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Provoste presenta programa de gobierno a casi dos horas de debate en televisión

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Agencia Uno
POR Mario Rojas |

“Bases Para la Unidad Programática de la Centro Izquierda” considera un Estado plurinacional y una reforma al sistema de pensiones que “respetará la propiedad privada de los ahorros”.

Este domingo 15 de agosto, seis días antes de la consulta ciudadana y casi dos horas antes del inicio del segundo debate de los candidatos presidenciales de Unidad Constituyente transmitido en horario prime en televisión, la presidenta del Senado, Yasna Provoste (DC), presentó en forma oficial su plan de gobierno denominado “Bases Para la Unidad Programática de la Centro Izquierda”.

En un documento de 131 páginas, la parlamentaria expone sus postulados divididos en seis ejes: reconstrucción para sanar; modelo socioambiental de desarrollo económico justo; protección y oportunidades para un nuevo Chile; de buen vivir en comunidad; un Estado sustentable y eficaz; y un Chile inclusivo.

En el caso del plan transitorio de la reconstrucción para sanar se indicó una cifra concreta sobre su costo con cargo fiscal: en el rango de los US$ 4 mil millones a US$ 6 mil millones anuales durante un período de cuatro años. Y como mecanismos de financiamiento se explicó que serán el crecimiento extra de la recaudación por mayor actividad económica al prevenir costos de pandemia, además de la emisión de bonos verdes para repartir esta carga fiscal de manera sostenible en 25 años.

Previamente, en su presentación, y como prioridades, Provoste alude a enfrentar las secuelas de la pandemia con un plan de reconstrucción que incluya a las instituciones. Asimismo, asegurar un retorno seguro a clases; la recuperación de la inversión y el empleo; la transformación del actual sistema de pensiones; y el inicio de una reforma a la salud. “El buen vivir no es sólo el acceso a la vivienda. Es cuidado y protección del medio ambiente y de su biodiversidad. Es desarrollo equitativo e inclusivo. El buen vivir es transporte adecuado, bueno y a precio justo. Es ciudades y barrios integrados por la planificación. Es seguridad frente al delito. Es justicia asequible”, sostiene.

A lo anterior se suma el planteamiento de un Estado plurinacional; la transformación productiva en verde en sectores estratégicos y con un sello exportador. “El Estado dejará de ser un ente subsidiario para desempeñar un papel activo en el fomento del desarrollo productivo y en la provisión de bienes a las personas y hogares. Para ello precisamos hacer una reforma tributaria orientada a aumentar la carga efectiva de las rentas del capital, y un sistema tributario cuya progresividad financie bienes públicos productivos y transferencias sociales”, se añade.

También hay un guiño a la Convención Constitucional y su importancia para el país. “Este programa es transformador, tal como lo es el poder constituyente que hoy redacta una nueva Carta Fundamental cumpliendo el acuerdo suscrito a raíz del estallido social de 2019; y como lo es el mandato expresado en el plebiscito de 2020 y en las elecciones de 2021. Un Gobierno que acompañe este rumbo que ha emprendido nuestro país debe ser capaz de concretar transformaciones esenciales, y de hacerlo en paz”, indica.

Empleo, energía, viviendas y agua

En el tema del empleo, Provoste plantea fortalecer el subsidio al empleo femenino, con un Bono al Trabajo de la Mujer. Asimismo, facilitar el acceso a la educación parvularia, sin distinción de género de los padres; desarrollar programas de empleos de emergencia con sello verde y enfocados a la mitigación de desastres climáticos; e implementar programas de capacitación a trabajadores que han perdido sus empleos debido a la automatización de procesos y funciones. 

En Energía se alude a fomentar los programas de recambio de calefactores y aislación térmica de vivienda con un subsidio para la aislación térmica de viviendas con recambios a una tasa de 50 mil por año, generando importantes fuentes de empleo. También se proyectan 400 mil nuevas viviendas sustentables y/o autoabastecidas de energía solar, y una ampliación de los subsidios de arriendo de clase media. 

Se suma el compromiso de un millón de techos solares, que ahorrarían $250.000 mil por año, en promedio, por hogar, sumando 1.6 GW de potencia instalada en techos, y generando un total de seis mil empleos por año.

El programa también anuncia que “el derecho al agua es un derecho humano fundamental”.

Pensión Básica Universal  

En tanto, en temas de minería habrá una reforma a la Enami. Y dada la actual emergencia climática “proponemos acelerar la meta de carbono neutralidad al 2040 impulsando una matriz energética 100% renovable al 2035”.

Asimismo, se proyecta un Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), “con participación temprana, y sin comité de ministros, a fin de despolitizar la decisión, radicándola en instancias técnicas”.

En el tema previsional se anunció una reforma que “respetará la propiedad privada de los ahorros acumulados por los chilenos y chilenas en sus cuentas de capitalización individual”. Esto último consideraría un esquema integrado y solidario; un esquema no contributivo (se financiará por el Estado, con cargo a rentas generales y contempla el otorgamiento de una Pensión Básica Universal que será equivalente, al menos, a la línea de la pobreza actual, y que irá aumentando progresivamente; un esquema contributivo obligatorio y de carácter mixto (se financiará combinando las contribuciones de seguridad social de trabajadores y empleadores). 

“Se propone mantener la actual cotización del trabajador e incorporar una nueva cotización obligatoria del empleador/a, que se implementará de manera gradual para llegar a un porcentaje que oscilará entre el 6% u 8%. Las precitadas cotizaciones se destinarán, en la proporción que determine la ley, a un componente de ahorro individual y a un componente de ahorro colectivo, el que considerará un componente solidario, tanto inter como intra generacional”, se explica.

También se considera un esquema contributivo voluntario (se financiará con cargo a los aportes voluntarios que efectúen los trabajadores/as, ya sea individual o colectivamente); y un sistema de pensiones público. Este último “contará con un gobierno corporativo colegiado, altamente calificado, que goce de la debida autonomía institucional, mediante el establecimiento de mecanismos idóneos y objetivos de nombramiento y cesación del cargo; con una duración que esté desacoplada del ciclo político y sujetos a un robusto régimen de transparencia y prevención de conflictos de intereses. Esta entidad estatal dará garantías de transparencia, gobernabilidad y que no lucre con los ahorros de los trabajadores y que abra la posibilidad de orientar un cierto porcentaje de las inversiones a proyectos nacionales emblemáticos que mejoren la productividad y entreguen nuevas oportunidades para nuestra sociedad, aunque siempre respetando la diversificación de los fondos de los trabajadores”.

Salud, seguridad y DD.HH.

Provoste anunció en Salud un sistema más equitativo que considera un Fondo Universal y Solidario de Salud, financiado en parte a través de las cotizaciones de todos los trabajadores, el aporte de las empresas privadas y gasto público; un Plan de Salud Universal, que asegure acceso equitativo y cobertura universal a servicios integrales de calidad, incluidos los medicamentos, sin discriminación de ninguna especie y que otorgue protección financiera a las familias; y la transformación en un Seguro Único Universal de Salud, con la modernización del Fonasa.

En el tema de la seguridad ciudadana, se indicá que “es fundamental contar con un plan de desarme e intervención en zonas críticas, donde también debemos prohibir toda arma en manos de civiles. Del mismo modo, consideramos esencial tener una fuerza de tarea nacional para reducir la violencia intrafamiliar y el maltrato a niños, niñas y adolescentes con objetivos y resultados medibles”.

“Es urgente que se realice una intervención civil a Carabineros y someter esta institución a profundas reformas, para crear una nueva policía, con comisarías abiertas al público, al servicio de la comunidad y de la protección de derechos esenciales”, se agrega.

A lo anterior se sumó la creación de policías descentralizadas a cargo de las gobernaciones regionales, “con el traspaso de competencias y recursos para enfrentar los temas locales de seguridad ciudadana”.

Mientras que en Justicia y Derechos Humanos: “Un nuevo pacto”. Y en política exterior la incorporación al Pacto Migratorio de Naciones Unidas, adhesión al Acuerdo de Escazú, y postulación para albergar como anfitrión la primera COP de Escazú (abril 2022). Además, la reducción del número de embajadores de exclusiva confianza, fortaleciendo la carrera diplomática; y el aumento de participación de mujeres en altos cargos de la cartera y apoyo a candidaturas de mujeres en instituciones internacionales.

En Defensa se plantea un Estado Mayor Conjunto (EMCO) como órgano asesor del mando civil. “El Jefe de Estado Mayor Conjunto será la principal autoridad militar del país. Como órgano asesor estratégico con presencia en el territorio nacional, será un gran articulador para la complementariedad del despliegue territorial, como asimismo el evaluador inicial de los procesos compartidos entre las tres ramas sobre necesidades de renovación de material”.