Mi Constitución en 60 palabras: la protección de la salud
Candidatos del Distrito 2 (Tarapacá) plantearon sus propuestas para perfeccionar el texto actual, incluyendo las prestaciones públicas y privadas.
Una de las tareas que tendrá la Convención Constitucional es definir si habrá alguna modificación o se mantendrá tal como está el “derecho a la protección de la salud” que establece la actual Constitución.
La Carta Magna dice hoy en su artículo 19°, numeral 9, que “el Estado protege el libre e igualitario acceso a las acciones de promoción, protección y recuperación de la salud y de rehabilitación del individuo” y que es deber preferente del Estado “garantizar la ejecución de las acciones de salud, sea que se presten a través de instituciones públicas o privadas, en la forma y condiciones que determine la ley, la que podrá establecer cotizaciones obligatorias”. Por último, el texto consagra el derecho personal a elegir el sistema de salud al que un individuo desee acogerse, privado o estatal.
Las definiciones del texto chileno son similares a las que entrega la Constitución española en su artículo 43°, pero difieren del contenido de la Carta Fundamental colombiana, que dice “la atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado. Se garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud”.
PAUTA consultó sobre sus preferencias a varios candidatos del Distrito 2, quienes debían responder en un máximo de 60 palabras la siguiente pregunta:
“¿Qué visión tiene sobre el derecho a la protección de la salud establecido en la Constitución?”
Camila Castillo (31), abogada. Candidata de Apruebo Dignidad.
“Actualmente no tenemos regulada la salud como un derecho social ni se encuentra garantizada, ya que solo protege la libertad del individuo para elegir el sistema de prestación. Desde Revolución Democrática proponemos la creación de un Seguro Nacional de Salud, de administración estatal, para poder tener un sistema de salud más justo. Así las aseguradoras privadas pasarían a cumplir un rol solo complementario y en ningún caso sustitutivo o duplicativo”.
Mauro Grimaldos Valenzuela (42), dirigente de la CUT de Iquique, egresado de derecho. Se define como un “incansable luchador por los Derechos de los Trabajadores”. Lista Autonomía Social y Sindical Tarapacá.
“La Constitución vigente determina que al Estado solo le corresponde la obligación de garantizar el acceso libre e igualitario a dichas prestaciones. Pero exime al Estado de realizar la tarea fundamental para la efectiva realización de dicho derecho: implementar políticas públicas que permitan a los/as ciudadanos/as gozar de prestaciones de salud gratuitas y de calidad, por cuanto urge la consagración de este derecho fundamental a través de una nueva Constitución”.
Olivia Carvajal (65), profesora de Filosofía, dirigente gremial, académica de la Universidad Arturo Prat, doctora en Educación y terapeuta gestalt. Candidata de la lista Nobles Hijxos de Tarapacá.
“La Constitución no garantiza la salud como bien público, sino sólo el acceso de quienes pueden pagarla, y que los privados puedan vender prestaciones al Estado, desmantelando la salud publica en beneficio de la privada. Tampoco reconoce modelos de salud distintos del médico. Una nueva Constitución debe garantizar una salud de calidad, la formación de sus profesionales y el reconocimiento de modelos alternativos, como los de pueblos originarios”.
Julia Annabella Guisa (65), trabajadora social y feminista. Desde hace 25 años se dedica al trabajo con mujeres que sufren violencia de género en Tarapacá. Candidata de la Lista del Apruebo.
“La actual Constitución no garantiza de forma real el derecho a la salud. Una nueva Constitución debe incorporar la salud como un derecho esencial, donde el Estado garantice su acceso en toda forma y etapas de la vida de las chilenas y chilenos, desde el nacimiento hasta la muerte. El Estado tiene la obligación de defender el capital social y humano protegiendo la salud de la población”.
Felipe Hubner (32), abogado de la Universidad Católica de Chile y magíster en Derecho de la Universidad de Harvard. Es profesor de Derecho en la Universidad Católica. Candidato de Vamos por Chile.
“Creo que hoy existen falencias, principalmente en el sector público, derivadas de su ineficiencia y excesivo centralismo. Lo primero se soluciona con una modernización del Estado, eliminando la burocracia y con incentivos a los funcionarios para atender realmente las necesidades de las personas. Contra el centralismo deben otorgarse mayores recursos a las regiones para dar soluciones más focalizadas y rápidas a la comunidad local”.
Nota metodológica: este artículo forma parte de una serie que PAUTA está realizando en todos los distritos del país. A cada distrito le fue asignada aleatoriamente un pregunta y el contacto con un candidato de cada lista inscrita en esa zona. Los representantes seleccionados discrecionalmente recibieron la misma pregunta y tuvieron igual plazo y extensión para responder (o fue editado para ajustarse al máximo de 60 palabras). Cuando un candidato estuvo inubicable u optó por no responder, se pasó al siguiente postulante. En ciertos distritos hay más de un candidato consultado por listas con mayor representación parlamentaria.