construir" puntualiza Sutil.

Para el presidente ejecutivo del Consejo Minero, Joaquín Villarino, "hay que esperar las decisiones que tome el Plenario de la Convención, donde esperamos que imperen mayores cuotas de sensatez". Asimismo, aseguró a PAUTA que este tipo de iniciativas de norma llevan a pensar que hay convencionales que no son conscientes de la oportunidad histórica que tienen en sus manos. "Es una oportunidad única para asentar las bases para un país que conjugue la sustentabilidad con la economía y el medio ambiente", aseveró.

Para el expresidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Patricio Crespo, "ningún permiso, autorización y concesión administrativa debiese poder ser anulado por la Constitución. Algunos de ellos pueden ser derechos adquiridos por sus titulares y no me parece que la Convención pueda por sí decretar sus nulidades". En la misma línea, el actual presidente del gremio agrícola, Cristián Allendes, afirmó a PAUTA que las implicancias que podría tener una medida como la propuesta "serían gravísimas para el sector agrícola, rural y también la economía del país. Tanto las ciudades como los sectores rurales basan gran parte de su economía en la agricultura exportadora, que se ha desarrollado en terrenos adquiridos de forma regular y en Estado de Derecho".

Además, Allendes complementó con una mirada social: "la agricultura ha dado múltiples beneficios a los trabajadores y su entorno. Por ello, esperamos que la propuesta de la comisión sea replanteada o rechazada por la mayoría de los convencionales que están velando por un país que tenga progreso".

El presidente de la Corporación de la Madera (CORMA), Juan José Ugarte, comentó a PAUTA que para el gremio el tema de los pueblos originarios es de suma importancia en el proceso constitucional. Por lo mismo están muy atentos e interesados en colaborar con la Convención. Sin embargo, sostuvo que espera que esta propuesta "pueda ser mejorada de manera sustantiva en la discusión futura con participación de todos los actores antes de su ingreso al Plenario. Por ejemplo, es básico y relevante entregar certeza jurídica y permitir un proceso razonable que se identifique de manera clara y precisa quiénes son los beneficiarios partícipes del proceso, que se exijan los antecedes válidos dentro de nuestro marco jurídico, porque si partimos de un vacío o incerteza, toda esta conversación puede llegar a ser insalvable".

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