Los motivos del renovado rechazo de la Cancillería al Acuerdo de Escazú

El plazo final para la entrada en vigencia del tratado vence el 26 de septiembre. Chile ha dicho que “no es conveniente” suscribirlo.

Cuatro días antes del vencimiento del plazo para la entrada en vigencia del Acuerdo de Escazú, el Gobierno presentará los antecedentes finales que sustentarán la decisión de por qué no lo firmarían en esta oportunidad. La fecha límite para la entrada en vigencia del tratado que Chile lideró junto a Costa Rica desde el inicio de su tramitación, en 2012, se cumple este 26 de septiembre.

El ministro de Relaciones Exteriores, Andrés Allamand, confirmó que el 22 presentará ante las comisiones de Medio Ambiente y Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados el informe que hoy se encuentra en su “etapa final” y que abordaría punto por punto el estudio que el Ejecutivo realizó para tomar la decisión sobre la conveniencia de la suscripción.

La puerta quedó más cerrada que abierta. El canciller afirmó esta semana que el contenido del tratado no es favorable para Chile. Lo mismo contestó este miércoles en la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara, donde leyó de forma textual la frase que utilizó el martes en la comisión de RR. EE. del Senado: “La posición del Gobierno no ha cambiado. El acuerdo, en opinión del Gobierno y como está planteado, en sus actuales términos, es inconveniente para Chile”.

Los antecedentes del acuerdo

El acuerdo define entre sus objetivos el garantizar la implementación en América Latina y el Caribe los derechos de acceso a la información ambiental, la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y el acceso a la justicia en asuntos ambientales. Si bien las negociaciones partieron en 2014, bajo el gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet, el origen del acuerdo data de 2012, posterior a la Cumbre de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, Río + 20, y durante el primer mandato del Presidente Sebastián Piñera. En 2014, Chile y Costa Rica asumieron la presidencia de la comisión que se encargó de las negociaciones para concretar el tratado.

En 2018, al momento de firmar, Chile postergó su determinación a solicitud de la Cancillería, que informó que se encontraba revisando qué efectos tendría en cuanto a los mecanismos de reclamación internacionales, al mismo tiempo que el país atravesaba el proceso de la demanda de Bolivia ante La Haya.

Para entrar en vigor necesita de la ratificación de 11 países firmantes. Hasta hoy, 22 han firmado y solo nueve han ratificado, antecedente que el ministro Allamand reconoció estar tomando en cuenta para el análisis del Gobierno. Según planteó, que solo nueve de 22 hubieran ratificado el compromiso demuestra que es un tratado que hoy “muchos países” están revisando.

Las razones para no firmar

¿Qué están revisando? A juicio del Gobierno, los puntos problemáticos son cuatro. Primero, el “alcance interpretativo de algunos principios del tratado”. Esto, porque en el tercer artículo del documento se establecen nueve principios bajo los que se regirán los países que suscriban el acuerdo, pero “no hay una definición exacta de qué debe entenderse de cada uno de los principios que se consignan”, explicó el ministro. 

En segundo lugar, el canciller nombró el artículo 5° de la Constitución. Esa disposición determina que el tratado se incorporaría a la legislación con un “rango jerárquico mayor” y que primaría sobre la legislación corriente. Por lo tanto, indicó, están estudiando dónde podrían producirse modificaciones de las normas actuales producto de lo que plantea el acuerdo.

Como ejemplo, nombró la obligación que mandata el tratado sobre garantizar el derecho a toda persona a vivir en un ambiente sano. “Ese concepto no es necesariamente idéntico al que establece la Constitución, que es establecer el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación. Estamos calibrando en esta etapa cuál puede ser el alcance que tendría esa modificación. ¿Se debe entender que se modifica la Constitución en un ámbito tan medular como este?”, preguntó Allamand.

En tercer lugar, el Gobierno está revisando las obligaciones y compromisos que el país asumiría con la suscripción del tratado. Por ejemplo, precisar qué es una “cualidad ambiental” cuando el documento dicta que el Estado asegurará que los consumidores y usuarios cuenten con información sobre las cualidades ambientales de bienes y servicios y sus efectos en la salud.

Y por último, uno de los puntos más polémicos. De acuerdo con lo que plantean desde el Gobierno, firmar el Acuerdo de Escazú “podría conducirnos a la Corte Internacional de Justicia”, afirmó el secretario de Estado. La argumentación detrás de aquel punto es que los otros dos suscriptores del Pacto de Bogotá que comparten límites con Chile -Perú y Bolivia-, podrían tener alguna diferencia de interpretación de lo que señala el tratado y por ello existiría la posibilidad de que concurrieran a La Haya. Justo como lo anunciaron en septiembre de 2018, al posponer la firma.

Las críticas

En teoría, el Ejecutivo no negó que suscribiría el tratado, pues el canciller Allamand recordó que el firmarlo ahora no tenía ningún efecto más que pertenecer al grupo original de participantes y que Chile aún podría sumarse después sin problema, lo mismo que argumentó el ministro vocero de Gobierno, Jaime Bellolio.

Pero para sumarse, el Gobierno apunta a que el acuerdo tendría que contemplar una enmienda en el futuro que corrigiera los puntos por los que están alegando, dado que el documento actual no acepta reservas y las “declaraciones de intenciones” no tienen un efecto concreto sobre lo acordado.

Mientras, la resolución del Ejecutivo reavivó el malestar que desde el mundo social y político de la oposición habían manifestado en 2018. En la comisión de RR. EE. del Senado, Ricardo Lagos Weber (PPD) afirmó que “más temprano que tarde Chile va a suscribir y ratificar ese tratado, eso se lo garantizo”. En la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara, los diputados Félix González (Ecologista Verde), Catalina Pérez (RD) y Ricardo Celis (PPD) se sumaron a las críticas. Este martes, de hecho, 12 partidos, desde el PC hasta la DC, firmaron una declaración conjunta solicitando que el Gobierno firmara.

“Hasta ahora el Gobierno no ha entregado ninguna razón plausible para restarse, solo excusas, haciendo tambalear la entrada en vigencia del mismo. Es vergonzosa la estrategia con que el Gobierno evita la firma del Acuerdo de Escazú, eludiendo su responsabilidad y el cumplimiento de acuerdos, tan distante de la política exterior que ha caracterizado a Chile”, se lee en el texto.

El “hijo de” la gestión de Marcelo Mena

Al rechazo de la determinación se sumaron quienes participaron de la confección del mismo tratado durante el gobierno de Bachelet. Escazú fue “un hijo” de la gestión del exministro de Medio Ambiente Marcelo Mena, quien critica que algunas de las razones que se esgrimen hoy para no sumarse a Escazú son las mismas que en 2018 y que no ha existido en dos años un informe jurídico que exponga las falencias a las que el Ejecutivo hace referencia.

“Aparte de lo inverosímil de los argumentos, que serían justificables en septiembre del 2018, dos años después es poco serio no tener un informe objetivo y tampoco se ha hecho el análisis como corresponde. ¿Qué estuvo haciendo la Cancillería en estos dos años? ¿Estuvo simplemente dando opiniones o analizó esto jurídicamente?”, responde Mena a PAUTA.

De hecho, a principios de agosto, la abogada y exjefa de asuntos internacionales del Ministerio del Medio Ambiente bajo la dirección de Mena, Constance Nalegach, dirigió un análisis jurídico de los argumentos que hoy se utilizan para posponer la firma.

Por ejemplo, allí se afirma que la idea de que los países vecinos podrían demandar a Chile ante la Haya no se sostiene jurídicamente porque, entre otras cosas, el acuerdo “explicita el principio de soberanía permanente de los Estados sobre sus recursos naturales, así como el principio de la buena fe”.

Además, que Escazú contempla “solo la opción, no la obligación, de recurrir a la Corte Internacional”, por lo que la corte no tendría competencia para “conocer de conflictos por el Acuerdo de Escazú, a menos que Chile decidiera entregarle tal competencia”.

“Junto con Cuba y Venezuela”

También aborda lo que la ministra del Medio Ambiente, Carolina Schmidt, respondió en 2018 en cuanto a que que Chile ya cumpliría con los estándares del acuerdo. Pero recuerdan que en los episodios de contaminación en Quintero y Puchuncaví “la Corte Suprema no logró condenar a las empresas contaminantes porque faltó información, y por ello condenó a varios organismos del Estado estableciendo la violación de los derechos fundamentales de las personas por su omisión ilegal de proveer la información ambiental”.

Según lo que comenta Mena a PAUTA, el problema es que no hay hoy resguardos especiales para los defensores ambientales y el acceso a la información existe vía Ley de Transparencia, pero es transparencia pasiva y no activa. Además,  el punto central es el de la participación ciudadana, consagrada en Escazú y que hoy está en la ley pero “dado la cantidad de proyectos judicializados por la ausencia de participación ciudadana, nos damos cuenta de que no se está cumpliendo”, suma el exministro.

“Fuimos capaces de concitar el apoyo de los países más complejos, las cancillerías más conservadoras y hoy estamos parados en lo que es participación ciudadana y transparencia, junto con Cuba y Venezuela”, cuestiona.