Mi Constitución en 60 palabras: la libertad de emprender
Los candidatos del Distrito 4 (Atacama) contestaron sobre cómo debería consagrarse en la nueva Carta Magna el derecho a desarrollar cualquier actividad económica.
Un par de semanas atrás, una candidata de Vamos por Chile compartió a través de sus redes sociales una propuesta para la nueva Constitución, que establecía el derecho a desarrollar cualquier actividad económica “sin limitaciones fundadas en lo moral, el orden público y la seguridad nacional”.
Luego la retiró, por tratarse de un error, según explicó, pero abrió el debate sobre el tema, llevando a que se pronunciaran diversos candidatos sobre la materia. Actualmente, la Carta Magna indica lo contrario, pues el artículo 19, numeral 21, especifica que el derecho a desarrollar cualquier actividad económica está limitado a no ser “contrario a la moral, al orden público o a la seguridad nacional”.
Un par de datos: entre mayo de 2013 y agosto del 2020 se constituyeron en Chile 592.902 empresas y sociedades, lo que dio un promedio de 221 nuevos emprendimientos diarios.
PAUTA consultó sobre sus preferencias a candidatos del Distrito 4 (Alto del Carmen, Caldera, Chañaral, Copiapó, Diego de Almagro, Freirina, Huasco, Tierra Amarilla y Vallenar), quienes debían responder en un máximo de 60 palabras el siguiente enunciado:
“El artículo 19, número 21 de la Constitución consagra “el derecho a desarrollar cualquiera actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional, respetando las normas legales que la regulen”. ¿Qué opina?”
Flavia Torrealba Díaz (53), profesora de historia y geografía. Diplomada en teoría de sistemas y magíster en ciencia política. Candidata de Apruebo Dignidad.
“El derecho de propiedad debe tener limitaciones, normas claras que regulen las relaciones con los bienes nacionales de uso público, los bienes de la propiedad estatal y los bienes comunes. Especial atención sobre el agua, recursos mineros, pesqueros, la biomasa en general y recursos que originan energías renovables. Se debe considerar la función social de la propiedad, pero debe vincularse a todas las normas que den sentido a esa función”.
Constanza San Juan Standen (35), licenciada en historia de la Universidad de Chile y activista socioambiental. Candidata de la Asamblea Constituyente Atacama.
“Nuestra experiencia en la alta cordillera del Valle del Huasco es prueba clara de cómo ese derecho vulnera a personas y comunidades y daña gravemente el medioambiente, agua, glaciares y salud. La actividad económica debe tener su límite en los derechos humanos y en los de la naturaleza. No podemos seguir depredando y destruyendo la naturaleza como si esta fuera ilimitada, porque no lo es”.
Guillermo Namor Kong (24), egresado y ayudante de catedra en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y voluntario en la defensa de DD.HH. Candidato de Independientes por la Nueva Constitución.
“¿Quién define la moral imperante? ¿Qué es el orden público? ¿Y quién resguarda la seguridad nacional? Este artículo base del estado subsidiario y tutelado con el recurso de amparo económico es la expresión de la influencia del iusnaturalismo en los redactores de la Constitución de la dictadura. ¿Por qué promover lo privado apelando a la seguridad jurídica cuando esto debiese ser un problema de eficiencia y libre competencia?”.
Rodrigo Pérez Lisicic (48), abogado; profesor de derecho constitucional y de teoría del Estado en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales en la Universidad de Atacama. Candidato Independiente.
“El artículo 19 Número 21 es una de las manzanas de la discordia en la contienda constitucional, tal vez, la más importante, ya que impacta en el ejercicio de derechos y de bienes de naturaleza social como son la educación, salud, seguridad social y las aguas interiores. Es momento de equilibrar la balanza de la relación estructural ‘Estado y sociedad civil’: Estado social y democrático de Derecho o Estado solidario”.
Octavio Meneses (63), cineasta y gestor cultural de larga trayectoria, ha realizado películas y documentales poniendo en valor la identidad de la región de Atacama, según explicó. Candidato de la Lista del Apruebo.
“Los principios de libertad económica y no discriminación arbitraria tienen un valor democrático que se deben preservar. No obstante, deben también conciliarse con la debida actuación del Estado a través de sus órganos, cuando una decisión fundada en el interés del país o del bien común así lo requiera, evitando la cooptación del Estado y limitando las presiones corporativistas de algunos sectores productivos”.
Pamela Vargas Toledo (52), profesora de educación diferencial y directora. Dice llevar 30 años al servicio de la educación. Ecologista y defensora del territorio. Candidata del Partido Ecologista Verde.
“Este artículo es entendido desde la perspectiva de un modelo económico neoliberal extractivista con límites muy ambiguos. Desde la mirada ecologista sería preponderante discutir el hecho que cualquier actividad económica debiera tener como limitante el respeto, equilibro y preservación del medio ambiente al margen de otras consideraciones relacionadas y de manera capital no opcional”.
Cristina Bravo Bassi (34), abogada. Candidata de Vamos por Chile.
“La libertad económica debe ser consagrada y garantizada en esta nueva Constitución. La libertad es inherente al ser humano, y como tal, debe extenderse a sus actividades económicas. Este derecho permite que una familia prospere y permite sacar adelante a un país. La moral, el orden público, la seguridad nacional y el respeto a las normas, me parecen límites con sentido común, absolutamente coherentes con la esencia de este derecho”.
Nota metodológica: este artículo forma parte de una serie que PAUTA está realizando en todos los distritos del país. A cada distrito le fue asignada aleatoriamente un pregunta y el contacto con un candidato de cada lista inscrita en esa zona. Los representantes seleccionados discrecionalmente recibieron la misma pregunta y tuvieron igual plazo y extensión para responder (o fue editado para ajustarse al máximo de 60 palabras). Cuando un candidato estuvo inubicable u optó por no responder, se pasó al siguiente postulante. En ciertos distritos hay más de un candidato consultado por listas con mayor representación parlamentaria.