Política

La explicación del PC a la votación dividida que terminó con las asambleas regionales rechazadas

El PC, en específico, y Chile Digno en general, repartieron apoyos y rechazos en el Pleno a una propuesta central de la Comisión Formas de Estado.

Convencionales PC: Marcos Barraza y Hugo Gutiérrez

Agencia Uno

Por Sofia del Río R

Jueves 17 de febrero de 2022

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La expectación por la votación en general del miércoles en la noche en el Pleno era evidente: significaba el primer paso para transitar de un Estado Unitario a uno Regional. Pero más allá de esa definición, el artículo número 25, titulado "De la Asamblea Legislativa Regional", fue el que centró las negociaciones durante la jornada. 

Lo que este artículo buscaba era regular la Asamblea Legislativa Regional, entendida como "el órgano de representación popular, colegiado, autónomo, plurinacional y paritario, dotado de potestades legislativas, resolutivas y fiscalizadoras en el ámbito de sus competencias, en conformidad a la Constitución y las leyes".

Política

Pleno aprueba que Chile será un Estado Regional: así ocurrió

De los 36 artículos votados en la segunda jornada de sesión del Pleno, ocho fueron rechazados y entre ellos la Asamblea Legislativa Regional, que obtuvo 100 apoyos; esto es, tres menos del cuórum de 2/3.



Tras una estrecha votación, con 100 votos a favor -a solo tres para lograr los dos tercios-, y 51 en contra, fue rechazado. ¿Quiénes votaron en contra? La totalidad de los convencionales de derecha, el constituyente Renato Garín (ind), los miembros del Colectivo del Apruebo y cuatro integrantes de Chile Digno, específicamente del Partido Comunista. 

Que convencionales comunistas votaran en contra de aquel artículo no fue novedad. Ya que lo habían anticipado. Pero al final del día, las lecturas de los impulsores de esta iniciativa fue responsabilizar al PC dado que solo fueron tres votos los que los separaron de avanzar a la fase en particular. 

Y he ahí otro factor: no todos los integrantes del Partido Comunista votaron de manera uniforme, lo que llamó la atención en el ex Congreso Nacional. Marcos Barraza, Carolina Videla, Bárbara Sepúlveda y Valentina Mirada fueron los comunistas que se pronunciaron en contra de la iniciativa. Los constituyentes Hugo Gutiérrez y Ericka Portilla -también del PC- votaron a favor, por lo que la interrogante de si existía un quiebre de la colectividad surgió de inmediato. 

Otros miembros de Chile Digno, el colectivo donde está el PC en la Convención, también votaron divididos. Bessy Gallardo (PRO) y Roberto Celedón (Ind.) en contra, mientras que los tres militantes de FRVS lo hicieron a favor.

Presiones desde las regiones 

Pero los constituyentes comunistas afirman que no hay ningún "quiebre". Aseguran que el distinto criterio para la votación se explicaría por la presión que recibieron los convencionales desde las mismas regiones. 

El convencional Gutiérrez enfatizó que "como Chile Digno no hay ninguna diferencia respecto al Estado Regional y la existencia de Asambleas Legislativas Regionales". Planteó que las votaciones sobre la Asamblea Legislativa Regional se explicarían porque "hay diferencias sobre temas puntuales respecto a las facultades, y creo que ese punto se va a remediar con el transcurso de los días".

Ese "transcurso de los días" tiene una formalidad: la revisión del articulado rechazado en la comisión de origen (Forma de Estado), que deberá elaborar una propuesta de reemplazo.

Respecto su voto favorable a la creación de las asambleas legislativas, el convencional por Tarapacá precisó que cree que es importante que en las regiones exista un "contrapeso" al Poder Ejecutivo, representado por la figura del gobernador regional (gore). 

Por otra parte, Marcos Barraza dijo que la discrepancia nace de la "convicción de que no puede existir dualidad de legislaciones", y que "tener 16 asambleas legislativas más el Congreso Nacional evidentemente es colisión de poderes". Es similar a lo que manifestó la noche del mismo miércoles.

El convencional cree que entrar esta "potestad legislativa" significaría una "pérdida de la universalización de la política pública y del derecho social". 

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