Plebiscito: las indicaciones clave que ponen límite al financiamiento

Luego de varios días de negociación, este miércoles se presentaron las indicaciones que trabajó la mesa técnica convocada por el Senado para zanjar una propuesta que regule y limite el gasto y el financiamiento del Plebiscito. 

El tema complicaba tanto al Congreso como a La Moneda, pues no había una postura común; en especial, respecto de cómo se controlaría el financiamiento de los grupos de la sociedad civil que estuvieran por el Apruebo o el Rechazo.

Los abogados Gabriel Osorio (PS) -quien también negoció con el Ejecutivo la redacción de los ajustes para el Plebiscito seguro- y David Huina (RN), quienes fueron mandatados por el oficialismo y la oposición, acordaron que el límite del gasto electoral para cada partido político será el que resulte de multiplicar 0,010 UF por el número de electores habilitados a la fecha de convocatoria al Plebiscito. En el caso de los parlamentarios independientes y las organizaciones de la sociedad civil, el guarismo será de 0,0003 UF cada uno.

Para los partidos, el monto es equivalente a los montos permitidos en una segunda vuelta presidencial. En el caso de 2017, esto significó un tope de $3.769.918.359. 

Según la propuesta que llegó a la Comisión de Constitución del Senado, y que será debatida desde las 18:00 horas, los partidos no podrán recibir aportes de sus militantes por más de 500 UF (un poco más de $14.300.000). Para las personas no militantes, los aportes individuales no pueden superar las 300 UF; es decir, cerca de $8.600.000. Para las agrupaciones de la sociedad civil o a parlamentarios independientes, los aportes individuales tendrían un tope de 200 UF, equivalentes hoy a $5.733.670.

En las indicaciones, además, se propone que para la recepción de aportes y la realización de la propaganda electoral, cada organización tendrá "como único requisito el registrarse ante el Servicio Electoral, de acuerdo a las instrucciones que dicte para tal efecto". Sin embargo, este último punto ha generado dudas de algunos sectores del oficialismo, en especial de la UDI. 

Además, se especifica que todos los aportes serán públicos, con excepción de los aportes menores a 40 UF. Esto se equipara a las reglas que se aplican en una elección presidencial. 

La fórmula también prohíbe los aportes de personas jurídicas y cualquier donación desde el extranjero. 

Los partidos políticos, los parlamentarios independientes y las organizaciones que reciban aportes tendrán tres días para informarlos al Servicio Electoral (Servel), consignando el nombre completo y número de cédula de identidad del aportante, el que será publicado en el sitio web de dicho servicio y actualizado diariamente.

En el caso de la propaganda, en las indicaciones se aclara que "no se entenderá como propaganda electoral la difusión de ideas efectuada por cualquier medio, incluidos los digitales, o comunicaciones a través de páginas web, redes sociales, telefonía y correos electrónicos; realizadas por personas naturales en ejercicio de la libertad de expresión".

Pero, sí deja zanjada la propaganda pagada en plataformas digitales y propone que "los proveedores de medios digitales deberán remitir al Servicio Electoral, en virtud de los convenios que dicho servicio celebre con estos, la identidad y los montos involucrados de todo aquel que contrate propaganda electoral". Aclaran que esta información será publicada en la página web de dicho servicio, la que deberá ser actualizada diariamente.